DOI 10.35381/cm.v11i2.1752
El uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones de octubre del 2019
The progressive use of force during the October 2019 protests
César Emilio Gaibor-Puenguenan
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Santo Domingo; Santo Domingo de los Tsáchilas
Ecuador
https://orcid.org/0009-0002-7636-7565
Iván Xavier León-Rodríguez
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Santo Domingo; Santo Domingo de los Tsáchilas
Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-3725-988X
Javier Dario Bosquez-Remache
us.javierbosquez@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Santo Domingo; Santo Domingo de los Tsáchilas
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-7547-5324
Recibido: 20 de abril 2025
Revisado: 25 de mayo 2025
Aprobado: 15 de julio 2025
Publicado: 01 de agosto 2025
El objetivo general de la investigación fue analiza el uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones de octubre del 2019. Utilizó el método cuantitativo. Apoyándose en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplicó el método inductivo-deductivo, y se planteó además el método analítico-sintético. Además, se consideró una población del estudio conformada por ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas manifestantes, familiares y civiles en general que participaron en la jornada de protestas y que fueron víctimas de la violencia de forma directa o indirecta. Luego del cálculo, se obtuvo una muestra de 123 personas, para la aplicación del cuestionario. Se concluye que, se alude a la necesidad que tiene el Estado de tener funcionarios que velen por la salvaguarda y seguridad de los ciudadanos durante eventos públicos como protestas y/o concentraciones políticas, especialmente a la hora de ejecutar sus funciones y hacer uso adecuado de la fuerza.
Descriptores: Derecho humanitario; ley; violencia. (Tesauro UNESCO)
Descriptors: Humanitarian law; law; violence. (UNESCO Thesaurus)
INTRODUCCIÓN
De la misma forma, las manifestaciones se han consolidado como el accionar de la voluntad popular. BBC (2019) determinan que en este sentido permiten a las personas de un lugar específico puedan protestar en contra de medidas económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, entre otras impuestas de manera autocrática o unilateral por un gobernante, presidente, monarca o entidad subordinante.
Se debe agregar de forma específica que el gobierno del presidente Lenin Moreno causo los estragos que forman parte de la problemática central de investigación. BBC (2019) expresa que al iniciarse el periodo presidencial se implementó políticas contra la ideología del partido político y la corriente ideológica del ex presidente Rafael Correa, siendo esta ruptura el inicio de varias medidas en contra de la voluntad popular, especialmente en las áreas económicas y comerciales de los ciudadanos, los cuales empezaron revueltas y jornadas masivas de protestas que terminaron con hechos violentos y el uso progresivo de la fuerza de manera inadecuada por parte del cuerpo policial y militar del estado.
Estos acontecimientos se evidenciaron de forma pública y notoria el pasado 1 octubre del año 2019. El Comercio (2020) especifica que el presidente Lenin Moreno a través de una cadena nacional de radio y televisión comunicó a la ciudadanía que habrían de tomarse nuevas medidas económicas para garantizar la sostenibilidad y desarrollo de la nación, entre las que destacan la aplicación de una contribución especial por tres años a las empresas que tengan ingresos anuales por más de 10 millones de dólares, la eliminación de los subsidios a los combustibles, reducir aranceles para importaciones de maquinaria, equipo y materia prima, todo esto con el objeto de reactivar la economía y beneficiar a 300.000 familias con bonos del estado.
En consecuencia, a esto y a las demás medidas en el ámbito laboral y tributario se generó descontento por parte de la población. España (2019) especifica que el presidente Moreno después de establecidas las medidas mediante decreto ejecutivo causo que el pueblo ecuatoriano se dé cita en las calles para iniciar la jornada de protestas desde el día 2 hasta el 13 de octubre donde se efectuó una reunión televisada que dio paso al decreto N° 883 que no beneficio en nada las demandas populares, ascendiendo los daños a 821,68 millones de dólares, así como muertes y heridos a causa del uso progresivo de la fuerza aplicado a los manifestantes.
En este sentido, BBC News Mundo (2019) especifico que estas acciones se desarrollaron para protestar en contra de las medidas económicas tomadas por el presidente Lenin Moreno, siendo foco del interés internacional por la magnitud de daños y efectos provocados el diario electrónico France.com título a las acciones como "El paquetazo". La movilización se convirtió en enfrentamientos con la fuerza pública tanto en Quito como en ciudades como Guayaquil y Duran como consecuencia de estos hechos violentos se produjo la muerte de 5 ciudadanos y cientos de jóvenes detenidos.
Tras la jornada de protestas, el ejecutivo ordenó decretar un toque de queda en la ciudad de Quito. De acuerdo a la publicación del diario El Comercio (2019) el presidente Lenin Moreno ordeno al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas restablecer el orden mediante el toque de queda en la capital, teniendo la potestad de realizar las acciones que consideren necesarias para frenar las manifestaciones. En este sentido especifico, se han producido una serie de investigaciones y comisiones para determinar los daños y perjuicios que las autoridades causaron a los ciudadanos. Defensoría del Pueblo (2021) describe el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia referente a los hechos producidos en octubre de 2019 donde se convocó a audiencias públicas para recibir los testimonios de las víctimas y sus familiares y de los diversos actores que participaron en el paro nacional como periodistas, personal de salud que intervino de manera voluntaria, personal del servicio público, personal del sector privado, entre otros. Además, solicitó información a las instituciones públicas competentes, analizó fuentes periodísticas de información y la información producida por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Donde se analizó 519 testimonios por vulneraciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales durante las protestas. Por otro lado, también se recopilo varios testimonios contra de particulares. recopilo 192 testimonios de policías y 55 civiles los cuales recibieron afectaciones por parte de civiles, siendo estos datos enviados a la fiscalía de forma independiente a la información de los casos de uso progresivo de la fuerza.
Como se puede apreciar en la gráfica 1, los testimonios receptados por la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia. Defensoría del Pueblo (2021) dentro de las 249 denuncias por violaciones a los derechos humanos 189 se habrían provocado por parte de la policía nacional, 34 por las fuerzas armadas, 26 servidores públicos. Siendo las principales afectaciones las violaciones al derecho a la integridad personal, violaciones al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, violencia sexual y lesiones oculares.
Hay que mencionar, además las violaciones a los derechos humanos. Defensoría del Pueblo (2021) establece que durante las protestas existen registros de 20 lesiones oculares, 3 casos de violencia sexual, 38 casos de violaciones al derecho de la libertad personal, 123 casos de violaciones al derecho de la integridad personal, 22 atentados contra el derecho a la vida y 6 ejecuciones extrajudiciales siendo estos datos tomados desde el levantamiento de información en las protestas del pasado octubre de 2019 (figura1).
Figura 1. Comisión Especial para la Verdad y la Justicia.
Fuente: Información adaptada de (Defensoría del Pueblo, 2021).
Por su parte, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020) como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportaron diferentes casos de actos vandálicos sobre centros comerciales, tiendas, edificios privados e instituciones del Estado. Sin embargo, ambos organismos concluyeron en que los agentes policiales habían actuado con un uso excesivo de la fuerza contra los protestantes en múltiples ocasiones, en este sentido, exhortaron a que se efectuaran las investigaciones pertinentes sobre estos hechos de carácter penal.
De acuerdo al artículo 98 de la Constitución de la República las personas u organizaciones tienen el derecho a oponerse a acciones u omisiones provenientes de cualquier institución del Estado o de cualquier entidad no gubernamental que vulnere los derechos constitucionales. En otras palabras, el derecho a la protesta está consagrado dentro de la ley suprema de la nación y por lo tanto no puede ser tomada como una amenaza para el ejecutivo o cualquier otro ente del gobierno, siempre y cuando la manifestación sea de forma pacífica y cívica.
En este sentido, cabe mencionar el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública (2014), el cual señala que “es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes” del Ecuador. Dicha norma está sujeta al principio de integralidad de la mencionada ley.
Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 163 establece que la Policía Nacional es una organización pública “armada” y por ende cuenta con facultades para emplear tecnología letal o no letal, según corresponda la situación. Del mismo modo, la norma suprema indica en su artículo 3, numeral 1, que el Estado debe garantizar los derechos constitucionales e internacionales sin ningún tipo de distinción. A su vez, en el numeral 8 del mencionado artículo, se indica que el gobierno tiene la obligación de proteger el derecho que tienen los ciudadanos a gozar de un ambiente de paz y una seguridad integral dentro de una sociedad democrática y libre de corrupción.
Además de esto, es importante destacar que la norma suprema, en su artículo 424 especifica que las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos avalados por el gobierno “que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”.
Se plantea como objetivo general analiza el uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones de octubre del 2019.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar la específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Se aplica además un cuestionario a un grupo de especiosas. Además, se considera una población del estudio conformada por ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas manifestantes, familiares y civiles en general que participaron en la jornada de protestas y que fueron víctimas de la violencia de forma directa o indirecta, presentando lesiones y heridas graves por el accionar de los agentes policiales. Luego del cálculo, se obtiene una muestra de 123 personas, para la aplicación del cuestionario.
RESULTADOS
Se detallan los resultados derivados de la implementación del método.
1. ¿Conoce usted de los enfrentamientos violentos que se registraron durante la jornada de manifestaciones antigubernamentales del pasado mes de octubre del año 2019 en el Ecuador?
Según la figura 2, realizada todos los que han sido objeto de la encuesta afirman haber sido testigos de las protestas antigubernamentales del pasado mes de octubre del año 2019 en el Ecuador con el 100%.
Figura 2. Enfrentamientos violentos.
Elaboración: Los autores.
2. ¿Participó usted en una de las manifestaciones pacíficas realizadas durante el mes de octubre del 2019 en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno?
De acuerdo con la encuesta realizada se pudo determinar que según la figura 3, que cerca del 77,2% de los manifestantes participaron en las protestas pacíficas realizadas durante el mes de octubre del 2019 en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno. Por otro lado, un 22,8% de la población no asistió por motivos reservados.
Figura 3. Participación en las manifestaciones.
Elaboración: Los autores.
3. ¿A través de qué medio de comunicación pudo usted observar, escuchar o conocer los enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes de seguridad policial del Estado?
De acuerdo con los hechos suscitados durante el mes de octubre, las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente armas menos letales de manera inapropiada, por ejemplo, disparando granadas de gas lacrimógeno y otros tipos de armamentos para el control de protestas directamente a manifestantes y a corta distancia. Los entes internacionales de Derechos Humanos señalaron extensas violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno de Lenin Moreno en todo el país. Cabe señalar que las protestas según su definición son un medio para expresar el desacuerdo ante cualquier medida gubernamental, por lo tanto, solo debe enfrentarse con un diálogo significativo y participativo para encontrar soluciones a las diferencias.
El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante manifestaciones, la detención de manifestantes y supuestos opositores políticos indica que el Estado ignoró completamente lo consagrado en el artículo 98 de la constitución y en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El riesgo de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos sigue siendo alto, ya que la situación económica y la crisis social sigue siendo grave y las tensiones políticas continúan aumentando, especialmente después de los hechos de octubre de 2019.
Estos hechos mostraron la forma en como las autoridades respondieron a estas evidentes violaciones sobre los manifestantes, con pocas condenas a la violencia y vulneraciones de derechos cometidas por las fuerzas de seguridad. A pesar de las declaraciones del presidente de turno sobre dialogar, el uso desmedido de la fuerza apunta a la existencia de una política para reprimir la disidencia política e infundir miedo en la población para frenar las manifestaciones a costa de los derechos y libertades de los ecuatorianos.
Aun cuando se ha discutido por años la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza en las manifestaciones, estas dos consideraciones se seguirán manteniendo en un constante debate ya que, la manera en la que se puede evaluar un evento de este tipo, donde existen tantas variables, es tan válida como la teoría de las fuerzas de seguridad o el Estado. Es decir, para poder evaluar el trabajo policial, el estudio tiene que estar realizado, por lo tanto, en un hecho ya consumado evaluar si fue necesario o no es extemporáneo, ya que la fuerza utilizada, que fue proporcional al riesgo al que se enfrentaba el policía, también es difícil determinar.
Es importante también saber que la fuerza policial es vista como la principal herramienta de seguridad civil del Estado, sin embargo, esta debe ser empleada con un criterio objetivo al momento de usarse para el mantenimiento del orden público, para lo que deberá considerar siempre la necesidad y proporcionalidad como atributos que legalicen su aplicación.
En este orden de ideas, se presume que el Estado también vulnera lo consagrado en el Reglamento de uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, el cual establece que el objetivo es resguardar a los manifestantes, y todas las personas que se encuentren físicamente en el lugar de protesta, así como las propiedades públicas y privadas, y no, por el contrario, dañar su integridad física y psicológica.
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