INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años, la imputabilidad hace referencia a la capacidad mental del ser humano, concretamente referida a las facultades psicológicas que debe poseer una persona determinada para poderle atribuir la responsabilidad por un hecho; en términos amplios, se le puede definir, según Hernández (2015) como el “la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido” (p. 1). Sin embargo, la realidad es más compleja, ya que existen situaciones en las que factores fortuitos, como trastornos mentales temporales o estados alterados de conciencia, pueden afectar esta capacidad de discernimiento (Vargas, 2021). Esto plantea interrogantes cruciales sobre la justicia y la equidad en la aplicación de la ley, especialmente en un contexto donde la salud mental a menudo es desatendida (Mendoza, 2024).

La consideración de la salud mental en el ámbito penal ha cobrado relevancia en las últimas décadas, la OMS en el año 2022, en su informe del 8 de junio, impulsada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos reveló la necesidad de un tratamiento justo para aquellos que, debido a circunstancias fortuitas, no pueden ser considerados plenamente responsables de sus actos (Mendoza, 2024; Vargas, 2021).

Instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de año 1948 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, subrayan la importancia de garantizar que todos los individuos, independientemente de su estado mental, reciban un trato equitativo en el sistema de justicia (Mendoza, 2024; Torres & Bedoya, 2024).

La imputabilidad penal en casos fortuitos que afectan la conciencia de los individuos en América Latina es un tema que requiere atención y un enfoque más comprensivo (Vargas, 2021). La intersección entre la salud mental y el derecho penal es crucial para garantizar que se haga justicia de manera equitativa y adecuada. (Mendoza, 2024).

La Constitución de la República del Ecuador (2008), reformada en 2011 y el Código Orgánico Integral Penal (2014), establecen que la salud mental debe ser considerada al evaluar la imputabilidad de un individuo. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos significativos en la aplicación de estas disposiciones.

La normativa legal ecuatoriana, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal, en lo adelante (COIP), establece principios claros sobre la imputabilidad penal, reconociendo que la capacidad de un individuo para ser considerado responsable de sus actos delictivos puede verse afectada por factores como la edad y el estado mental. La legislación debe contemplar la posibilidad de que un individuo no actúe con plena capacidad de culpabilidad debido a un evento fortuito (Vargas, 2021; López, Sánchez, Cajas & Ortiz, 2022). Esto implica que, en lugar de aplicar sanciones penales, se podrían considerar medidas de tratamiento o rehabilitación.

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 35 garantiza atención prioritaria y acceso a atención especializada a niñas, niños y adolescentes, así como a aquellos con condiciones médicas catastróficas o de alta complejidad, el Estado está obligado, a través de sus agentes, a brindar protección especial a las personas en situación de doble vulnerabilidad, tales como: niños, discapacitados, ancianos (Villanueva, 2025). Así mismo, el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 36, en relación con las conductas delictivas asumidas por las personas con trastorno mental establece que “al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, debido al padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable” (p. 40).

Vale decir que la imputabilidad antes representaba un estado o modo de ser del agente, solo que se le concedía un alcance superior al que modernamente se le confiere a la imputabilidad. Así que, se consideraba como causas de exclusión de la imputabilidad aquellas que hoy se consideran más técnicamente como causas de exclusión de la antijuridicidad.

Atendiendo a lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación consistió en analizar la efectividad de las disposiciones legales ecuatorianas sobre la imputabilidad penal de individuos en casos fortuitos que priven parcialmente la conciencia de los individuos. Para ello, es esencial evaluar su aplicación práctica y los desafíos enfrentados en el sistema de justicia por administradores de justicia, abogados y profesionales de la salud mental en la ciudad de Ibarra, parroquia “El Sagrario” sobre la imputabilidad penal y los derechos de las personas con trastornos mentales en Ecuador.

MÉTODO

Para el diseño metodológico de esta investigación, se consideró el enfoque cuantitativo, por lo que se requirió, comparar datos, identificar patrones y generalizar lo analizado. Este enfoque fue particularmente útil en el ámbito de la justicia penal y la salud mental, donde se buscó establecer relaciones entre variables y obtener conclusiones que pudiesen ser aplicadas a contextos más amplios.

El estudio se enmarcó en una investigación de tipo descriptivo, lo que permitió llevar a cabo un análisis exhaustivo de la imputabilidad de la pena; para ello, se utilizaron los métodos teóricos Analítico-Sintético para desglosar e identificar los componentes de la imputabilidad en estos casos. A través de un análisis detallado, se identificaron los componentes que influyen en la imputabilidad, tales como factores psicológicos, sociales y legales (Arrias, Atencio & Pupo, 2022). También se emplearon los métodos Inductivo-Deductivo para analizar los datos obtenidos de encuestas a profesionales del derecho y de la salud mental, a fin de compararlos con otros estudios relevantes; así mismo, se establecieron conexiones entre la teoría y la práctica, enriqueciendo la comprensión del fenómeno estudiado. Finalmente, se empleó el método histórico- lógico, cuyo enfoque permitió examinar la evolución de un tema a lo largo del tiempo, identificando patrones, cambios y continuidades al mismo tiempo que se aplicó un razonamiento lógico para interpretar y analizar los datos obtenidos.

La muestra estuvo constituida por 60 profesionales, incluyendo abogados profesionales que representaban a los acusados o a las víctimas en procesos judiciales, aportando su conocimiento sobre el marco legal y los derechos de los individuos, como también jueces o autoridades judiciales que tomaban decisiones sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, así como sobre las medidas a aplicar en función de la imputabilidad; de igual modo, se contó con la colaboración de psicólogos, expertos en salud mental que evaluaban el estado psicológico de los acusados y su capacidad para ser considerados responsables de sus acciones (López et al., 2022). Se utilizó un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple para seleccionar a los participantes de la muestra. Al seleccionar aleatoriamente a los profesionales, se aseguró que cada individuo tuviese la misma probabilidad de ser incluido, lo que aumentó la validez y la generalización de los hallazgos.

En el presente artículo científico, se emplearon técnicas como la encuesta, con su respectivo instrumento (cuestionario). El procedimiento estadístico de los resultados que reflejaron la totalidad de las encuestas en la plataforma de “Google forms”, se hizo de manera intermitente, por frecuencia relativa, apegándonos al porcentaje de respuestas que arrojaba cada pregunta.

La confidencialidad y la libertad de opinión fueron claves en el desarrollo del presente artículo.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en base a las respuestas dadas por los entrevistados, según sus experiencias.

Pregunta 1: ¿Cree que la legislación ecuatoriana actual proporciona suficientes mecanismos para evaluar la imputabilidad de individuos con trastornos mentales temporales?

De los resultados de la tabla 1, se concluye que el 60% de los encuestados considera que la legislación ecuatoriana actual no proporciona suficientes mecanismos para evaluar la imputabilidad de individuos con trastornos mentales temporales. Esto sugiere una percepción generalizada que considera al sistema legal poco preparado para abordar adecuadamente las complejidades de estos casos, lo que podría llevar a injusticias en el tratamiento de personas con problemas de salud mental. En contraste, el 40% que sí cree que la legislación es suficiente refleja una visión más optimista sobre la capacidad del sistema para manejar estas situaciones.

Tabla 1.

Mecanismos para evaluar la imputabilidad de individuos con trastornos mentales. Temporales.

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Si	24	40%
No	36	60%
Total	60	100%

Fuente: Entrevistas a los profesionales.

Pregunta 2: ¿Considera que la atención a la salud mental en el sistema de justicia penal ecuatoriano es adecuada para garantizar un trato equitativo a los individuos en situaciones de vulnerabilidad?

Los resultados reflejados en la tabla 2, revelan una fuerte preocupación entre los encuestados, ya que el 85% considera que la atención no es suficiente; esto los conduce a afirmar que el sistema no proporciona el apoyo necesario a las personas con problemas de salud mental en el ámbito penal. Esta alta proporción sugiere que muchos creen que las deficiencias en la atención pueden resultar en un trato desigual y en la vulneración de los derechos de estos individuos. Por otro lado, solo un 15% opina que la atención es adecuada, lo que refleja una visión minoritaria y posiblemente optimista sobre la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de salud mental.

Tabla 2.

Atención a la salud mental en el sistema de justicia penal ecuatoriano.

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Si	9	15%
No	51	85%
Total	60	100%

Fuente: Entrevistas a los profesionales.

Pregunta 3: ¿Es necesario implementar más programas de capacitación para jueces y abogados sobre la intersección entre salud mental y derecho penal en Ecuador?

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Según la tabla 3, del 70% de los encuestados, se concluye que es crucial la implementación de programas adicionales de capacitación en este ámbito, lo que sugiere que existe una amplia necesidad de profundización del conocimiento de profesionales del derecho para gestionar de manera efectiva los casos que involucran cuestiones de salud mental. Por otro lado, solo un 30% opina que no es necesario aumentar la capacitación, lo que indica que este grupo más reducido puede sentirse conforme con el nivel actual de formación disponible.

Tabla 3.

Implementación de programas adicionales de capacitación.

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Si	42	70%
No	18	30%
Total	60	100%

Fuente: Entrevistas a los profesionales.

Pregunta 4: ¿Está de acuerdo en que se deberían priorizar medidas de tratamiento y rehabilitación en lugar de sanciones penales para aquellos que actúan sin plena capacidad de culpabilidad debido a factores fortuitos?

De acuerdo con la tabla 4, se concluye que el 96% de los encuestados no considera necesaria la priorización de medidas de tratamiento y rehabilitación en lugar de sanciones penales, lo que refleja que el enfoque actual del sistema penal es más adecuado para abordar estos casos. En contraste, solo un 4% de los encuestados respalda la idea de priorizar el tratamiento y la rehabilitación, lo que indica que este grupo es muy reducido y representa una perspectiva que podría limitar la consideración de alternativas más compasivas y efectivas para aquellos que actúan sin plena capacidad de culpabilidad.

Tabla 4.

Priorización de medidas de tratamiento y rehabilitación en lugar de sanciones penales.

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	4%
No	52	96%
Total	60	100%

Fuente: Entrevistas a los profesionales.

Pregunta 5: Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a que un individuo actúe sin plena capacidad de culpabilidad en situaciones fortuitas?

De acuerdo con los resultados de la tabla 5, se concluye que el 56% considera que las condiciones de salud son el principal factor para la falta de capacidad de culpabilidad en situaciones fortuitas (López et al., 2022). Esto sugiere que los problemas de salud mental o física pueden afectar significativamente el comportamiento de los individuos (Loris, 2021). En segundo lugar, un 35% de los encuestados señala la influencia de sustancias como un factor relevante. Esto reconoce que el consumo de drogas o alcohol puede comprometer la capacidad de juicio y la responsabilidad penal de un individuo. Por último, solo un 9% de los encuestados menciona el estrés o presión emocional como un factor determinante. Este bajo porcentaje podría sugerir que, aunque el estrés y la presión emocional son reconocidos como influyentes, no se consideran tan críticos como las condiciones de salud o la influencia de sustancias en la evaluación de la culpabilidad (López et al., 2022).

Tabla 5.

Principales factores que contribuyen a una conducta sin plena capacidad de culpabilidad en situaciones fortuitas.

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Si	32	56%
No	23	35%
Estrés o presión emocional	5	9%
Total	60	100%

Fuente: Entrevistas a los profesionales.

DISCUSIÓN

En el marco de la responsabilidad penal, el concepto de imputabilidad constituye un tema central para la comprensión de la teoría del delito. Por lo tanto, la facultad de comprender el alcance de las acciones consiste en la capacidad del sujeto para descubrir las causas objetivas de los actos realizados por él y prever el desarrollo y las consecuencias de esas acciones, su sentido y significado social (Agudelo, 2021; Arrias et al., 2022).

Un estudio realizado por Agudelo (2021) declara que cuando hablamos de imputabilidad, nos referimos al nexo imprescindible entre la capacidad mental del individuo y la responsabilidad que se le atribuye por sus acciones, considerando los criterios normativos implícitos del tipo penal. No se trata de eliminar la relación entre la conducta y la responsabilidad, sino de otorgar un sentido objetivo a dicha responsabilidad; en cierta forma, se busca depurar y seleccionar normativamente las condiciones relevantes que han sido determinantes para atribuir responsabilidad al autor por el resultado lesivo descrito en la norma.

La imputabilidad no solo se centra en la acción en sí, sino también considera el contexto en el cual se produce dicha acción. Desde esta visión, se define la imputabilidad como el grado mínimo de capacidad de autodeterminación exigido por el ordenamiento jurídico para la responsabilidad penal. Sin embargo, en la práctica, esta capacidad de autodeterminación puede verse comprometida por diversos factores, como trastornos mentales, condiciones emocionales extremas, o influencias externas que alteren el juicio del individuo.

Además, con los resultados obtenidos de la encuesta, se planteó la necesidad de un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodean cada caso, para determinar si el individuo actuó con plena capacidad de culpabilidad (López et al., 2022). Esto resalta la importancia de considerar los criterios normativos implícitos en el tipo penal, lo que implica que la imputabilidad no puede ser evaluada de manera aislada, sino en el contexto de las circunstancias que rodean cada caso.

CONCLUSIONES

En el transcurso de la investigación sobre “La imputabilidad penal en casos fortuitos que priven parcialmente la conciencia en los individuos” se concluye que la legislación ecuatoriana, a través del Código Orgánico Integral Penal y la Constitución, establece un marco normativo que reconoce la importancia de la salud mental en la evaluación de la imputabilidad. Esto es fundamental para garantizar que las personas con trastornos mentales reciban un tratamiento justo y equitativo en el sistema de justicia (Mendoza, 2024; Vargas, 2021).

Al realizar un diagnóstico en el ámbito de la justicia penal en Ecuador, se ha comprobado que la comprensión sobre la imputabilidad penal en casos fortuitos ha ido evolucionando entre jueces, abogados y profesionales de la salud mental. Sin embargo, persisten prejuicios y resistencias en la aplicación de las normativas que consideran la salud mental y los factores fortuitos en la evaluación de la culpabilidad (Vargas, 2021; López et al., 2022).

A pesar de reconocerse la relevancia de los factores fortuitos en la evaluación de la imputabilidad penal, persisten deficiencias tanto en la legislación como en su aplicación práctica. Muchos profesionales opinan que la normativa vigente carece de mecanismos adecuados para evaluar la imputabilidad de los individuos, lo que puede conducir a un trato desigual y a la vulneración de sus derechos (Vargas, 2021).

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales involucrados en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSUNTALDAS

Agudelo, J. (2021). Causalidad e imputación. La coherencia interna de la teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad civil. Revista de Derecho Privado, num. 41, 2021, pp. 321-353. Disponible en:https://n9.cl/yxvrg

Arrias, J., Atencio, R. & Pupo, A. (2022). Análisis socio-jurídico sobre la imputación penal objetiva y dominio de hecho. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, vol. 10, núm. 1, pp. 1-18. Disponible en: https://n9.cl/q8w45

Código Orgánico Integral Penal. Serie justicia y derechos humanos. Neoconstitucionalismo y sociedad. 10 de febrero de 2014 (Ecuador).

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. Art. 35. 13 de julio de 2008, reformada en 2011. (Ecuador).

Hernández, F. (2015). La imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal. Med. leg. Costa Rica [Internet], 32(2), pp. 83-97. Disponible en: https://n9.cl/kbxp

López, Y., Sánchez, D., Cajas, J. & Ortiz, W. (2022). La culpabilidad prescindible como elemento, en la estructura del delito. Revista Universidad y Sociedad, 14(6), pp. 278-289. Disponible en: https://n9.cl/b5uhjd

Loris, D. N. (2021). Algunas consideraciones sobre la disciplina del caso fortuito en el ordenamiento indiano. Andamios, vol. 18, núm. 45, pp. 415-433. Disponible en: https://n9.cl/f1pgb

Mendoza, E. (2024). Efectos de la imposición automática de la pena de inhabilitación definitiva. IustitiaSocialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, vol. 9, num. 16, pp. 34-47. Disponible en: https://n9.cl/0xct9w

Torres, A. & Bedoya, P. (2024). Implicancias jurídicas del modelo social de discapacidad en la imputabilidad penal. Derecho PUCP, núm. 92, 2024, pp. 171-208.Disponible en: https://n9.cl/l7nlb

Vargas, T. (2021). ¿Una discusión resucitada? El caso fortuito incompleto y los antecedentes históricos del versari in re illicita en Chile. Revista de estudios histórico-jurídicos, núm. 43, pp. 751-777. Disponible en: https://n9.cl/ilk6q

Villanueva, R. (2025). La edad de imputabilidad penal y la protección de la niñez en el contexto peruano. IustitiaSocialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, vol. 10, num. 18, pp. 64-76. Disponible en: https://n9.cl/wyxog

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