INTRODUCCIÓN

Ecuador, en su reforma constitucional del 2008 se instaura como el primer país en consagrar los derechos de la naturaleza a nivel normativo desde su preámbulo, marcando un hito histórico en materia de derecho al admitir el rol fundamental que cumplen la fauna y flora en el equilibrio ecológico del territorio ecuatoriano. Por ello, este marco normativo inspirado en la diversa cosmovisión indígena tales como: el Sumak Kawsay, que hace referencia al ¨Buen Vivir¨; o la Pacha Mama, traducido como ¨Madre tierra¨ que retrata la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Ratifica que la existencia, el mantenimiento y la regeneración de la naturaleza es integral para la reproducción y desarrollo de la vida misma (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).

Sin embargo, persisten prácticas que generan daños ecológicos irreversibles, a pesar del reconocimiento constitucional, como la deforestación de bosques endémicos o protegidos, la minería ilegal, o la contaminación de recursos hídricos que lideran a la destrucción de recursos naturales no renovables (Antúnez & Guanoquiza, 2019). Por ello, en virtud de reconocer las garantías del patrimonio natural ecuatoriano, la corte constitucional y otras instancias jurídicas han intervenido mediante fallos jurisprudenciales recalcando que la naturaleza es un sujeto complejo titular de derechos fundamentales.

Es así como, la importancia de este estudio se manifiesta en el reconocimiento otorgado hacía la naturaleza como sujeto de derechos por el estado ecuatoriano (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), recalcando que no forma parte de una declaración simbólica, sino de un pilar para la gestión sostenible de los recursos ambientales que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano; entendiendo que la efectividad de estos derechos depende de la apropiación social y aplicación institucional, más que de su reconocimiento formal.

A su vez, estudios previos han señalado que la problemática radica en la incidente omisión ciudadana frente a estos derechos, y el claro desconocimiento o indiferencia hacía las normas que protegen la naturaleza generando una brecha entre el marco normativo y la realidad socio ambiental que presenta Ecuador (Manzanares, 2021).

En este contexto, entendemos que la responsabilidad ambiental no se centra en las empresas o el Estado, por el contrario, abarca la cultura jurídica, conciencia y ética de una sociedad que aún no acepta en su plenitud los derechos ambientales como parte de la estructura normativa del país. Resulta necesario cuestionar cómo la falta de apropiación civil en materia de derechos enfocados en la naturaleza incide directamente en la continuidad de conductas negligentes frente al deterioro ambiental. Por lo que, a través de este estudio, se busca visibilizar las causas sociales, culturales y jurídicas que dan paso a la continua omisión, con el fin de aportar a la construcción de soluciones que fortalezcan la ciencia colectiva sobre el valor de la naturaleza como sujeto de derechos.

MÉTODO

El presente artículo utiliza un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y critico-analítico, orientando en examinar la relación entre los daños ecológicos irreversibles en Ecuador y el desconocimiento de los derechos de la naturaleza por parte de la ciudadanía, con énfasis en el estudio de sentencias judiciales y jurisprudencia constitucional. Asimismo, mediante el análisis de hechos particulares en casos concretos que visualizan los derechos ambientales vulnerados, aplicamos el método lógico-deductivo, para llegar a reflexiones generales sobre la responsabilidad civil y como la omisión de la misma puede contribuir al constante deterioro ecológico que están sufriendo los diversos ecosistemas en Ecuador.

La búsqueda de esta información se realizó mediante motores de búsqueda digitales en donde se optó por una investigación de tipo descriptiva, explicativa y documental, con el fin de estudiar los materiales bibliográficos recuperados, tales como: tesis de grado, artículos científicos, libros y normativas. Es así, como este enfoque metodológico integral posibilitó no solo una interpretación crítica del conflicto entre el reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza y su negligencia por parte de la sociedad civil, sino también, una reflexión sobre las implicaciones sociales, ambientales y jurídicas que derivan de esta brecha.

RESULTADOS

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza dentro del marco constitucional representa un paradigma jurídico que rompe la lógica tradicional de que los derechos deben estar centrados en el ser humano, posicionando a la reforma establecida en la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, y a Ecuador, a la vanguardia en materia ambiental. Esta transformación normativa surge del errático cambio climático y la necesidad de garantizan un modelo de desarrollo sostenible que no se base por completo en la explotación de recursos naturales dando como resultado a una creciente conciencia global (Villavicencio, 2020), sin embargo, desde sus inicios presentó múltiples contradicciones al instaurarse en un país cuya economía depende en gran medida de actividades extractivas.

Autores como Grefa (2021) resaltan la insistencia del Estado en priorizar la ejecución de proyectos de desarrollo económico por sobre la magnitud del impacto ambiental a largo plazo, que estos podrían tener en el medio ambiente; lo que evidencia que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a pesar de sus visiones innovadoras, no está adecuado desde el plano ético y moral para acoger las implicaciones reales que significan los derechos de la naturaleza a nivel constitucional.

Ahora bien, esta falta de armonía entre la norma y la práctica no se presenta solo en el plano institucional, por el contrario, también está presenta en la relación entre la ciudadanía y el entorno natural. La ausencia de una cultura jurídica ambiental se refleja en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, dando como resultado a una total desinformación que guía, inevitablemente, a una falta de interés y presión social frente a decisiones estatales enfocadas en priorizar el crecimiento económico inmediato por sobre la sostenibilidad ecológica.

En este sentido la Constitución y otros cuerpos estatales que regulan y penalizan la explotación o vulneración de los derechos de la naturaleza presentan una intención meramente simbólica, representando una clara contradicción estructural: mientras el Estado reconoce a la naturaleza como este sujeto de derechos, también instaura y promueve actividades que vulneran esos derechos sistemáticamente (Narváez & Escudero, 2021), esta ambivalencia no hace más que desacreditar la legitimidad del ordenamiento jurídicos en materia ambiental frente a la ciudadanía, generando una marcada desconfianza en los mecanismos institucionales de protección ecológica.

En este marco, es prescindible analizar la interpretación y reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza aplicado en la práctica judicial. Con el fin de reconocer el papel crucial desempeñado por la Corte Constitucional para consolidar los alcances, las limitaciones y el contenido de estos derechos. Por lo que a continuación se presentan las sentencias jurisprudenciales que han permitido delimitar principios claves, como: la regeneración (art. 71), la restauración (art.72), participación vinculante (art. 398), el principio precautorio (art. 73, 396), y el derecho a la existencia de los ecosistemas (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

Cada sentencia refuerza principios constitucionales fundamentales que sustentan la protección del entorno natural en Ecuador, no obstante, también se evidencia el hecho de que estos fallos responden a demandas de organizaciones ambientales o ciudadanas demostrando que el cumplimiento de estos derechos no surge en automático; surge de la respuesta a la presión social y el litigio estratégico.

A partir de estas decisiones, surgen otras sentencias, que pesar de no tener el peso jurisprudencial del primer grupo (Tabla 1), aportan a la consolidación judicial en lo que respecta a la defensa de la naturaleza. En estas sentencias, se refuerza el principio de que todos los ecosistemas poseen derechos y deben ser protegidos, evidenciando las responsabilidades de entidades gubernamentales hacía la prevención y reparación de los daños ambientales, incluso cuando estos provienen de omisiones institucionales o deficiencias en gestión.

Estas sentencias complementarias reafirman el aporte progresivo en materia que han experimentado los derechos de la naturaleza, reafirmando su aplicabilidad en contextos concretos. La importancia de las mismas radica tanto en el contenido de sus decisiones como en la consolidación de esta perspectiva ecocéntrica a nivel judicial que da paso a una posterior doctrina ambiental, es decir, que coloca a los ecosistemas en el centro del conflicto jurídico, mas no como daño colateral a bienes naturales del Estado.

Tabla 1.

Jurisprudencia de sentencias fundamentales.

Sentencia/Proceso y Año

Ecosistema/ Ámbito

Derechos invocados

Decisión principal

Sentencia

No. 22-18-IN/21

(08/09/2021)

Manglares; consulta ambiental.

Existencia, restauración, participación vinculante.

La Corte Constitucional estableció que la consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y vinculante cuando se trata de posibles afectaciones a la naturaleza. Declarando inconstitucionalidad la figura de ¨consulta ambiental¨ cómo solo un trámite informativo.

Sentencia No. 166-15-SEP-CC

(20/05/2015)

Ecosistemas hídricos; reserva Cayapes- Mataje

Existencia, regeneración, restauración.

Primera sentencia en aplicar directamente los derechos de la naturaleza en Ecuador, al ordenar la remediación ambiental, el cese del daño, y la adopción de medidas para proteger el ecosistema fluvial al Municipio de Loja.

Caso No. 1149-19-JP/20

(10/11/2021)

Bosque protector de los ¨Los Cedros¨; Chocó andino

Existencia, biodiversidad, principio precautorio.

Ordena proteger la biodiversidad del área, incluyendo especies en peligro como el mono araña y el oso de anteojos, declarando la nulidad de concesiones mineras dentro del bosque.

Elaboración: Los autores.

Tabla 2.

Jurisprudencia de sentencias complementarias.

Sentencia/Proceso y Año

Ecosistema/ Ámbito

Derechos invocados

Decisión principal

Sentencia

No. 1185-20-JP/21

(15/12/2021)

Ecosistemas del Chocó andino: reserva de biósfera

Existencia, regeneración, restauración.

Refuerza la idea de que los ríos (como todos los ecosistemas) tiene derechos propios y pueden ser defendidos judicialmente, declarando la vulneración de los derechos de la naturaleza por obras hidráulicas no autorizadas.

Sentencia No. 218-15-SEP-CC

(09/07/2015)

Aguas y residuos; Zona rural (Loja)

No contaminación, restauración, servicios adecuados.

Reafirma que el Estado y los gobiernos locales tienen derechos concretos para garantizar el respeto a los derechos de la naturaleza, ordenando al municipio crear y ejecutar un plan técnico de tratamiento de aguas residuales por la deficiente gestión de desechos sólidos en los ríos.

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

La revisión jurisprudencial demuestra que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es una herramienta efectiva en ciertos escenarios, a pesar de que su aplicación sistemática puede ser limitada. En este sentido el contenido de la sentencia No. 22-18-IN/21 que se centra en establecer una consulta ambiental previa de carácter vinculante redefiniendo la participación ciudadana en decisiones ambientales, marca una diferencia a modelos jurídicos previos que concebían la idea de una consulta ambiental como un trámite sin esencia, en donde la opinión ciudadana carecía de peso real para la decisión final.

Sin embargo, como señala Delgado (2022) la consulta vinculante frente a la debilidad constitucional de organismos ambientales y la constante fragmentación de competencias a niveles de gobierno dificultan la aplicación real. Por lo que, muchas veces termina siendo ignorada por completo tal como sucede en el caso No. 1149-19-JP/20, demostrando que, aunque la jurisprudencia marque una directriz clara, los factores administrativos y políticos continuarán siendo un obstáculo.

Siguiendo con esta lógica, la sentencia No. 166-15-SEP-CC constituye un antecedente para ordenar la reparación ambiental como base en los derechos de la naturaleza. En donde la reparación se vincula a daños personales o materiales, y reconoce la legitimidad de los ecosistemas para exigir medidas restauradoras. En esto Martínez & Coronel (2020) expresen que la aplicación de este derecho sigue limitada a casos concretos con alta visibilidad o, por consiguiente, mucha presión social; al mismo tiempo, estipulan que al menos el 50% de los casos, no presentaron restauración alguna por falta de presupuesto o voluntad político, demostrando que la aplicación es selectiva.

A su vez, Redrobán & Gamboa (2025) exponen que la ciudadanía no identifica los derechos de la naturaleza como una herramienta de protección, ilustrando que tan solo el 15% de los casos denunciados por daño ambiental provienen de comunidades o locales de la zona afectada, lo que refleja la deficiente apropiación social en materia de derecho ambiental por parte de la sociedad ecuatoriana.

Esto permite reflexionar sobre el concepto de responsabilidad civil desde la gestión pública. A lo largo de los años el enfoque mediático se ha centrado en recriminar a empresas privadas o personas naturales por los daños ocasionados en el medio ambiente centrándose en un agente contaminado aislado, no obstante, los fallos presentados han introducido la ampliación de la titularidad del deber ambiental, evidenciado que el Estado puede ser un infractor pasivo al hacer notar una repetitiva modalidad de daño que se ha normalizado en contextos locales, lo que inevitablemente reafirma la función reparadora del Estado hacía estos factores estructurales que fomentan el deterioro ecológico.

CONCLUSIONES

El presente estudio logró evidenciar que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza integrado como un acto vanguardista en la Constitución de 2008, tiene una brecha persistente y significativa entre el marco normativo y aplicación práctica. Siendo demostrado tras el análisis jurisprudencial que los avances en estas materias han sido impulsados en su mayoría por casos emblemáticos con alta visibilidad mediática y presión social, evidenciando que la protección ambiental en Ecuador sigue siendo reactiva y no preventiva.

El hallazgo central de esta investigación se centra en constatar cómo el desconocimiento ciudadano y la falta de apropiación social del marco jurídico ambiental reduce la capacidad de exigibilidad y vigilancia. Asimismo, identificamos que la contradicción y ambivalencia en normas destinadas a la protección de la naturaleza genera desconfianza y debilita la credibilidad del ordenamiento jurídico ambiental.

Se concluye, que el verdadero desafío no radica únicamente en el reconocimiento formal, por el contrario, lograr un cambio real en materia de derechos de la naturaleza requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, en donde se estructure la construcción de una cultura jurídica ambiental que efectivice la conciencia colectiva sobre la preservación ambiental.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008). Constitución De La Republica Del Ecuador 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008, Quito, Ecuador. https://n9.cl/hd0q

Antúnez, A., & Guanoquiza,L. (2019). La protección penal ambiental en Ecuador. 24, 54-82. https://n9.cl/sqo9m

Corte Constitucional del Ecuador (2021a). Caso No. 1149-19-JP/20 .Obtenido de https://n9.cl/mjide

Corte Constitucional del Ecuador.(2021b). Caso No. 1185-20-JP Obtenido de https://n9.cl/5knhzn

Corte Constitucional del Ecuador.(2021c). Caso No. 22-18-IN. Obtenido de https://n9.cl/t9jwxk

Corte Constitucional del Ecuador.(2015a). Sentencia No. 166-15-SEP-CC.Obtenido de https://n9.cl/7ylst

Corte Constitucional del Ecuador. (2015b). Sentencia No. 218-15-SEP-CC. Obtenido de https://n9.cl/mgrktq

Delgado, O. (2022). Reflexión sobre la naturaleza de la consulta previa, a partir de la obra de Edwar Vargas Araujo. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico, 31-39. https://n9.cl/fmajys

Gamboa, J., & Redrobán,W. (2025). Derechos de los animales en Ecuador conforme la sentencia No. 253-20-JH/22. Revista Científica Internacional, XII(2), 399-413. https://n9.cl/rdo9i

Grefa,C. (2021). Derechos de la naturaleza y extractivismo minero: una evaluación de las contradicciones en Ecuador (Tesis de Grado de maestria).Universidad Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador. Repositorio Institucional del Organismo de la Comunidad Andina, CAN. http://hdl.handle.net/10644/8469

Manzanares Campos, M. (2021). La Responsabilidad Civil por el Daño Ambiental. (Tesis de Doctorado).Universidad de Barcelona. Dipósit Digital de la Universidad de Barcelona. Obtenido de https://hdl.handle.net/2445/179502

Martínez Moscoso, A., & Coronel Ordoñez, J. (2020). La incorporación de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador: análisis del Caso “Mar-Meza” (N. 0507-12-PP). Actualidad Jurídica Ambiental. https://n9.cl/h4gj0

Narváez, M. & Escudero,J. (2021). Los derechos de la Naturaleza en los tribunales ecuatorianos. Iuris Dictio, 27. https://n9.cl/i1kay

Villavicencio, A.. (2020). Neoliberalizando la naturaleza. El capitalismo y la crisis ecológica. págs. 175-177. Obtenido de https://n9.cl/ccw01

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