INTRODUCCIÓN
El principio de legalidad es un concepto clave en la construcción y consolidación de instituciones democráticas; este implica que todas el accionar del Estado debe responder a normas jurídicas y ser realizadas de acuerdo con procedimientos establecidos, lo que garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. Según Aponte (2022), este principio constituye la estructura que sustenta la ley y es uno de los fundamentos esenciales del derecho público y del Estado moderno (Torres & Cruz, 2022). Las instituciones democráticas deben tener claro este principio.
En la actualidad, el principio de legalidad sigue siendo un tema clave para evaluar la fortaleza y resiliencia de las democracias, especialmente en contextos globales marcados por el resurgimiento del autoritarismo y la crisis de los valores democráticos. A pesar de los avances en legislaciones y constituciones, la aplicación del principio de legalidad sigue siendo inconsistente, lo que pone en riesgo la democracia debido a la concentración de poder y la manipulación política. Este principio actúa como un límite para evitar abusos de poder y asegura que los ciudadanos no vivan en la confusión debido a la falta de leyes claras o a leyes ambiguas (Fernández, 2021). Este principio también ayuda a que la sociedad busque justicia, ya que, al conocer las prohibiciones, las personas actúan con cautela y respetan la norma (Huertas, 2022).
Los antecedentes del principio de legalidad se remontan a filósofos, quienes en el siglo XVIII subrayan la importancia de la ley como freno al poder del Estado y protector de la libertad individual en una democracia. Este principio se deriva de postulados de la Revolución Francesa (Aguilera, 2021). En Ecuador, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Sin embargo, aunque el principio de legalidad está reconocido, su implementación enfrenta desafíos, lo que debilita las instituciones y socava la confianza ciudadana. La importancia de esta investigación es dar un entendimiento de cómo el principio de legalidad aporta a la consolidación democrática de las instituciones, identificando debilidades en el sistema legal, especialmente en contextos donde la corrupción y la politización de las instituciones son desafíos. Puesto que, la democracia moderna depende de un control adecuado en sus instituciones, ya que la falta de este control, vinculado al principio de legalidad, puede llevar a la autodestrucción del sistema democrático (Lombardero, 2024).
Lo analizado permite identificar el siguiente problema: limitaciones en la implementación del principio de legalidad en la consolidación de instituciones democráticas en contextos donde representan desafíos significativos que afectan su aplicación efectiva. El objetivo general fue analizar la importancia del principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas, para informar acerca de un Estado de Derecho efectivo en Ecuador. En la presente investigación, se estudió el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas, debido a las limitaciones que afectan su aplicación efectiva.
MÉTODO
Se desarrolló una investigación a partir de la modalidad cualitativa, la cual permitió analizar en detalle los factores más relevantes del principio de legalidad, proporcionando una comprensión detallada del mismo en la realidad social. La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se analizaron los rasgos del objeto de estudio: el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas, definiendo cómo es y cómo se manifestaba en la realidad. Se acudió a un diseño no experimental, puesto que no se controlaron las variables y, a través de la observación y examen de los hechos en el entorno que se estudió, se pudo llegar a obtener resultados y conclusiones. Se desarrolló un estudio transversal, dado que tuvo un periodo determinado para la recolección de datos, de enero a febrero de 2025.
Se emplearon métodos de investigación del nivel teórico, iniciando con el método de análisis – síntesis, el cual permitió descomponer el fenómeno (el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas) para luego sintetizar y asociar los hallazgos. Posteriormente, se usó el método inductivo – deductivo, el cual permitió examinar lo particular para llegar a lo general, es decir, del estudio de casos particulares poder llegar a establecer generalizaciones. Finalmente, el método histórico – lógico, el cual condujo a estudiar la trayectoria y cómo ha evolucionado hasta la actualidad el objeto de estudio, comprendiendo así, las características generales.
Por otra parte, se usó el método de investigación del nivel empírico, puesto en práctica mediante la entrevista; la cual consistió en una técnica que permitió conocer sucesos, experiencias y opiniones sobre el objeto de estudio: el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas. Se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada, donde se hizo uso de preguntas abiertas para así obtener más información de los entrevistados.
Como instrumento, se usó la Guía de Entrevista previamente preparada, la cual estuvo conformada por el objetivo, la estructura de realización (parte inicial, parte intermedia y parte final) y las preguntas abiertas.
Es así como se manifestó la relación entre los métodos teóricos, los cuales permitieron comprender, de manera conceptual, el fenómeno y, los métodos empíricos que, a través de la entrevista, posibilitaron la recolección de datos a partir de las experiencias y opiniones de los ciudadanos, logrando así desarrollar la investigación sobre el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas en base a la realidad actual.
La población de esta investigación estuvo integrada por juristas del cantón Ibarra, en el periodo enero – abril de 2025. Se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico, donde se establecieron características dadas con una intencionalidad para escoger informantes clave, es decir, sujetos tipo. Los informantes escogidos para esta investigación fueron 5 juristas que contaban con un título profesional de cuarto nivel, 4 años mínimo de experiencia, que se desempeñaran en el ámbito del derecho constitucional y que, sobre todo, estuvieran dispuestos a participar y a aportar información verídica a la investigación.
RESULTADOS
Se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada, la cual permitió recopilar información relevante para la investigación, a través de un muestreo de tipo no probabilístico, en donde se seleccionó de manera intencional cinco informantes clave expertos en el ámbito del derecho constitucional, de modo que, se obtuvo la información requerida; los resultados se analizan a continuación:
Según la figura 1, en cuanto a la pregunta relacionada con el reflejo del principio de legalidad en la Constitución actual, se obtiene que este principio es fundamental en un Estado de Derecho, ya que establece que todo acto o contrato debe estar regido por la ley dentro de un territorio determinado, destacando que la ley es superior a cualquier otra disposición. Por lo tanto, se entiende que el principio de legalidad debe estar presente en la normativa constitucional, de lo contrario, habría inseguridad jurídica, arbitrariedad en el ejercicio del poder y falta de control sobre el Estado. En base a este análisis, se elabora la siguiente categoría: la Constitución contiene el principio de legalidad.
Figura 1. Principio de legalidad en la Constitución actual.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la figura 2, al indagar sobre la influencia del principio de legalidad en la creación de instituciones democráticas, se resalta que este no es simplemente un factor influyente, sino, que es el fundamento esencial y el hecho generador que permite la existencia de estas instituciones, por cuanto, garantiza que todos los actos sean legítimos, asegurando que las instituciones se establezcan dentro de la ley. Por lo tanto, el principio de legalidad es el pilar sobre el cual se estructuran las instituciones democráticas, asegurando su legitimidad y funcionamiento dentro del Estado de Derecho. Partiendo de este criterio, surge la siguiente categoría: la base para la creación de instituciones democráticas es el principio de legalidad.
Figura 2. Influencia del principio de legalidad en la creación de instituciones democráticas.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la figura 3, al examinar los principales obstáculos para la creación y consolidación de instituciones democráticas en Ecuador, se identifica que factores como el populismo, el clientelismo y el cooperativismo afectan directamente el desarrollo de un sistema democrático. Estos elementos distorsionan la democracia y dificultan la correcta aplicación del principio de legalidad dentro del Estado de Derecho, ya que influyen en la forma en que se gobierna. De modo que, la existencia de estos obstáculos impide que las instituciones democráticas se establezcan y funcionen adecuadamente. De acuerdo con este criterio, se define la categoría: factores que distorsionan la democracia en instituciones: populismo, clientelismo y cooperativismo.
Figura 3. Obstáculos para la creación y consolidación de instituciones democráticas en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia.
En concordancia con la figura 4, al preguntar sobre la reacción de las instituciones democráticas ante la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas o actos de gobierno, se destaca la falta de acción por parte de los poderes del Estado frente a las violaciones legales. A pesar de que las instituciones deberían actuar conforme a la ley para garantizar el Estado constitucional de derechos, en la actualidad es muy evidente que no se da. Además, la concentración de poder limita la capacidad de las instituciones democráticas para garantizar el respeto a la ley. Considerando este criterio, surge la siguiente categoría: falta de acción por parte de los poderes del Estado ante violaciones legales.
Figura 4. Reacción de las instituciones democráticas ante la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas o actos de gobierno.
Fuente: Elaboración propia.
En concordancia con la figura 5, al preguntar sobre ejemplos de la vulneración del principio de legalidad en Ecuador, se mencionan varios casos, como el de la vicepresidenta Verónica Abad y la situación de Rosalía Arteaga, donde se argumenta que el principio de legalidad y el Estado de Derecho fueron vulnerados. Además, se conoce que, en ocasiones, se presentan "situaciones en blanco" o vacíos legales en el país, que permiten que se infrinja la Constitución y afecten la consolidación de instituciones democráticas. Esta situación refleja la falta de respeto a la normativa del país, lo que debilita las instituciones democráticas al crear un ambiente de inseguridad jurídica y arbitrariedad. Basándose en este criterio se genera la categoría: vulneración del principio de legalidad y sus consecuencias en la institucionalidad democrática.
Figura 5. Ejemplos de vulneración del principio de legalidad en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta los resultados, se elabora un análisis jurídico sobre el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas, para examinar la importancia de respetar la ley en el reforzamiento de la estructura democrática, y al mismo tiempo, identificar los factores que inciden en su desarrollo. Este análisis consiste en revisar si las normas y procedimientos son aplicados de manera justa y equitativa, y si las instituciones operan dentro del marco legal para que exista un Estado de Derecho (Castellà, 2022).
En la Constitución de la República del Ecuador, el Artículo 226 establece que el principio de legalidad es esencial para la construcción de instituciones democráticas, debido a que el Estado, sus instituciones y autoridades deben actuar dentro del marco legal, garantizando transparencia, seguridad jurídica y respeto a los derechos ciudadanos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esto fortalece el Estado de Derecho y previene el abuso de poder, asegurando el correcto funcionamiento de la democracia. Además, este principio permite que las instituciones operen con legitimidad y confianza, promoviendo la estabilidad institucional y el desarrollo del país. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario, puesto que, se detectan limitaciones en la implementación de dicho principio representando dificultades en la democracia institucional y vulneración a la ley establecida.
Este análisis jurídico es importante para comprender el papel del principio de legalidad en pro de alcanzar la democracia en Ecuador. Se han identificado los alcances y limitaciones de su aplicación en la gestión pública y en el ejercicio del poder. Por lo tanto, la participación ciudadana es clave para asegurar su respeto y el desarrollo de la democracia porque permite el control y vigilancia del ejercicio del poder y fortalece la legitimidad de las instituciones democráticas.
DISCUSIÓN
El estudio realizado sobre del principio de legalidad en la normativa ecuatoriana indica que en la Carta Magna se encuentra estipulado dicho principio. Estos argumentos expresados coinciden con la Constitución de la República de Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2008), pues en el Artículo 226 hace mención que todas las instituciones del Estado solo pueden actuar conforme a la ley y competencias que les otorgan la Constitución y las leyes. Es decir, su actuación debe estar estrictamente regulada por el marco legal vigente, evitando arbitrariedades o abusos de poder.
La investigación muestra que el principio de legalidad no solo influye, sino que es la base para la creación de instituciones democráticas, asegurando que las instituciones se establezcan dentro de un marco normativo. Este argumento conduce a afirmar que para prevenir abusos de poder y arbitrariedades por parte de las instituciones o quienes lo ejercen, es esencial que sus acciones se rijan por el principio de legalidad, ya que este constituye la base fundamental del Estado de Derecho.
Se determinan como factores que inciden en la democracia: populismo, clientelismo y cooperativismo; ya que impiden que las instituciones democráticas se establezcan y funcionen adecuadamente. Esto coincide con lo manifestado por Quintero et al. (2021), quienes expresan que, según los informes institucionales, la democracia, la soberanía y la autodeterminación están seriamente amenazadas debido a la influencia del autoritarismo, el clientelismo y el populismo, factores que debilitan el sistema democrático.
Existe la falta de acción por parte de los poderes del Estado frente a las violaciones legales, lo que genera un debilitamiento del Estado de Derecho. Esto coincide con Escudero (2021) quien señala que, en la práctica, no es viable la participación de la población en situaciones de este tipo, lo que demuestra que las demandas interpuestas por ciudadanos no suelen ser aceptadas. En la realidad, no cumple con su propósito de permitir a la población impugnar normas inconstitucionales, ya que sus solicitudes no prosperan.
Las instituciones deben actuar conforme a la ley para garantizar el Estado constitucional de derechos, el uso inadecuado de los mecanismos de control normativo puede debilitar la democracia y generar inseguridad jurídica. Lo expresado coincide con Espinosa & Balarezo (2023) pues mencionan como un instrumento constitucional a la Acción de Inconstitucionalidad en Ecuador, el cual otorga una amplia facultad de participación a diversos actores para ejercer el Control Constitucional, con el objetivo de fortalecer la democracia.
La vulneración del principio de legalidad en Ecuador impacta negativamente en la consolidación de instituciones democráticas, afirmando que, en algunos casos, esta problemática se debe a los vacíos legales existentes en el país, los cuales permiten que se infrinja la Constitución. Este criterio coincide con lo señalado por Buenaño et al. (2023), quienes afirman que la inseguridad jurídica facilita la interpretación libre por parte del poder ejecutivo y legislativo, esto implica que las decisiones que deberían basarse en un marco normativo legal son usualmente tomadas de manera subjetiva, generando desigualdades en la aplicación de la ley, por lo que las condiciones de democracia de Ecuador se ven vulneradas constantemente.
CONCLUSIONES
El principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su Artículo 226, el cual establece que las instituciones del Estado, los órganos y funcionarios públicos deben atenerse a lo estipulado legalmente. Esto significa que el principio de legalidad es la base para la democracia institucional y un Estado de Derecho, ya que garantiza que las acciones del Estado estén sujetas a normas jurídicas preexistentes, evitando abusos de poder y protegiendo los derechos ciudadanos.
A partir del diagnóstico realizado, a través de la Entrevista, se evidencia que el marco normativo vigente dicta sobre el principio de legalidad en la construcción de instituciones democráticas, sin embargo, en la práctica se identifican importantes limitaciones en Ecuador, debido a factores como: populismo, clientelismo y cooperativismo, generando de este modo, inacción institucional ante violaciones legales y creando vacíos normativos que debilitan la estructura democrática.
El análisis jurídico elaborado menciona que, en la realidad, se detectan limitaciones en la implementación del principio de legalidad, representando dificultades democráticas y vulneración a la ley establecida, para lo cual, el mecanismo de participación ciudadana contribuye al cumplimiento de dicho principio y fortalece la legitimidad de las instituciones democráticas al darle a los ciudadanos la capacidad de vigilar y controlar las decisiones del Estado, ya que, a través de un compromiso real con la legalidad, se podrá fortalecer la democracia y garantizar el desarrollo institucional del país.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A todos los factores sociales involucrados en el desarrollo de esta investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Aguilera, C. (2021). Naturaleza jurídica de las multas en la contratación administrativa: Algunas reflexiones sobre la autoridad administrativa y el principio de legalidad. Revista chilena de derecho, (2), 2021, pp. 1-26. Disponible en: https://n9.cl/1k1kj
Aponte, J. (2022). Crisis del principio de legalidad: discusión recurrente pero necesaria en América Latina. Revista de políticas y problemas públicos. E&c [online], (14), pp. 95-111. Disponible en: https://n9.cl/o6dc1c
Buenaño, W., Del Pozo, J. & Gaspar, M. (2023). Vulneración de derechos constitucionales a causa de la muerte cruzada en el Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 8(1), pp. 71–83. Disponible en: https://n9.cl/dm4c32
Castellà, J. (2022). «Estado de Derecho e Independencia Judicial según La Comisión de Venecia». Estudios De Deusto, 70 (1), pp. 35-53. Disponible en: https://n9.cl/sl3yza
Constitución de la República del Ecuador [Const.]. Art. 226. 13 de julio de 2008, reformada en 2011. (Ecuador).
Escudero, J. (2021). La legitimación activa “popular” y la tutela efectiva en la acción de inconstitucionalidad en Ecuador. Revista Jurídicas, (1), 2021, pp. 56-73. Disponible en: https://n9.cl/k7nck
Espinosa, P., & Balarezo, O. (2023). Acción de inconstitucionalidad de actos normativos en Ecuador. Universidad y Sociedad, (6), 2023, pp. 427-437. Disponible en: https://n9.cl/70tdi
Fernández, H. (2021). Repensando el principio de legalidad penal: sociedad de riesgo, crisis y relativización. Revista de la Facultad de Derecho, (50), 2021, pp. 83-97. Disponible en: https://n9.cl/0iu7l
Huertas, O. (2022). El principio de legalidad en Colombia, su monopolio y las posibilidades de flexibilización. Revista Logos Ciencia & Tecnología, (1), 2022, pp. 120-131. Disponible en: https://n9.cl/n76xd
Lombardero, J. (2024). La esencia y el valor de la democracia en Hans Kelsen. Consinter. Revista de Derecho Internacional, (18), 2024, pp. 179-202. Disponible en: https://n9.cl/w8fh9j
Quintero, J., Baleta, E. & Rodríguez, R. (2021). Perspectivas Institucionales sobre la democracia en América Latina en los tiempos actuales. Tabula Rasa, (37), pp. 2017-2033. Disponible en: https://n9.cl/w8kqx
Torres, H. & Cruz, D. (2022). La aplicación de justicia restaurativa en Colombia y la no vulneración del principio de legalidad penal. Revista Saber, Ciencia y Libertad, (1), 2022, pp. 175-198. Disponible en: https://n9.cl/eix9u
©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).