INTRODUCCIÓN

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una de las manifestaciones más graves de vulneración a los derechos humanos y representa un desafío persistente para los Estados, los sistemas legales, las instituciones educativas y las familias. El actual problema no solo atenta contra la integridad física y psicológica de los niños y niñas que son víctima de la violencia sexual, sino que deja una huella profunda en su desarrollo emocional, social y académico. La infancia es una etapa en la que se deben garantizar entornos protectores y seguros; sin embargo, la realidad demuestra que, en muchos contextos, estos espacios están permeados por prácticas abusivas y silencios institucionales.

En lo internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS,2021; OMS, 2017) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2023) han advertido sobre el aumento de los casos de abuso sexual infantil, especialmente en contextos donde hay desigualdad, pobreza, falta de educación y estructuras sociales debilitadas. En América Latina, se estima que entre el 50% y el 60% de los casos de abuso sexual infantil no se denuncian, y que el agresor, en la mayoría de las veces, forma parte del entorno cercano de la víctima (UNICEF, 2023). Esta situación es aún más crítica en zonas rurales o periféricas, donde la falta de información, el miedo a represalias y la naturalización de ciertos comportamientos impiden que las víctimas reciban protección oportuna.

En el caso de Ecuador, el marco legal ha avanzado considerablemente con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el abuso sexual como delito y establece sanciones agravadas cuando las víctimas son menores de edad. También se cuenta con el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador (Congreso Nacional del Ecuador,2003) que promueve el interés superior del niño como principio rector en toda actuación pública o privada. No obstante, las estadísticas siguen revelando una realidad alarmante. Según datos del Ministerio de Educación (2019), más de 3.000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar fueron registrados en los últimos cinco años, lo que demuestra una alarmante vulnerabilidad de la niñez incluso dentro de los espacios institucionales destinados a su formación y resguardo.

La prevención de la violencia sexual es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas, las familias y la comunidad (Ministerio de Educación del Ecuador, 2024, p.15). Es decir que todas las personas que forman el circulo social de los niños y niñas que sufren de abuso sexual tenemos responsabilidad por lo que ellos pasen, dado que es nuestra mayor responsabilidad cuidar de las personas más vulnerables que en este caso son los niños y niñas.

En este marco, el sector “La Paz” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, no escapa de esta problemática. Durante el año 2024, se han registrado al menos 23 casos de abuso sexual infantil, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes y ha puesto en evidencia la debilidad de los mecanismos de prevención, atención (Concejo Cantoral de Babahoyo). Esta comunidad enfrenta factores estructurales como el desconocimiento de los derechos de los niños, la falta de capacitación de los actores sociales clave (docentes, autoridades, familias) y una respuesta institucional insuficiente. La escasez de rutas claras de denuncia, el temor a represalias y la revictimización durante los procesos judiciales también contribuyen a que muchos casos no lleguen a conocerse ni a judicializarse.

En este sentido, el presente trabajo reviste una gran importancia, ya que tiene como finalidad proponer estrategias legales para prevenir el abuso sexual infantil en el sector “La Paz” del cantón Babahoyo, partiendo del análisis del marco normativo vigente en el Ecuador y considerando las particularidades sociales y culturales de la comunidad estudiada. Este estudio se plantea como un esfuerzo por fortalecer la protección jurídica de los menores, promover una cultura de denuncia y sensibilización, y articular mecanismos de intervención desde el enfoque de derechos humanos.

Para lograr este propósito, se plantean objetivos que ayuden a reducir estos casos de abuso sexual infantil en la zona, Analizar doctrinariamente la prevalencia del abuso sexual infantil en el sector “La Paz”, e identificar los factores de riesgo, la relación entre víctimas y agresores, y las condiciones institucionales que inciden en la falta de prevención. Además de diseñar propuestas legales y comunitarias orientadas a mejorar la detección temprana, la atención integral a las víctimas y la sanción efectiva de los agresores.

Este trabajo no solo busca generar conocimiento académico, sino también producir un impacto social real, al visibilizar una problemática dolorosa pero urgente, y al contribuir con herramientas concretas para la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes en uno de los sectores más vulnerables del país.

MÉTODO

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuali-cuantitativo, ya que combina el análisis descriptivo de la realidad social y legal (cualitativo) con la recopilación y procesamiento de datos estadísticos obtenidos mediante encuestas y registros oficiales (cuantitativo). Este enfoque permite comprender en profundidad la magnitud del problema y, su vez, proponer soluciones establecidas en evidencia.

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, de corte descriptivo y exploratorio. Dado que no se manipulan variables, sino que se observa y analiza la situación tal como ocurre en el contexto real del sector “La Paz”, y a nivel descriptivo, dado que se caracterizan los casos, factores de riesgo y actores involucrados; además se aborda un nivel exploratorio, se indagan aspectos aún poco investigados para proponer alternativas de intervención.

El actual estudio tiene un alcance descriptivo y propositivo, dado que se busca detallar la situación actual del abuso sexual infantil en la comunidad objeto de estudio, identificando causas, y efectos al mismo tiempo plantea estrategias legales y comunitarias orientadas a prevenir este tipo de delito y fortalecer los mecanismos de protección. La población está conformada por habitantes del sector “La Paz”, incluyendo padres de familia, docentes, líderes comunitarios, y la muestra se determinó de forma intencional, considerando a los actores clave para obtener información relevante.

Para la recolección de datos se utilizaron encuestas dirigidas a familias y docentes, observación directa en espacios educativos y comunitarios, así como la revisión de registros oficiales del Ministerio de Educación y de organismos de protección infantil. Estas técnicas permitieron obtener información de primera mano sobre la percepción, frecuencia y factores asociados al abuso sexual infantil en el sector “La Paz”. Los datos cuantitativos se analizaron mediante tablas y gráficos que reflejan la magnitud del problema, mientras que la información cualitativa se obtuvo mediante la observación directa y la investigación de la situación actual de la zona, organizándose en categorías para identificar patrones de conducta, sobre las causas, consecuencias y posibles mecanismos de prevención y denuncia de la violencia sexual infantil.

RESULTADOS

La mayor parte (67,5%) de los encuestados reconoce que el abuso sexual es una de las problemáticas más importantes. Sin embargo, el 32,5% que aún no lo distingue como relevante refleja la persistencia de vacíos de información y sensibilización en la comunidad. Este dato reafirma la necesidad de continuar fortaleciendo programas de educación y prevención para visibilizar las graves consecuencias de este delito.

El 53.75% de las personas encuestadas identifican que la creación de leyes es uno de los principales mecanismos de protección para los niños, niñas y adolescente, demostrando que la mayoría de los participantes confía plenamente en las normativas como una herramienta principal. No obstante, es muy preocupante ver que el 26.25%, de los participantes distinguen que el Estado no brinda una protección efectiva, lo que pone en evidencia la necesidad de el fortalecimiento de las aplicaciones legales, así como de promover políticas públicas más visibles y efectivas.

El 57.5% de las personas que participaron consideran que las medidas legales que existen son suficientes, pero una gran mayoría que es el 42.5% piensa que no lo son, lo que da a reflejar una percepción dividida y la existencia de una grieta la normativa vigente y su implementación práctica. Esta dualidad da a conocer la necesidad de reforzar no solo la legislación, sino que es muy importante la manera de ejecutarla y el seguimiento de la misma.

El 66.2% de las personas opinan que una madre sola no es capaz de garantizar la protección total de un hijo abusado sexualmente, poniendo así en evidencia la necesidad de las redes de apoyo legar y psicológica para los niños, niñas y adolescentes abusados y sus padres.

El 64% del sector “la paz” desconocen que los niños abusados sexualmente tienen derechos, lo que limita la denuncia y esto exige que se refuerce la educación legal en la comunidad para que las personas tengan más conocimiento acerca este tipo de problemática.

El 81.2% de los colaboradores no conocen las leyes sobre el sexual infantil, esta cifra es muy alarmante dado que esto dificulta que las personas denuncien a los agresores y protejan a las víctimas. Con este contexto es fundamental difundir los tramites de la denuncia y cuáles son sus derechos y deberes para así poder cuidar de la población más vulnerable que son las víctimas de abuso sexual infantil en el sector.

El 70% de las personas encuestadas desconocen cómo se juzga a un abusador sexual e incluso muchas de las veces callan, aunque sepan del abuso a las víctimas e incluso culpan a las mismas víctimas de lo sucedido, esto demuestra la urgencia de capacitar a la comunidad sobre los pasos legales.

El 67% de los individuos encuestados, creen que se aplican bien las leyes dentro de las escuelas del sector, pero el 33% no lo percibe de esa manera, aunque sea una cantidad pequeña es igualmente preocupante dado que es la más probable a sufrir este tipo de abusos en su círculo familiar, lo que indica que se debe reforzar el control y el seguimiento de los protocolos en los casos de abuso sexual infantil.

DISCUSIÓN

El presente estudio reveló resultados contundentes sobre la situación de abuso sexual infantil en el sector “La Paz” del cantón Babahoyo, donde el 67,5% de los encuestados afirmó que el tema del abuso sexual es de alta relevancia, mientras que un 81,3% manifestó no estar familiarizado con las leyes y disposiciones legales que regulan esta problemática. Además, un 64% de los participantes consideró erróneamente que los niños abusados no tienen derechos, lo que evidencia un preocupante desconocimiento generalizado dentro de la comunidad respecto a la protección jurídica de la niñez y adolescencia.

Estos resultados demuestran que, pese a la existencia de un marco legal robusto en Ecuador —como el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) y el Código de La Niñez y Adolescencia, persiste una brecha significativa entre la norma escrita y su aplicación en la práctica. Este hallazgo coincide con lo señalado por (campos et al.,2019; Jiménez Quincha,2002) en su estudio sobre violencia infantil en comunidades rurales del litoral ecuatoriano, donde se concluyó que el desconocimiento normativo y la baja educación legal son factores que impiden la detección y denuncia oportuna de los casos de abuso sexual. La percepción ciudadana identificada en el sector “La Paz” también coincide con investigaciones realizadas por Guerrero y Salazar (2020), quienes concluyeron que la mayoría de los actores comunitarios, incluidos padres de familia y docentes, carecen de capacitación para identificar signos de abuso sexual en niños y adolescentes (Goza Quito, 2024; Conde Morocha, 2019; Universidad del Azual, 2024).

En el presente estudio, más del 57% de los encuestados expresó que las medidas legales existentes no son suficientes para proteger a los menores del sector, lo cual reafirma que, más allá de la ley escrita, se necesita implementar estrategias de prevención sostenidas, campañas educativas y una reforma profunda en la actuación institucional.

Otro hallazgo importante es que un 66,3% de los encuestados no considera que las madres puedan proteger adecuadamente los derechos de los hijos abusados sexualmente. Este dato puede relacionarse con la persistencia de estereotipos de género, la sobrecarga del rol materno en contextos vulnerables y el miedo a represalias por parte del agresor, especialmente si este pertenece al círculo familiar cercano. Según el informe de UNICEF (2021), en América Latina más del 70% de los agresores sexuales de niños y niñas son familiares o personas del entorno inmediato, lo cual complica aún más la denuncia y la intervención oportuna.

A pesar de ello, el 72,2% de los encuestados cree que se aplican adecuadamente las leyes existentes en las instituciones educativas, lo cual podría indicar una percepción positiva del accionar legal en espacios escolares. No obstante, esto puede contrastar con la práctica real, ya que el Ministerio de Educación del Ecuador (2022) ha documentado más de 3.000 casos de abuso sexual en entornos educativos entre 2017 y 2022, y muchos de ellos no han tenido seguimiento judicial o reparación integral para las víctimas.

La literatura científica reciente también ha abordado esta dualidad entre ley y realidad, en su estudio sobre la efectividad de la política pública de protección infantil en el país, advierte que la implementación de las normas suele verse obstaculizada por la falta de recursos humanos, la descoordinación interinstitucional y la ausencia de protocolos actualizados en zonas rurales y urbanas periféricas, como el sector “La Paz”.

Asimismo, la comparación con estudios realizados en países de la región, como Perú, Colombia y México, demuestra que los desafíos son similares: leyes avanzadas, pero con debilidades estructurales para ejecutarlas eficazmente. En Colombia, por ejemplo, encontraron que la mayoría de los programas de prevención del abuso sexual infantil se desarrollan en zonas urbanas y no alcanzan a las comunidades más vulnerables, reproduciendo así una desigualdad en el acceso a la protección.

En este sentido, los resultados de este estudio refuerzan la necesidad de establecer un sistema de prevención más sólido, basado en la educación jurídica comunitaria, la capacitación obligatoria del personal docente y de salud, y la creación de redes de apoyo que involucren tanto a instituciones del Estado como a organizaciones civiles y líderes comunitarios.

Es importante resaltar que uno de los principales aportes de este trabajo es la identificación de vacíos concretos en la aplicación de la ley en un sector específico como “La Paz”, lo que permite pensar en soluciones prácticas adaptadas al contexto local. Esta aproximación desde lo territorial es clave para lograr intervenciones eficaces y sostenibles.

CONCLUSIONES

Se concluye que la violencia sexual infantil en el sector “La Paz” es una problemática real y alarmante, que afecta gravemente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. La falta de información y rutas claras de denuncia agravan la situación. El análisis permitió evidenciar que la mayoría de los casos se mantienen en silencio por miedo, desconocimiento y desconfianza en las instituciones encargadas de la protección infantil. Por ello, es indispensable fortalecer la prevención mediante estrategias legales, capacitación comunitaria y acompañamiento a las víctimas, promoviendo una cultura de denuncia y protección efectiva de los derechos de la niñez.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional de Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal, Quito: Lexis. https://n9.cl/s1o44

Congreso Nacional del Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. https://n9.cl/y13e

ONU. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño Naciones Unidas. https://n9.cl/ya1pf

Organización Mundial de la Salud. (2017). Violencia contra los niños. https://n9.cl/n8sqx

Conde Morocho, V. E. (2019). Prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. Repositorio UNL. https://n9.cl/t40zv

Ministerio de Educación del Ecuador. (2019). Guía de prevención de violencia sexual en las familias. https://n9.cl/xo7la

Ministerio de Educación del Ecuador. (2024). Política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo 2024–2030. https://n9.cl/b4h0u

OMS. (2021). Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Ecuador. https://n9.cl/gn9t1

Jiménez Quincha, G. (2022). Programa piloto de intervención psicoeducativa para la prevención del abuso sexual infantil. U-Mores, Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Israel, 8(1), 1–13. https://n9.cl/qylywo

Gonza Quito, J. y Cachumba Alquinga, J. (2024). Análisis documental del abuso sexual en instituciones educativas de Ecuador: patrones, factores y respuestas institucionales. Retos de la Ciencia, Revista Científica Multidisciplinaria, 8(2), 115–130. https://n9.cl/0g8hq

Universidad del Azuay. (2024). Proyecto de vinculación: Edu-entretenimiento para prevenir el abuso sexual infantil. https://n9.cl/j1x0a

UNICEF Ecuador. (2023). Material educativo para prevenir el abuso sexual contra los niños y niñas. https://n9.cl/7vpivu

Campos Carbo, J. E., López Soria, Y., & García Segarra, H. G. (2025). La prevención de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en unidades educativas del Ecuador. Opuntia Brava, 17(1), 225–241. https://n9.cl/9j2es

Concejo Cantonal de Babahoyo. (2024). Ordenanza de prevención, atención y erradicación de violencia de género. https://n9.cl/1i0f7

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