INTRODUCCIÓN

Históricamente, la cárcel ha sido la herramienta principal para castigar y disuadir la criminalidad. Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una crítica creciente a su eficacia, sus costos sociales y económicos, y su capacidad real de resocialización. La pena privativa de libertad, aunque necesaria para delitos graves, a menudo genera problemas como la estigmatización, la reincidencia y el hacinamiento carcelario. (Mera-Naranjo et al.,2023).

En este sentido, el Artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a las garantías básicas dentro de un proceso penal advierte que, la privación de la libertad no se constituye en la generalidad, y su aplicación tiene como objeto garantizar el hecho de que el procesado comparezca ante la autoridad, además de garantizarle a la víctima el derecho a acceder a una justicia sin dilaciones y de manera oportuna. Cuando se trate de medidas que no priven la libertad a la persona, su aplicación estará supeditada a cada caso en particular, así como todas aquellas condiciones y requisitos dispuestos en la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Así mismo, la privación de libertad como recurso del derecho penal está intrínsecamente ligada al proceso de formulación de cargos y al principio de objetividad. La detención, que es la primera forma de privación de libertad en el proceso penal, solo debe ocurrir cuando existan indicios suficientes y razonables de la comisión de un delito. La correcta formulación de cargos, guiada por la objetividad, es el filtro inicial que determina si esa privación de libertad es legítima y proporcional. (Chávez-Hidalgo et al.,2023).

Sin embargo, la privación de libertad debe ser el último recurso, tanto en su fase de medida cautelar (prisión preventiva) como en su fase de cumplimiento de pena. La aplicación "automática" y desproporcionada de la prisión preventiva es un claro ejemplo de cómo la cárcel deja de ser un recurso excepcional para convertirse en la norma, generando graves consecuencias como el hacinamiento, la violación de derechos fundamentales (especialmente la presunción de inocencia), y la ineficiencia del sistema judicial. (Arandia Zambrano et al.,2022).

Por otro lado, en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP), en los artículos 51 y 52 respectivamente, al referirse a la restricción de la libertad, lo hace desde la acepción de la pena, y lo define como un efecto jurídico de los actos u omisión punibles de la persona que comete un delito. En ese sentido, la legislación penal contempla que la finalidad de la pena es prevenir de manera general el cometimiento de un delito y a su vez, la garantía de derechos de la víctima. (Código Orgánico Integral Penal, 2020). Igualmente, en el Art. 58 del mencionado instrumento legal, COIP, prevé la clasificación de las penas a partir de una sentencia ejecutoriada, y dispone que estas serán privativas y no privativas de libertad, así como restrictivas de los derechos de propiedad. Del mismo modo, el artículo 60 hace mención sobre las penas no privativas de libertad.

En tal sentido, el recurso de la privación de libertad debe ser administrado con la máxima cautela y respeto por las garantías individuales, para evitar que el ejercicio del poder punitivo estatal se convierta en una fuente de arbitrariedad. (Ruiz Cabrera, 2024). Además, se deben considerar los principios limitadores que buscan contrarrestar el poder punitivo del Estado, tales como la legalidad, culpabilidad, humanidad, proporcionalidad, mínima intervención, igualdad, resocialización y presunción de inocencia. (Vera Vite et al.,2024).

Es necesario la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, entre los otros factores señalados anteriormente, requiere una coordinación entre las diferentes instituciones nacionales y el establecimiento de una cultura común que considere la privación de libertad como última respuesta o recurso en el Derecho Penal ecuatoriano.

Surge la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es la proporción de casos penales en Ecuador donde se aplica la privación de libertad como última opción? Planteándose como objetivo general del estudio analizar la privación de libertad como último recurso del derecho penal en Ecuador.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

En este orden, la población encuestada está constituida por diez Jueces de la Unidad Penal del cantón Santo Domingo, así también se implementa la encuesta a cuatro Defensores Públicos del área penal y cuatro Fiscales, mismos que aportaron con información acorde a la problemática de estudio. Luego de aplicar el cálculo correspondiente, la muestra para la investigación quedó de la manera siguiente: 3 jueces, 3 fiscales y 1 Defensor Público, 4 Abogados en libre ejercicio.

RESULTADOS

Este apartado detalla los resultados derivados de la implementación del método propuesto por los investigadores.

De acuerdo con la tabla 1, la mayoría de los encuestados distingue una brecha normativa que limita la ejecución efectiva de alternativas a la prisión. El hecho de que un 66,66% considere “siempre” necesaria esta normativa sugiere que el sistema penal aún privilegia medidas privativas, lo cual contradice el enfoque garantista moderno.

Tabla 1.

Resultados de la encuesta.

REGUNTA	RESPUESTA	RESULTADO
¿Considera usted necesario que en el sistema penal ecuatoriano exista un marco normativo para la aplicación y ejecución de las medidas no privativas de libertad?	Siempre	66,66%
	Casi siempre	16,65%
	Usualmente	5,55%
	Muy poco	11,11%

Elaboración: Los autores.

Este resultado, según la tabla 2, confirma que más del 70% de los encuestados apoyan el principio de excepcionalidad de la prisión. En otras palabras, existe un consenso mayoritario que ve la privación de libertad como una medida que debería utilizarse únicamente cuando otras alternativas han sido agotadas.

Tabla 2.

Resultados de la encuesta

PREGUNTA	RESPUESTA	RESULTADO
¿Está usted de acuerdo en que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso dentro del Derecho punitivo ecuatoriano?	Totalmente de acuerdo	50%
	De acuerdo	22,22%
	Indeciso	11,11%
	Totalmente en desacuerdo	16,66%

Elaboración: Los autores.

El hecho de que más del 55% esté de acuerdo o totalmente de acuerdo, como muestra la tabla 3, refuerza la postura garantista del estudio. En contraste, la suma de respuestas en desacuerdo (casi el 28%) sugiere que existen tensiones entre enfoques punitivos y restaurativos dentro del pensamiento jurídico ecuatoriano.

Tabla 3.

Resultados de la encuesta.

PREGUNTA	RESPUESTA	RESULTADO
¿Está usted de acuerdo en que al no aplicar medidas no privativas a la libertad se vulneran derechos constitucionales, en particular, los de libertad y el debido proceso, lesionando con ello la dignidad de la persona?	Totalmente de acuerdo	38,88%
	De acuerdo	16,66%
	Indeciso	16,66%
	En desacuerdo	22,22%
	Totalmente en desacuerdo	5,55%

Elaboración: Los autores

Según los datos de la tabla 4, demuestran que existe una brecha entre lo normativo y lo práctico. A pesar de su existencia legal, el mecanismo de aplicación y ejecución aún no está adecuadamente implementado o difundido.

Tabla 4.

Resultados de la encuesta.

PREGUNTA	RESPUESTA	RESULTADO
¿Está usted de acuerdo en que en el Ecuador hace falta en la práctica, un mecanismo de aplicación y ejecución de las medidas no privativas la libertad, debido a lo determinado en el artículo 60 del COIP?	Totalmente de acuerdo	66,66%
	De acuerdo	22,22%
	En desacuerdo	13,33%
	Totalmente en desacuerdo	0%
	Indeciso	0%

Elaboración: Los autores.

Este resultado según la tabla 5, revela un debate más polarizado respecto a la función social del derecho penal. Aunque casi el 50% está de acuerdo en que las medidas no privativas favorecen la reinserción sin romper los vínculos familiares y comunitarios, hay un 44% que se muestra indeciso o en desacuerdo.

Tabla 5.

Resultados de la encuesta.

PREGUNTA	RESPUESTA	RESULTADO
¿Está usted de acuerdo en que el hacer mayor uso de las medidas no privativas a la libertad con miras a lograr la reinserción del sancionado evita separarlo de su familia y del medio social en el que vive y se desenvuelve?	Totalmente de acuerdo	38,88%
	De acuerdo	11,11%
	Indeciso	22,22%
	En desacuerdo	22,22%
	Totalmente en desacuerdo	5,55%

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

En lo referente a las encuestas, los resultados dan cuenta de que, ante la pregunta gravitante de la problemática jurídica de la investigación, sobre si se consideraba necesario que en el sistema penal ecuatoriano exista un marco normativo para la aplicación y ejecución de las medidas no privativas a la libertad frente a la privación de libertad, el 66,66% de los encuestados se pronunció favorablemente al respecto. Esto significa que, la necesidad existe y que, por lo tanto, debería legislarse en el sentido de hacer mayor uso de las medidas no privativas de la libertad con miras a lograr la reinserción del sancionado sin necesidad de separarlo de su familia ni del medio social en el que vive y se desenvuelve.

En el contexto de la normativa penal ecuatoriana, específicamente en el artículo 58 del COIP, se prevé la clasificación de las penas a partir de una sentencia ejecutoriada, y dispone que éstas serán privativas y no privativas de libertad, así como restrictivas de los derechos de propiedad, en ese sentido, el análisis se centró en indagar si dicho marco legal es suficiente para resolver el problema jurídico planteado en nuestra investigación. Lo que para algunos resulta suficiente, otros consideran que no siempre será suficiente el derecho acabado desde el ámbito legalista, en tanto estamos regido por un estado constitucional de derechos y justicia.

CONCLUSIÓN

Los resultados de la investigación condujeron a la conclusión de que la problemática existe, y que es necesario establecer un cuadro normativo, procedimientos, herramientas y una metodología de aplicación y ejecución de las medidas no privativas de libertad en el sistema penal ecuatoriano, a efectos de evitar vulneración de derechos constitucionales, en particular, los de libertad y el debido proceso.

Las sanciones se deben aplicar acorde a los factores que rodean al procedimiento y sus características, es decir las medidas son de forma gradual, no siempre se aplicará medidas no privativas a la libertad.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Arandia Zambrano, J., Robles Zambrano, G., Moreno Arvelo, P., & Macías Cedeño, S. (2022). Prisión preventiva: procesos penales en el Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 14(6), 556-561. https://n9.cl/7b1vu

Arévalo-Vázquez, E., & Valle-Franco, A. (2022). Recurso de apelación y derecho a la defensa frente a las contravenciones de tránsito. Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, 7(13), 38-57. https://doi.org/10.35381/racji.v7i13.1961

Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial N.º 180. Recuperado de https://url2.cl/53c6h

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Recuperado de https://n9.cl/sia

Chávez-Hidalgo, W., Cornejo-Aguiar, J., Castro-Sánchez, F., & Espinosa-Pico, P. (2023). Formulación de cargos y el principio de objetividad en casos de detención, Ambato, Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 8(1), 996–1005. https://doi.org/10.35381/racji.v8i1.3255

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

Mera-Naranjo, G. S., Merizalde-Avilés, M. L., & Romero-Fernández, A. J. (2023). Las penas alternativas a la privación de libertad en el tráfico ilícito de sustancias. IUSTITIA SOCIALIS, 8(1), 1399–1407. https://doi.org/10.35381/racji.v8i1.3313

Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Ruiz Cabrera, M. (2024). Presunción de inocencia y privación de la libertad en el sentido del fallo. Foro: Revista de Derecho, (42), 59-74. https://doi.org/10.32719/26312484.2024.42.4

Vera Vite, P. F., Triviño Estrada, G. F., & Guacho Quishpi, M. C. (2024). Los principios limitadores de la privación de libertad: Un análisis desde el sistema jurídico ecuatoriano. Debate Jurídico Ecuador, 7(1), 80–102. https://doi.org/10.61154/dje.v7i1.3346

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

RESUMEN

ABSTRACT

CONCLUSIÓN

Las sanciones se deben aplicar acorde a los factores que rodean al procedimiento y sus características, es decir las medidas son de forma gradual, no siempre se aplicará medidas no privativas a la libertad.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS