DOI 10.35381/cm.v10i1.1287
El derecho de la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social
The right to freedom of expression and the criminalization of social protest
Luis Josué Henríquez-Tubon
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-6326-5465
Gabriela Paulina León-Burgos
ua.gabrielaleon@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-3202-3499
Recibido: 20 de agosto 2023
Revisado: 25 de septiembre 2023
Aprobado: 15 de diciembre 2023
Publicado: 15 de enero 2024
RESUMEN
El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente el derecho de la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social. La presente investigación utilizó el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se empleó el método inductivo-deductivo. Se planteó además el método analítico-sintético. Se concluye que, en democracia y Estado de derecho, la acción de manifestar es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su influencia en el debate público y en la toma de decisiones gubernamentales. No obstante, es fundamental que las manifestaciones se realicen de manera pacífica y respetuosa, sin recurrir a la violencia o la destrucción de bienes públicos o privados.
Descriptores: Libertad de expresión; criminalidad; violencia. (Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The general objective of the research was to legally analyze the right to freedom of expression and the criminalization of social protest. This research used the quantitative method, which produces descriptive data, originating from data collection. Supported by the documentary-bibliographic review. In addition, the inductive-deductive method was used. The analytical-synthetic method was also used. It is concluded that, in democracy and the rule of law, the action of demonstrating is essential for the exercise of freedom of expression and citizen participation, allowing citizens to exert their influence on public debate and governmental decision-making. However, it is essential that demonstrations are conducted in a peaceful and respectful manner, without resorting to violence or the destruction of public or private property.
Descriptors: Freedom of expression; criminality; violence. (UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
En la sociedad contemporánea, donde la protesta social juega un papel fundamental en la expresión ciudadana y en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en diversos países se han observado intentos de criminalizar esta forma de manifestación, limitando así la libertad de expresión. Es importante analizar dicho contexto para comprender las motivaciones y los factores que contribuyen a la criminalización de la protesta social.
En Ecuador, las protestas se regulan mediante una combinación de la Constitución, leyes, reglamentos y decisiones judiciales. Aunque se garantiza el derecho a la protesta pacífica, la ley también establece límites y condiciones para su ejercicio. A lo largo de su historia, Ecuador ha experimentado varias protestas y paralizaciones que han sido resultado de diferentes conflictos sociales, políticos y económicos. A continuación, detallare algunos ejemplos que han marcado la historia del Ecuador y han sido muy notables.
Por otro lado, el derecho de la libertad de expresión es un principio fundamental que garantiza la facultad de expresar ideas y opiniones sin censura ni interferencias, tanto de forma verbal como escrita. Este derecho es esencial en una sociedad democrática, ya que promueve el intercambio de información, el debate público y la participación ciudadana en los asuntos de interés común (Serrano Maillo, 2021).
En este mismo orden, la regulación de la protesta social en Ecuador se ha establecido a través de varios instrumentos legales a lo largo del tiempo. Uno de los documentos más relevantes es la Constitución del Ecuador de 2008, que reconoce el derecho a la protesta pacífica como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse de manera responsable y respetando los derechos de los demás.
El derecho de la libertad de expresión se define como el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones ni interferencias. El alcance de este derecho abarca la libertad de opinión, el derecho a informar y ser informado, así como el derecho a la crítica y la expresión artística. Sin embargo, es importante destacar que este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a ciertas restricciones legales y constitucionales en determinadas circunstancias (Risso Ferrand, 2020).
En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente el derecho de la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas. (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).
RESULTADOS
Se muestra a continuación los resultados obtenidos.
El ejercicio del derecho de la libertad de expresión puede estar sujeto a limitaciones legales y constitucionales necesarias para proteger otros derechos y bienes jurídicos. Estas limitaciones deben estar establecidas por ley de manera clara y precisa, y deben ser proporcionales y necesarias en una sociedad democrática. Algunas de estas limitaciones pueden incluir la protección del honor y la reputación de las personas, la seguridad nacional, la prevención de la incitación al odio y la protección de la moral pública. Es importante que estas limitaciones no se utilicen de manera arbitraria o discriminatoria para restringir indebidamente el ejercicio legítimo del derecho de la libertad de expresión.
A lo largo de esta investigación se identificaron y análisis a diferentes normas, pudimos denotar diversos factores que podrían haber contribuido a la criminalización de las protestas en Ecuador. Entre estos se destacan las violaciones a las normas legales, el uso de la fuerza por parte de manifestantes o autoridades, la desobediencia a las órdenes de dispersión y la manipulación política o violencia por parte de grupos infiltrados. Estos factores podrían llevar a las autoridades a creer que las protestas ya no son pacíficas y legales, lo que podría dar lugar a medidas represivas y cargos penales contra los manifestantes.
Una posible solución para evitar la criminalización de las protestas en Ecuador es fomentar el diálogo y la participación de todas las partes involucradas. Aquí expreso algunas ideas que podrían plantearse como solución:
· Diálogo y mediación: Facilitar espacios de diálogo y negociación entre manifestantes, gobiernos y otros actores relevantes para abordar necesidades y preocupaciones de manera pacífica y constructiva. Una mediación neutral puede facilitar la comunicación y facilitar una solución de consenso.
· Prevención de la infiltración: Implementar mecanismos de prevención y monitoreo para detectar oportunamente instancias de posible infiltración de grupos violentos en las protestas y prevenir el desvío de objetivos legítimos de las manifestaciones.
· Transparencia y rendición de cuentas: Declarar a las partes interesadas, los hechos que se piden esclarecer o aclarar, de manera que teniendo las cosas claras o existiendo una transparencia en los hechos, no se puedan agolpar en contra del gobierno o el gobernador.
· Promoción de la cultura de la no violencia: Promover la educación sobre los derechos de cada una de las partes, ya que mayormente en parte de la población se puede denotar la ignorancia de su derecho a protestar, sus límites en la protesta, lo que debe o no hacer al momento de ejercer su derecho y la concienciación sobre la importancia de la no violencia como medio de expresión de la preocupación y de promoción del cambio social.
Cuando surgen casos en los que se criminalizan las protestas, es importante examinar cuidadosamente los hechos y respetar el derecho básico de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. La criminalización de las protestas indebidas puede verse como una restricción injusta de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. (2014), en 2020, el gobierno ecuatoriano presentó un proyecto de reforma al COIP que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión. Se argumentaba que algunas disposiciones en el proyecto podrían tener un impacto negativo en la libertad de expresión y criminalizar la protesta social.
Por otro lado, la libertad de expresión desempeña un papel fundamental en una sociedad democrática, ya que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de un debate público plural y diverso. Permite a los ciudadanos expresar y escuchar diferentes puntos de vista, lo que enriquece el proceso de toma de decisiones y promueve una mayor participación ciudadana. Además, la libertad de expresión es esencial para la rendición de cuentas de los gobiernos y la denuncia de abusos de poder. Asimismo, permite el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En resumen, la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y un elemento indispensable para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos (Gozálvez Pérez y Cortijo Ruiz, 2023; García Higuera, 2020).
En tal sentido, la criminalización de la protesta social se refiere al proceso mediante el cual se considera ilegal o se penaliza el ejercicio del derecho a la protesta por parte de los ciudadanos. Esta criminalización puede tener lugar a través de diferentes mecanismos, como la aplicación de leyes represivas o la utilización de fuerza excesiva por parte de las autoridades. Es importante destacar que la criminalización de la protesta social afecta la garantía de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, ya que limita la posibilidad de los ciudadanos de expresar sus opiniones y manifestarse de manera pacífica (Alvarado Alcázar, 2020; Caicedo Tapia, 2024).
Es importante recordar que el derecho a la manifestación pacífica está protegido en muchos países, incluido Ecuador, el expresar inquietudes el cual es un derecho fundamental de los ciudadanos. La criminalización de la protesta social puede ser resultado de diversos factores. Entre ellos se destacan la existencia de leyes restrictivas que limitan el ejercicio del derecho a la protesta, la falta de garantías judiciales para la protección de los manifestantes, la influencia de grupos de poder que buscan mantener el statu quo y la estigmatización de los movimientos sociales por parte de los medios de comunicación. Estos factores contribuyen a crear un ambiente adverso para la protesta social y promueven su criminalización.
DISCUSIÓN
El concepto de criminalización de la protesta social se refiere al proceso mediante el cual se considera la protesta como un acto delictivo o se tipifican delitos específicos relacionados con la manifestación pública. Existes diferentes tipos de criminalización, entre ellos se encuentran la criminalización formal, que se da cuando se promulgan leyes específicas para criminalizar y penalizar la protesta social, y la criminalización informal, que ocurre cuando las autoridades utilizan acciones represivas para desmotivar y desalentar la participación ciudadana en protestas (Alvarado Alcázar, 2020; Moreno et al., 2023).
En las manifestaciones ocurridas el 13 al 30 de junio del 2022, también conocidas como Paro Nacional de Ecuador en el año 2022, que fueron una ola de movilización a nivel nacional, iniciada por diversas organizaciones sociales, principalmente por la Federación de Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), contra las políticas de gobierno del presidente Guillermo Lasso, jefe de estado de ese momento. En democracias y estados de derecho, el derecho a manifestar es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su influencia en el debate público y en la toma de decisiones gubernamentales. No obstante, es fundamental que las manifestaciones se realicen de manera pacífica y respetuosa, sin recurrir a la violencia o la destrucción de bienes públicos o privados.
Este suceso acarreo varios momentos donde existió una criminalización de esta protesta social, en donde hubo una extralimitación al derecho de la protesta el cual nuestra norma suprema La Constitución del Ecuador, que nos otorga esa garantía a reunirnos libremente y manifestar nuestros derechos e ideales de manera pública, que es todo lo contrario a lo que se pudo visualizar en donde existieron daños a las propiedades tanto públicas como privadas, robos, la paralización del transporte público, llegando incluso hasta atentar un bien jurídico como lo es la vida de muchos ecuatorianos. Por ello, la criminalización de la protesta social tiene serias consecuencias en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, limita el ejercicio de la libertad de expresión, ya que se coarta la posibilidad de expresar opiniones contrarias al gobierno o a determinadas políticas. Además, afecta la libertad de reunión pacífica, al disuadir a las personas de participar en manifestaciones por temor a ser criminalizados. Asimismo, la criminalización de la protesta puede implicar el uso de violencia por parte de las autoridades, lo que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los manifestantes. Estas consecuencias vulneran los derechos fundamentales de manera significativa y atentan contra el ejercicio pleno de la democracia.
Las protestas cubiertas originalmente por la ley ecuatoriana podrían convertirse en delitos penales dependiendo de una serie de factores y circunstancias. Es importante recordar que la línea entre la protesta legítima y el comportamiento delictivo puede ser delicada y depende de la interpretación y el contexto. Algunos de los factores que pueden conducir a una condena por protesta son los siguientes: Violencia de grupos infiltrados y el uso de la fuerza: En ocasiones, las protestas pacíficas pueden ser infiltradas por individuos o grupos con motivaciones políticas, lo que provoca disturbios o violencia. Si se identifica a los responsables de la violencia, podría derivar en la criminalización de las protestas. Desobediencia a las órdenes de dispersión: Si las autoridades emiten órdenes legales para dispersar las protestas por razones de seguridad pública y los manifestantes ignoran esas órdenes, podría generar cargos penales y una desobediencia civil. Incumplimiento de normas legales: Si se producen violaciones de las leyes existentes durante una protesta, como vandalismo, destrucción de propiedad pública o privada, saqueos, barricadas violentas o cualquier otro acto que amenace la seguridad pública, las autoridades pueden considerar que la protesta ya no es pacífica ni legal, lo que tendría consecuencias y acarrearía sanciones.
Es importante recordar que el derecho a la manifestación pacífica está protegido en muchos países, incluido Ecuador, y expresar inquietudes y demandas es un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin embargo, este derecho debe ejercerse pacíficamente, respetando las restricciones legales y los derechos de los demás.
CONCLUSIONES
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Ambato, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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