INTRODUCCIÓN
La salud pública ha sido uno de los asuntos más preocupantes de la última década, especialmente en el área sexual y reproductiva. En este sentido, las mujeres son las más afectadas, por embarazos no deseados donde deben afrontar un desafío legal e institucional (OMS, 2017). Dado que son obligadas a acudir a servicios sanitarios clandestinos para acceder al aborto.
En el Ecuador, la despenalización del aborto es visto como un tema prioritario por las mujeres, e incluso hombres, quienes han participado en manifestaciones públicas y notorias en apoyo al derecho humano de seguridad personal y de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (2014) establece en su artículo 147 que cuanto la práctica del aborto en una mujer cause la muerte de esta, el profesional de la salud o la persona que realice esta práctica será penada con una sanción de 7 a 10 años de cárcel, si cuenta con su consentimiento y de 13 a 17 años si se efectuó sin su permiso.
Del mismo modo, en su artículo 148 del COIP señala que, el individuo que obligue a una mujer a abortar sin su permiso tendrá una sanción de 5 a 7 años de cárcel. Así mismo, en el artículo 149 de la mencionada normativa indica que, en caso de efectuarse un aborto con el permiso de la mujer gestante la sanción está determinada en 1 a tres años de cárcel y en el caso de la mujer su pena esta impuesta en 6 meses a 2 años.
En este sentido, cabe mencionar que la ley es explicita, cualquier acto que atente contra la integridad física de una mujer, de forma consentida o no, interrumpiendo el embarazo durante los primeros meses de gestación es penado por ley según sea el caso correspondiente. Del mismo modo, es imperativo señalar que, durante este tipo de hechos, se ven involucrados actos de riesgo como embarazos riesgosos o hechos delictivos como la violación, en este sentido, tanto la mujer como su cónyuge y/o familiares se ven forzados a practicar el aborto. Razón por la cual, la norma establece en su artículo 150 la figura del aborto no punible, el cual expresa que el profesional de la salud o su similar capacitado que realice un aborto con el permiso de la madre gestante, su conyugue o representante legal, no será punible si se encuentra la vida de la mujer en peligro, siendo esta medida su último recurso, o si esta práctica se la efectúa a una fémina que padezca de discapacidad mental.
Sin embargo, diferentes instituciones defensoras de los derechos humanos en Latinoamérica como Human Rights Watch han publicado, informes que documentan las consecuencias de la falta de acceso al aborto. Todo esto proyectado como un servicio de emergencia para las víctimas de violación sexual en el Ecuador (INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, 2018). En líneas generales, dichos informes señalan que la penalización sobre el aborto conlleva a miles de mujeres y adolescentes a acudir a abortos clandestinos.
Cabe destacar que, el gobierno ecuatoriano está en la obligación de efectivizar los derechos humanos determinados en los tratados internacionales y regionales a los cuales se encuentra suscrito. Como la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, convención americana sobre derechos humanos, entre otros (Naciones Unidas, 2018). Siendo una obligación para el Ecuador el cumplimiento de todas estas disposiciones a las cuales está suscrito, dando además un enfoque de protección de los derechos humanos y la no violentarían de sus principios fundamentales.
Se plantea como objetivo general del estudio analizar la despenalización del aborto en Ecuador.
MÉTODO
El presente estudio, se fundamenta en un enfoque cuantitativo que genera datos descriptivos a partir de la recolección de información. Se apoya en una rigurosa revisión documental-bibliográfica para contextualizar el estudio. Se emplean los métodos principales para el desarrollo del trabajo. El método inductivo-deductivo, que según Dávila (2006) busca la verdad a partir de hechos concretos y no de especulaciones, partiendo de afirmaciones generales para llegar a conclusiones específicas. En segundo lugar, se utiliza el método analítico-sintético, que de acuerdo con Rodríguez y Pérez (2017), permite descomponer un tema complejo en sus partes para su análisis y, posteriormente, unir dichas partes para descubrir nuevas relaciones y características. Además, la población que se pretende tomar para el artículo sobre la despenalización del aborto en Ecuador está conformada por los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo los cuales para el año 2021 están conformados por un universo total de 1.930 a los cuales se realizara una muestra de tipo aleatoria por conveniencia en relación de segregar a los profesionales que accedan a participar en la investigación. Lo cual constituye una muestra de 321 abogados en ejercicio.
RESULTADOS
Este apartado detalla los resultados derivados de la implementación del método propuesto por los investigadores.
1. ¿Considera usted necesario despenalizar el aborto en el Ecuador?
La despenalización del aborto en casos de violación es notablemente un tema controversial en el Ecuador, las distintas posiciones frente a este fenómeno no solo se observan dentro del Parlamento Nacional, los abogados de libre ejercicio también sostienen una posición. Según los datos obtenidos en la encuesta y observados en la figura 1, el 60,75% considera que, si es necesario la despenalización del aborto, mayormente por los números abortos clandestinos que se registran y los delitos de violación sobre la mujer. Pese a esto, el 39,25% estima que no es necesario legalizar el aborto en el Ecuador.
Si
No
Figura 1. Despenalizar el aborto.
Elaboración: Los autores.
2. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana está suficientemente educada en materia de leyes sobre el aborto en el Ecuador?
A pesar del evidente acceso a la información, que poseen los ecuatorianos a través de instituciones educativas gratuitas, bibliotecas, tiendas y servicios de internet, el desconocimiento en materia de leyes sobre el aborto sigue siendo un tema de preocupación para muchos legisladores del Ecuador. En este caso, de acuerdo con los encuestados, se estima que más del 90% de los ciudadanos no posee los conocimientos correctos sobre el aborto, particularmente en casos de violación. A pesar de que una pequeña parte (6%) considera que esto no es así, es evidente el nivel de ignorancia que existe en la sociedad ecuatoriana sobre las leyes que penalizan el aborto, y cuales limitan el acceso a un servicio sanitario en caso de haber sido víctima de una violación. (Figura 2).
Si
No
Figura 2. Sociedad educada.
Elaboración: Los autores.
3. Según su criterio ¿Cree usted que la despenalización del aborto ayudaría a disminuir las tasas de mortalidad de mujeres embarazadas que acuden a servicios sanitarios clandestinos con el objetivo de deshacerse de un embarazo no deseado?
De acuerdo con las tasas de morbilidad y mortalidad en casos de aborto clandestino se cree que una despenalización sobre este acto, enmarcado en el derecho de la salud reproductiva y la decisión de su propio cuerpo representaría la oportunidad de disminuir estas cifras. En efecto, las posiciones profesionales con respecto a este hecho son polarizadas, según la encuesta, figura 3, cerca del 70% de los legisladores considera que la legalización del aborto si ayudase a decrecer estas tasas. Por el contrario, el porcentaje restante estima que esto no se trata solo de la despenalización sino del nivel de cultura y educación que posean los ciudadanos, por lo tanto, la despenalización no tendría por qué impactar de manera positiva sobre estas cifras.
NO
Si
Figura 3. Tasas de mortalidad.
Elaboración. Los autores.
DISCUSIÓN
En primer lugar, se logró conocer la situación actual de la despenalización del aborto en el Ecuador y cuál es la posición del Estado, frente a este fenómeno social. Según los encuestados la legalización del aborto sigue siendo un tema ajeno a la Asamblea Nacional, ya que no es considerado un tema de interés público. Se presume que muchos ciudadanos ignoran la realidad de los hechos suscitados.
A pesar de que se determinó que la práctica del aborto clandestino por parte de las mujeres embarazadas se genera de forma frecuente, el Estado continúa penalizando a las personas que de manera directa o indirecta produzcan el aborto en una mujer, exceptuando solo a las mujeres que cuentan con problemas de salud mental o cuyo feto es estimado como un riesgo.
Considerando esto, es posible argumentar que, dentro de los derechos reproductivos relacionados con las mujeres, se encuentra el derecho a tener un aborto, ya que este acto es visto como un hecho indeseado o que pone en riesgo la salud y/o vida de la víctima, en este caso de sexo femenino. De manera que toda acción por mantener y mejorar la salud pública no puede ser discriminado por el Estado.
Es importante observar algunos de los argumentos que sostienen los legisladores que defienden la prohibición del aborto, la cual se puede ver en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador (2008), norma que establece que la salud es un derecho humano y uno de los elementos del bienestar humano que deben ser garantizados. En otras palabras, la salud como cuestión de derechos humanos es un derecho que debe ser protegido por el Estado, el Estado tiene derecho a garantizar el reconocimiento y la protección del derecho a la salud. Es importante señalar que dentro de las garantías que ofrece el Estado a todos los ecuatorianos, se establece el derecho a la integridad personal. El cual señala de forma explícita en su literal “a” lo siguiente la integridad física, psíquica, moral y sexual (Ramos, 2016). Este último punto permite considerar que la sexualidad es un derecho que poseen todos los ciudadanos y por lo tanto el Estado tienen la obligación constitucional de garantizar que este se desarrolle bajo los principios humanos de bienestar y salubridad, es decir, que la mujer se encuentre amparada por una estructura legal e institucional donde su salud reproductiva sea respetada y preservada, especialmente si se trata de un acto de violación, ya que este representa un riesgo a la integridad física y psicológica de la mujer.
En este sentido, una de las cosas que causa problemas de salud psicológica son los traumas. El trauma psicológico es un daño mental que se produce como resultado de eventos estresantes o críticos (CIDH, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2019). Cuando el trauma conduce a un trastorno de estrés postraumático, el daño puede involucrar cambios físicos en el cerebro y la química del cerebro, que cambia la respuesta al estrés futuro.
En efecto, el Estado es el principal responsable de establecer reglas para superar cualquier tipo de problemas sobre el embarazo. Especialmente en casos donde la mujer cuenta con sus facultades mentales saludables y desea conservar la planificación de su propia existencia, ya que los riesgos y peligros que representa el embarazo para la salud e integridad física de la mujer y sus familiares son numerosos (Cabezas, 2019). Cabe señalar que, a pesar de estos y otros argumentos de parte de legisladores ecuatorianos, la despenalización del aborto en el Ecuador sigue siendo un tema controversial, ya que entra en conflicto directo con el derecho a la vida y con lo consagrado en el artículo 150 del Código Integral Penal.
CONCLUSIÓN
La despenalización del aborto en Ecuador es una necesidad defendida por el grupo de mujeres que defienden los derechos de la mujer y que se considera una necesidad en cuanto a frenar los abortos clandestinos y efectivizar el derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Nº 180. Recuperado de https://url2.cl/53c6h
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia
Cabezas Guerrero, E. (25 de abril de 2019). Ecuador: Memorando sobre estándares internacionales de derechos humanos en materia de aborto. Human Right Watch. https://n9.cl/08opd
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Canadá: OEA. https://n9.cl/f125
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. (2018). informe sobre el acceso a la justicia de las mujeres en Ecuador. https://n9.cl/xxjzyh
Galindo, J. (2020). ¿Puede la despenalización del aborto salvar vidas en Latinoamérica? El País. https://n9.cl/n5761
Naciones Unidas. (2018). Derechos humanos. https://n9.cl/yzlp9d
OMS. (2017). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. https://n9.cl/w8506b
Ramos, S. (2016). Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe. Una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia (resumen ejecutivo). México. Estudios Demográficos y Urbanos,31(3);833-860. https://n9.cl/xwel6
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
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