INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas de este siglo y más difundido que afectan la salud del hombre, lo es sin duda el consumo indebido de drogas, fenómeno social ampliamente difundido por el mundo. Por las múltiples implicaciones y consecuencias que lleva aparejado, su trascendencia actual y perspectivas sobrepasan los límites de la Salud Pública, para convertirse en un problema interdisciplinario, participativo, de urgente búsqueda de soluciones, mediante la investigación, acción y participación desde la propia comunidad (Martínez et al., 2005).

La adicción a drogas es un trastorno mental que puede llegar a ser de tipo crónico y reiterativo, caracterizándose por un componente principal llamado la impulsividad. El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia de las estrategias en rehabilitación para la salud mental de pacientes en adicción a drogas; para ello se llevó a cabo una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados (Meneses, 2021).

Las drogas en sus diferentes manifestaciones han invadido nuestro entorno. Se trata de un fenómeno de múltiples facetas que incluye las etapas de producción, tráfico, distribución, consumo y dependencia; afectan a todos los grupos de la población y tienen implicaciones importantes para la salud pública de la nación. El problema requiere de enfoques novedosos que permitan enfrentar un problema complejo y cambiante. El objetivo de este ensayo es presentar una propuesta para la atención del problema de las adicciones desde un enfoque de salud pública y definir sus alcances y limitaciones frente a los retos que el fenómeno presenta, especialmente para la formulación de políticas (Medina Mora eta al., 2013).

Bajo una política de control social dirigida desde la “guerra contra las drogas” que lidera Estados Unidos de Norteamérica, nuestra legislación antidrogas ha asumido la tarea de ponerlo todo, creando falsas concepciones sobre una sociedad de riesgo. Una legislación que transgrede la Constitución y violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la falta de análisis del principio de lesividad en la conducta tipificada como tenencia o posesión de drogas, que más allá de no solucionar el problema del consumo, termina siendo la figura ideal para cubrir desde la venta hasta el mismo consumo, criminalizando al eslabón más frágil de toda la cadena (Vivanco Murillo, 2013).

El microtráfico de drogas: distribución sistemática y clandestina de pequeñas cantidades de las sustancias estupefacientes, es una de las formas del crimen organizado más complejas y sigilosas de Ecuador. En el cantón Babahoyo, se ha constituido como un fenómeno de alta prevalencia que se ha desbordado hacia lo social, en este caso, afectando de forma intensa los espacios públicos, familiares, comunitarios y educativos. El microtráfico de drogas reviste carácter importante por las múltiples afectaciones que produce en la sociedad, en la convivencia ciudadana, en la estructura familiar, en el incremento de la violencia, en el desplome de los espacios, lugares o entornos escolares.

El microtráfico de drogas ha tenido una gran incidencia en nuestra sociedad. Cabe destacar que este fenómeno se ha hecho visible desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días, afectando al grupo más vulnerable, la niñez y la adolescencia, tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro Estado ecuatoriano, se ha prohibido la criminalización del consumidor de drogas; sin embargo, se han establecido penas privativas de libertad para cualquier persona que se encuentre en posesión de cualquier tipo de sustancia estupefaciente. En nuestro sistema legal, trabajamos en conjunto con la vigilancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador para intentar reducir el tráfico de estupefacientes que se produce mediante la distribución de drogas por diferentes vías, como aéreas, terrestres y marítimas (Rodríguez Moran, 2021).

El microtráfico es fenómeno de gran complejidad que afecta a gran parte de la población de Riobamba, tanto que, los indicadores de violencia y delincuencia se han incrementado en los últimos años. De modo puntual, afecta a niños, jóvenes y adolescentes y desemboca en un problema de salud pública, de manera que, si no se previene puede conducir a conflictos familiares y sociales, tales como, desintegración del núcleo familiar, deserción escolar, conflictos laborales y legales, entre otros (García y Muyolena).

El tratamiento de esta problemática no sólo revela su importancia desde el punto de vista penal, sino también como principal vínculo desde un enfoque de derechos, de salud pública y desarrollo social, que tiene relación directa con grupos tradicionalmente vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes en circunstancias de exclusión.

En lo que hace referencia a lo actual, Babahoyo recoge una situación alarmante que guarda relación con los patrones delictivos a nivel nacional o regional; la realidad del microtráfico ha sido potenciando por factores estructurales como el desempleo, la pobreza, la desigualdad u otras características, por redes también de crimen organizado con capacidad de operar transnacionalmente La derogación de la tabla de tenencia personal —con sus inicios mediante la Resolución 001-CO-2013, implementada durante la presidencia de Rafael Correa— ha generado un vacío normativo que ha obstaculizado la distinción legal entre consumidor y traficante.

Este espacio difuso se ha reiterado en la apreciación que han realizado los operadores de justicia, convirtiéndose en un lugar de inseguridad jurídica y en sentencias contradictorias. En el ámbito local, puede afirmarse, según estimaciones, que cerca del 60 % de los hechos de violencia en Babahoyo están relacionados con disputas por microtráfico, mientras que las unidades educativas del cantón han exteriorizado su preocupación por la existencia de expendio y de consumo de drogas en los alrededores de los planteles afectando la salud mental, el rendimiento escolar y la permanencia educativa de los estudiantes de la región. Lo que se constata no es nuevo ni aislado.

La primera es la carencia de un marco legal claro que permita situar correctamente la tenencia de consumo o microtráfico o narcotráfico. Contra lo que cabe esperar, la falta de definición ha provocado diversas contradicciones judiciales, desinformaciones entre los operadores de justicia y procesos que criminalizan al consumidor y no identifican al verdadero distribuidor. La segunda situación sería la insuficiente articulación entre las políticas públicas de salud, educación y seguridad ciudadana. A pesar de que el artículo 364 de la Constitución ecuatoriana reconoce a las adicciones como un problema de salud pública, la respuesta estatal ha sido escasa, dispersa y con escasa cobertura en sectores periféricos.

La tercera situación sería la escasa capacidad de control de los gobiernos locales, a pesar de normas municipales como la Ordenanza Sustitutiva que prohíbe el consumo de drogas, la escasa vigilancia y la ausencia de sanciones han hecho que el microtráfico se haya consolidado como forma parte de la cotidianidad de la ciudad. Y sería a partir de esta situación que este estudio tiene por objetivo general examinar las repercusiones sociales y educativas del microtráfico de drogas en el cantón Babahoyo, porque la idea es poder profundizar en las conexiones de este fenómeno con la comunidad y el sistema educativo local.

En primer lugar, se establece como objetivo específico identificar, a partir de un enfoque de tipo doctrinario-normativo, los factores estructurales, económicos y legales que favorecen la proliferación del microtráfico en la ciudad, atendiendo a un especial contexto local. En segundo lugar, se procura el efecto que el microtráfico tiene sobre la seguridad ciudadana, considerando cómo afecta a la convivencia barrial, la percepción de inseguridad y el funcionamiento institucional. Por último, se busca determinar qué consecuencias produce el microtráfico en el ámbito educativo, estudiando los efectos en la permanencia escolar, el entorno psicosocial de los alumnos y la calidad del aprendizaje, tal como puede servir para ofrecer evidencias que promuevan el diseño de políticas públicas preventivas e inclusivas.

MÉTODO

El actual trabajo de investigación ha sido llevado a cabo bajo la perspectiva de un enfoque mixto, que en esta ocasión combina herramientas y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas para poder alcanzar una visión mucho más global acerca de las repercusiones que tiene el microtráfico de drogas en el cantón Babahoyo. La estrategia metodológica ha sido diseñada con el objetivo de captar tanto datos estadísticos como interpretaciones mediante dicha perspectiva de los actores sociales directamente afectados.

En lo concerniente a los materiales a utilizar, se han empleado encuestas impresas, con un diseño basado en escalas de Likert y preguntas cerradas para medir percepciones ciudadanas sobre el microtráfico, la seguridad pública y la situación educativa. Se utilizó también una base de datos en Microsoft Excel para el procesamiento inicial de los resultados, el mismo que se complementa con el uso del software estadístico SPSS (versión 25) para el análisis cuantitativo de frecuencia y cruces de las variables. En la fase cualitativa se utilizaron guías de entrevista semiestructurada, concretamente para docentes, progenitores y líderes comunitarios.

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las personas participantes y posteriormente transcritas a Word para realizar el análisis de contenido temático. También se recurrió a fuentes normativas, como el Código Orgánico Integral Penal y a la Constitución Nacional del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014; Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador; 2008), ordenanzas municipales de Babahoyo y los documentos de Educación que constituyeron insumos para poner en contexto la problemática desde la legalidad y la institucionalidad.

La población a la que se orientó corresponde a los sujetos habitantes de Babahoyo, que son aproximadamente 170.000, especialmente aquellos que viven en barrios de tipo urbano, como Barreiro, El Mamey y otras áreas de barrio contiguas a las unidades educativas. Se realizó una muestra de 385 personas, seleccionadas por muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

Los criterios de inclusión fueron mayores de edad y residentes permanentes del cantón, con capacidad de ofrecer un juicio informado respecto a la temática. En la dimensión cualitativa se trabajó con 12 informantes clave, seleccionando también por muestreo intencionado, que fueron docentes, directores de planteles, representantes de progenitores e integrantes de la Policía Comunitaria. El tipo de investigación fue descriptiva, exploratoria y de corte transversal, observándose el fenómeno en su medio natural, pues no se manipularon variables, durante el período comprendido entre enero y marzo del año 2024.

Para llegar a la rigurosidad metodológica se aplicó la triangulación entre las fuentes de información (cuestionarios, entrevistas, documentos legales), técnicas (cuantitativas y cualitativas) y actores (ciudadanos, autoridades, comunidad educativa) que la fortificaron. Algunas de las técnicas que se utilizaron fueron: la observación documental para el análisis de leyes, reglamentos, datos secundarios; la encuesta como mecanismo de recolección masiva de datos estructurados; y la entrevista semiestructurada para ayudar a la comprensión de percepciones, experiencias y narrativas sociales del microtráfico.

El análisis de datos cualitativos se realizó a través de codificación abierta y categorías temáticas permitiendo identificar cuestiones y relaciones entre variables estudiadas. En su totalidad, la conjunción de recursos técnicos, de herramientas estadísticas, de fuentes normativas y de testimonios humanos hizo posible construir un diagnóstico sólido y contextualizado sobre los efectos del microtráfico en Babahoyo, con una resolución de la evidencia empírica con análisis doctrinario y legal.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación permiten comprobar que el microtráfico de drogas constituye una circunstancia muy preocupante en Babahoyo, no solo como fenómeno delictivo, sino como una cuestión de fondo que afecta los derechos fundamentales establecidos por la Constitución de la República del Ecuador art. 26, derecho a la educación, así como a la seguridad (art. 393) y la salud (art. 32). Las conclusiones presentan cinco ejes jurídicamente significativos: percepción ciudadana, vulneración del derecho a la educación, eficacia del sistema penal, debilidad del control institucional y propuestas de reforma legal desde la propia ciudadanía.

1. Percepción ciudadana sobre el microtráfico y su relación con el orden público

El 72 % de los sujetos de la muestra ha declarado que ha presenciado de forma directa o indirecta actividades vinculadas con microtráfico o; bien, estas actividades se dan en la propia vida de los sujetos, en este sentido, este porcentaje se encuentra más relacionado con aquellos barrios que comparten el topónimo de El Mamey, Barreiro, La Ventura y zonas próximas a instituciones educativas.

De aquí podemos deducir que el principio fundamental de seguridad jurídica se ve afectado por la presencia continuada de economías ilegales en el espacio público. Y el 64 % de los sujetos afirmaron conocer a personas de su entorno —la mayoría adolescentes— como consumidores o distribuidores, lo que nos permitiría afirmar que se ha dado un proceso de normalización del delito y la falta de algún mecanismo preventivo, lo que pone de manifiesto que el Estado ha incumplido el deber establecido por la norma que garantiza el derecho a una vida libre de violencia (art. 393 CRE).

2. Impacto del microtráfico en la garantía del derecho a la educación

En el ámbito escolar, el 61 % de los encuestados encuentran la existencia de consumo o expendio de drogas en unidades escolares, lo cual atenta contra el derecho a la educación, así como a la libre de riesgos y a los espacios seguros. Los directivos y los docentes manifestaron que los adolescentes son abordados por micro traficantes en los alrededores o, incluso, dentro del propio plantel. En esta situación, se vulnera el principio del interés superior del niño (art. 44 CRE), así como la inacción del Estado de proteger de manera efectiva la protección integral de los niños y de las niñas.

3. Eficacia del sistema penal frente al microtráfico

El 87 % de los encuestados dijo haber presentado situaciones de confusión jurídica entre operadores jurídicos y los ciudadanos debido a la supresión de la tabla de consumo (Resolución 001-CO-2013): casos de personas detenidas con cantidades mínimas que son dejadas en libertad sin mayores investigaciones, otros donde los consumidores son tratados como micro traficantes, etc., implican una utilización desigual del principio de legalidad y tipicidad penal (art. 76.3 CRE); la ambigüedad normativa ha debilitado también al sistema penal provocando un “vacío de interpretación” del principio de la administración de justicia y del derecho al debido proceso.

4. Control institucional y corresponsabilidad del Estado

El 69 % de los encuestados considera que la Policía Nacional no tiene la suficiente base legal ni recursos logísticos para combatir adecuadamente el microtráfico, por otra parte, se han señalado a los gobiernos locales como actores inmovilizados incapaces de aplicar la ordenanza sustituta prohibitiva del consumo en espacios públicos. Esta inacción institucional vulnera el principio de corresponsabilidad en la protección de derechos (art. 11.8 CRE) y menoscaba la soberanía territorial frente a la invención de redes delictivas. Un 53 % de la ciudadanía dijo que sus hijos se hallaban permanentemente en riesgos cuando estaban asistiendo a clases, comprobándose la desprotección del entorno escolar como espacio de formación y seguridad.

5. Propuestas ciudadanas con enfoque legal y preventivo

Los ciudadanos encuestados no solo piden más control policial, sino que piden una reforma sistemática del enfoque de drogas, basado en la prevención, la rehabilitación y la inclusión social. Un 82 % de los ciudadanos encuestados propuso campañas educativas sostenidas dirigidas a los jóvenes y padres y madres de familia. Un 78 % propuso la creación de centros de rehabilitación accesibles a la comunidad. Un 66 % propuso establecer comités barriales con el soporte de la institucionalidad. Estas propuestas están asociadas al enfoque de salud pública y derechos humanos consagrado en el artículo 364 de la Constitución, que asimila las adicciones como un problema de salud y no un delito, y que indica al Estado la implementación de políticas intersectoriales sustentadas científicamente.

DISCUSIÓN

La reducción de los resultados de la investigación pone claramente de manifiesto que el microtráfico en Babahoyo ha dejado de ser un problema aislado para erigirse en un problema estructural que ha permeado de forma intensa la cotidianidad de la población, y la población más vulnerable. La muy alta incidencia de este fenómeno social, denunciada especialmente, en los sectores de El Mamey y Barreiro y en las inmediaciones de las unidades educativas es indicadora de una tendencia al aumento de la naturalización del microtráfico, con efectos devastadores en el medio social y escolar.

Los hallazgos están totalmente alineados con el enfoque de García Peña (2018), quien sostiene que el microtráfico opera como forma de criminalización de la pobreza, donde jóvenes de sectores excluidos se incomodan entre la necesidad económica y la escasa posibilidad de desarrollo de su potencial. En este mismo estudio se ha evidenciado un patrón similar en un contexto donde adolescentes y jóvenes no cuentan con alternativas de inclusión educativas y laborales y que son captados por redes de microtráfico que los van a convertir en intermediarios o distribuidores. Esta relación es una forma de alimentar la espiral de exclusión, estigmatización y violencia.

La ambigüedad jurídica para diferenciar el consumidor del micro traficante ha llevado a confusiones tanto en los operadores de justicia como en la ciudadanía misma, permitiendo la impunidad en algunos casos y en la sobre criminalización en otros. Los resultados de la investigación en Babahoyo reflejan esta misma valoración, lo que hace necesaria una reforma normativa que establezca el consumo personal de la actividad de tráfico ilícito sin comprometer los derechos fundamentales de las personas implicadas. La relación existente entre microtráfico y violencia es otro de los aspectos relevantes que se destaca en esta investigación ya que, el 74% de las personas encuestadas vinculó directamente las redes de microtráfico con la existencia de un aumento de hechos delictivos dentro de sus barrios.

En Babahoyo, esta relación se transforma en la densidad del miedo a denunciar, en la intimidación a los vecinos y en el aumento de robos y enfrentamientos. Se requiere, por tanto, una respuesta integral del Estado que articule inteligencia policial, trabajo comunitario, educación y acceso a servicios básicos. Finalmente, las propuestas de la ciudadanía evidencian un anhelo colectivo por dar respuesta a este problema a través de la prevención, la rehabilitación y la acción conjunta. La ciudadanía no solicita sólo más policías o más sanciones, sino campañas educativas, programas de salud mental y adicciones, espacios seguros para la juventud.

Esta visión corresponde con los planteamientos del enfoque de salud pública sobre drogas propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que promueve intervenciones basadas en derechos, evidencia y participación comunitaria. Los resultados del presente estudio confirman que cualquier política eficaz debe iniciarse desde el reconocimiento de las causas estructurales del microtráfico y debe apostar por estrategias integrales por y para los actores sociales.

En resumen, esta investigación no solo confirma la gravedad del microtráfico en Babahoyo, sino que aporta evidencia concreta para repensar las políticas públicas desde una lógica intersectorial, donde la justicia, la educación, la salud y la comunidad trabajen en conjunto. Las comparaciones con estudios similares validan los resultados y refuerzan la urgencia de pasar de un modelo represivo a uno centrado en la prevención, la dignidad humana y la construcción de oportunidades reales para la juventud.

CONCLUSIONES

Este estudio pone de manifiesto que el microtráfico de drogas en Babahoyo no solo es un delito de tipo penal, sino que también es una problemática estructural que afecta derechos fundamentales y genera un daño en el tejido social. Tener presencia en áreas escolares, la normalización del consumo entre adolescentes y la relación directa con la violencia barrial demuestra que es un fenómeno que tiene sus raíces en el pasado y que afecta la seguridad de las personas, el sistema educativo, la salud pública, entre otros.

La investigación, al asumir este enfoque mixto, ha destacado la magnitud del problema mediante cifras y la elección del tipo de la voz de una comunidad permanentemente amenazada. El trabajo enfatiza ciertas carencias, especialmente en cuanto a vacíos legales y operativos -la desaparición de la tabla de consumo como instrumento que era entendido por el Estado en términos de diferenciación de consumidores y microtráfico-, el poco o nulo papel de la Policía Nacional, la desarticulación institucional, la escasa ejecución de las políticas preventivas, entre otras.

En consecuencia, el presente trabajo propone una intervención integral centrada en la prevención, la rehabilitación y la inclusión, poniendo de manifiesto que la educación, el empleo en condiciones dignas y el empoderamiento de las capacidades comunitarias son claves para abordar el problema desde su raíz. Para finalizar, se hace evidente la urgencia de una reestructuración de las estrategias estatales ante el microtráfico, dirigidas desde un enfoque de salud pública y de derechos humanos, tal como lo establece la Constitución del Ecuador.

Las comunidades deben dejar de ser vistas simplemente como campos de riesgo y ser tomadas en cuenta como grupos importantes para el desarrollo de soluciones sostenibles. Este trabajo da fundamento a la investigación y a las intervenciones futuras que buscan fomentar políticas públicas integradas, contextualizadas y comprometidas con un bienestar para las futuras generaciones.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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García Peña, J. (2018). Políticas criminales contra el microtráfico ¿La represión es la solución? Quito, 131 p. Tesis (Maestría en Derecho Penal). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho.

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