INTRODUCCIÓN

El control constitucional es el pilar fundamental de un Estado de derechos y justicia, garantizando la supremacía de la Constitución y la salvaguarda eficaz de los derechos esenciales. Para Lustig y Weiler (2021), el control constitucional global ha evolucionado en tres olas principales, desmintiendo la idea de un progreso lineal:

· La primera ola se centró en las "revoluciones constitucionales" nacionales, estableciendo el control judicial de la constitucionalidad dentro de cada estado. Esto redefinió el equilibrio de poder interno al limitar legisladores y ejecutivos frente a la Constitución.

· La segunda ola vio el ascenso del derecho internacional, que fue reconocido como fuente superior. Tribunales nacionales e internacionales comenzaron a aplicar este derecho en su control constitucional, creando una interacción compleja entre normativas.

· La tercera ola es una respuesta a déficits democráticos y de identidad por la gobernanza transnacional. Aquí, tribunales nacionales gestionan el impacto del derecho internacional, y a veces intentan eludir los efectos de las olas previas.

En tal sentido, el control constitucional es un proceso dinámico y dialéctico, no lineal, influenciado por fuerzas nacionales e internacionales que constantemente lo reconfiguran. En Ecuador, la Constitución de la República de 2008 representó un hito, estableciendo un sistema de control constitucional sólido y sofisticado, con la Corte Constitucional como su máximo protector. Este sistema, creado para proteger la supremacía normativa de la Constitución y la implementación directa de sus estipulaciones, ha producido un efecto notable en la dinámica legal, política y social de la nación.

La naturaleza del control constitucional dentro del marco de un Estado de Derecho, subraya su función esencial para garantizar la supremacía de la Constitución como la norma fundamental (Villavicencio, 2022). Así mismo, el control constitucional es un mecanismo diseñado para neutralizar aquellas normas que carecen de validez, especialmente, aquellas que entran en conflicto con las disposiciones de la Constitución.

Desde la Constitución de 2008, el control constitucional en Ecuador ha experimentado una evolución significativa. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha reconfigurado las características y las reglas del sistema de control constitucional. Esta reconfiguración se ha dado en un contexto de un marco normativo impreciso, lo que ha permitido interpretaciones divergentes y ha otorgado un amplio margen de acción a la Corte (Saltos Orrala et al., 2023).

Por primera vez, la Corte Constitucional (CC) fue concebida como un órgano especializado e independiente de las demás funciones del Estado, marcando una evolución respecto a los Tribunales Constitucionales existentes en el siglo XX, cuya estructura y facultades no correspondían a una verdadera jurisdicción constitucional con plena autoridad (Gaibor Gallardo, 2020).

En esencia, Velázquez (2015) profundiza en cómo el sistema legal ecuatoriano, bajo la Constitución de 2008, ha institucionalizado y desarrollado herramientas específicas para asegurar la protección de los derechos a través de un robusto control de constitucionalidad, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y la primacía de los derechos fundamentales.

En tal sentido, la responsabilidad de la Administración Pública para llevar a cabo este control, implica una revisión constante de sus propias decisiones y procedimientos. Esto es vital para evitar vulneraciones de derechos y para promover una gestión pública que esté en sintonía con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos (Alderete, 2024).

La consolidación de un sistema de control de constitucionalidad robusto, como el implementado en Ecuador, reafirma el compromiso del Estado con la justicia y la primacía de los derechos fundamentales. Esto no solo se limita a la función de la Corte Constitucional, sino que se extiende a la responsabilidad de la Administración Pública. La exigencia de una revisión constante de sus propias decisiones y procedimientos por parte de la administración es fundamental para evitar vulneraciones de derechos y para fomentar una gestión pública que esté en plena sintonía con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. En esencia, un control constitucional eficaz es un pilar indispensable para la materialización de un auténtico Estado de derechos, donde la Constitución no sea meramente una declaración de principios, sino una norma viva y operativa que permea todas las esferas del quehacer público y privado.

En tal sentido, la investigación se justifica por la necesidad de evaluar la efectividad de las herramientas de control constitucional en la protección de los derechos y la estabilidad del ordenamiento jurídico, ofreciendo una perspectiva crítica sobre su evolución y su potencial impacto en la consolidación de un Estado democrático y social de derecho.

En este orden, se plantea como objetivo general analizar el control constitucional en Ecuador y sus implicaciones jurídicas actuales y futuras.

MÉTODO

La investigación se realiza desde una revisión bibliográfica y documental de análisis de contenido, por su eficacia en la síntesis de la amplia gama de literatura existente. La muestra de materiales revisados incluye: artículos científicos arbitrados, leyes, entre otros. El método utilizado se basa en la revisión documental exploratoria, que inicia con una búsqueda sistemática de documentos. El método seguido asegura el enfoque sistemático y riguroso para abordar el tema de estudio y proporcionar una base sólida para el análisis y la discusión, generándose un proceso analítico–reflexivo, contribuyendo a la generación de la extensión del estado del arte (Behar Rivero, 2018).

Este método, se fundamenta en una revisión sistemática de bibliografía, documentos y, el análisis de contenido, garantiza un entendimiento detallado y sólidamente fundamentado del tema en estudio. La rigurosidad en la elección y evaluación de los materiales ofrece una base firme y confiable para las conclusiones y debates expuestos en este estudio.

RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados derivados de la aplicación del método propuesto por los investigadores.

El sistema de control constitucional en Ecuador

El control de constitucionalidad enfrentó un considerable escepticismo, particularmente en Europa, donde imperaba un fuerte "culto a la ley" y se concebía que las normas emanadas del parlamento eran inherentemente constitucionales. Para conciliar esta tradición con la necesidad de garantizar la supremacía de la Constitución, se introdujo el "control previo de constitucionalidad". Este permite la revisión de las leyes antes de su promulgación y publicación, actuando como un filtro inicial (Pazo Pineda, 2021).

En América Latina, el control de constitucionalidad es ejercido fundamentalmente por los jueces y tiene como objetivo principal asegurar la prevalencia de las normas de la Constitución Nacional sobre el resto del ordenamiento jurídico. La investigación se enfoca en comparar los argumentos utilizados por cada una de estas cortes al momento de ejercer su control sobre la labor del poder constituyente derivado o reformador, es decir, el órgano encargado de modificar la Constitución (Altavilla, 2022).

El diseño del control constitucional en Ecuador, a partir de la Constitución de 2008, se inscribe en la tradición del control concentrado, con un fuerte énfasis en el rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación y aplicación de la Carta Magna. Este sistema se caracteriza por ser integral, abarcando tanto el control abstracto de constitucionalidad de normas, como el control concreto a través de las garantías jurisdiccionales.

En tal sentido, dota a los derechos fundamentales de un carácter sustantivo y los eleva a la categoría de normas directamente aplicables. Este enfoque implica que el control constitucional no solo persigue la jerarquía normativa, sino también la eficacia de los derechos. El artículo 424 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, y el artículo 425 define el orden jerárquico de aplicación de las normas, colocando los tratados internacionales de derechos humanos en el mismo nivel que la Constitución, integrando así el bloque de constitucionalidad. Al respecto, la Constitución de 2008 busca establecer un marco donde el cuidado, no solo sea reconocido, sino también valorado como un pilar fundamental para la sociedad (Romo Rodríguez, 2018).

En este orden, la Constitución del Ecuador del 2008, estipula lo siguiente:

Artículo. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.

Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.

Artículo. 430.- La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y financiera. La ley determinará su organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo. 431.- Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo. 432.- La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años

Igualmente, se destaca lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009):

Artículo. 74.- Finalidad. - El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

Artículo. 76.- Principios y reglas generales. - El control abstracto de constitucionalidad se regirá por los principios generales del control constitucional previstos por la Constitución y las normas constitucionales, la jurisprudencia y la doctrina.

Artículo. 99.- Modalidades de control constitucional. - Para efectos del control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, la Corte Constitucional intervendrá a través de los siguientes mecanismos:

1. Dictamen de procedimiento.

2. Sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referendo.

3. Sentencia de constitucionalidad de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales.

Artículo. 106.- Control posterior de enmiendas, reformas y cambios constitucionales.

Artículo. 107.- Modalidades de control constitucional de los tratados internacionales.

Artículo. 113.- Regla general. - La Corte Constitucional ejercerá el control constitucional formal y material sobre las normas legales de origen parlamentario que hayan sido impugnadas a través de una demanda de inconstitucionalidad.

La Corte Constitucional ha intervenido para asegurar que, a pesar de la celeridad, no se vulneren principios como el debido proceso, el derecho a la defensa, la voluntariedad de la aceptación de cargos y la proporcionalidad de la pena. Esto implica un delicado equilibrio entre la eficiencia procesal y la garantía de derechos (Asimbaya Tacuri et al., 2024).

En este mismo orden de ideas, la relevancia de la jurisprudencia constitucional en el sistema jurídico busca contribuir al debate continuo sobre la constitucionalidad en Ecuador, particularmente en lo que respecta al proceso de la "consulta de norma". El artículo también profundiza en las distintas maneras en que la constitucionalidad es comprendida y controlada en Ecuador, incluyendo el control abstracto ejercido por un órgano especializado y el control concreto a través de garantías constitucionales o la "consulta de norma" realizada por jueces ordinarios (López Hidalgo, 2022).

En la tabla 1 se describen las implicaciones jurídicas actuales y futuras del control constitucional ecuatoriano.

Tabla 1.

Implicaciones

Actualidad

Futuras

Herrera Pérez (2023). Justicia constitucional, discrecionalidad judicial, y principialismo. Manifiestan la importancia de la discrecionalidad judicial en la justicia constitucional, incluso dentro de los marcos principialistas. Sugiere que, a pesar de los intentos de limitar el margen de acción de los jueces mediante principios, una cierta dosis de discrecionalidad es inherente a la tarea de aplicar la Constitución en casos complejos, donde los principios pueden entrar en conflicto o su aplicación no es unívoca

Guevara Cunalata, Córdova Ledesma, Vaca Acosta, & Gordillo Cevallos. (2024). Construyendo argumentos jurídicos fundamentados en la jurisprudencia constitucional desde la formación de estudiantes de Derecho. Como propuesta innovadora, los autores sugieren la implementación de seminarios específicos dedicados a la jurisprudencia constitucional. La finalidad de estos seminarios es mantener a los estudiantes motivados y comprometidos con el estudio de esta área del derecho. Esta metodología educativa dinámica, según los autores, enriquece significativamente la comprensión de los principios constitucionales por parte de los estudiantes y los prepara de manera más efectiva para enfrentar los complejos desafíos legales que se presentarán en su carrera profesional.

Morales et al. (2023). Criterios para la protección jurídica de los animales en la legislación y la jurisprudencia comparada.

Consideración de los animales dentro del marco legal, los autores destacan que este cambio de paradigma, no solo se refleja en la promulgación de nuevas leyes, sino también en la jurisprudencia de los tribunales. Las decisiones judiciales están adaptándose para reflejar esta nueva comprensión de los animales, estableciendo precedentes que refuerzan su protección y reconocen su bienestar como un valor legal.

Storini, Masapanta Gallegos, & Guerra Coronel. (2022). Control de constitucionalidad en Ecuador: muchas alforjas para tan corto viaje. Los autores abogan por la implementación de un sistema de control constitucional mixto que sea más coherente y efectivo. Propone la necesidad de un marco regulatorio revisado que esté mejor alineado con el sistema garantista que promovió la Constitución de Montecristi. En esencia, los autores argumentan que, a pesar de la riqueza y complejidad de las herramientas de control constitucional con las que cuenta Ecuador, la falta de claridad normativa y la inconsistencia jurisprudencial impiden que estas herramientas funcionen de manera óptima, afectando la eficacia del sistema en su conjunto.

Elaboración: Los autores.

Las implicaciones jurídicas actuales del control constitucional en Ecuador son diversas y profundas, reconfigurando la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.

· La actividad de la Corte Constitucional ha consolidado la idea de que ninguna norma o acto puede contravenir los preceptos constitucionales. Esto ha llevado a la depuración de normas consideradas inconstitucionales.

· Se han producido jurisprudencias, cuyas sentencias de la Corte Constitucional, no solo resuelven casos concretos, sino que también interpretan el alcance y contenido de los derechos, desarrollando su protección.

· El control constitucional ha generado un cambio en la cultura jurídica y judicial. Los jueces de la Función Judicial, aunque no ejercen el control abstracto, tienen la obligación de aplicar la Constitución de forma directa y de velar por la efectiva protección de los derechos en sus actuaciones diarias.

Las implicaciones futuras del control constitucional en Ecuador proyectan oportunidades que determinarán su evolución y consolidación.

· La garantía de la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. En un contexto político cambiante, la presión sobre los órganos de control constitucional puede ser constante. Mantener la integridad de sus decisiones, libres de influencias políticas o económicas.

· El control constitucional deberá seguir profundizando en la protección de nuevos derechos o en la ampliación del alcance de los ya existentes, adaptándose a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y ambientales.

· La sistematización de la jurisprudencia, la difusión del conocimiento sobre sus fallos y la capacitación continua de los operadores de justicia serán clave para asegurar una aplicación uniforme y predecible del derecho constitucional.

CONCLUSIONES

El sistema de control constitucional en Ecuador, cimentado en la Constitución de 2008 y la labor de la Corte Constitucional, ha consolidado un modelo garantista que busca la supremacía de la Carta Magna y la protección efectiva de los derechos fundamentales. A través de mecanismos tanto abstractos como concretos, se ha logrado una depuración del ordenamiento jurídico, unas significativas jurisprudencias de los derechos y una mayor conciencia constitucional en el sistema judicial. La Corte Constitucional ha emergido como un actor clave en el balance de poderes y en la conformación de políticas públicas con enfoque de derechos, impactando directamente en la vida de los ciudadanos.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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RESUMEN

ABSTRACT