INTRODUCCIÓN

El Ecuador atraviesa una crisis sin precedentes relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, problemática que se ha visto presente tras el Caso “Metástasis” y la operación “Conquistador”, revelando vinculación con los políticos, gobernantes y varias redes internacionales de narcotráfico. Provincias como Carchi, Guayas y Esmeraldas han sido identificadas como puntos estratégicos para realizar estas actividades ilícitas, dejando en evidencia la infiltración del crimen organizado en diversos puntos del Estado y la ciudadanía.

Ante la creciente preocupación por parte de la ciudadanía y la presión mediática, el gobierno ha respondido con el endurecimiento de penas para delitos relacionados con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, una medida que ha sido ampliamente cuestionada por expertos en derecho penal. Este fenómeno conocido como populismo punitivo/penal, se basa en la premisa de que el aumento de la severidad de los castigos conlleva reducción del delito latente, sin considerar la evidencia empírica que respalde su correspondiente efectividad.

Se antecede que en Latinoamérica se han incluido varios países los cuales actualmente se encuentran formando parte, a diferencia de países pertenecientes a otros continentes, de los países con mayor índice de alta inseguridad, criminalidad y actos delictivos. Puesto que, para intentar solucionar las problemáticas mencionadas anteriormente, los gobiernos latinos propusieron el endurecimiento de penas, conocido actualmente como populismo punitivo, con el cual ningún país ha mostrado resultados en la reducción de delitos solo a partir del incremento de penas, por el contrario, en los últimos 18 años la población privada de libertad (PPL) ha aumentado en un 24%, todo esto como consecuencia a las órdenes dictadas bajo populismo punitivo.

Incluidos los países como El Salvador, El Caribe, y el Ecuador; país en el cual se realizará el estudio más específico en el populismo punitivo en delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ha sido reformada varias veces conjuntamente con el Código Penal, siendo ahora Código Orgánico Integral Penal (COIP), y aunque los sistemas judiciales han intentado diferenciar entre consumidores pequeños y grandes traficantes, se continua encarcelando a los contrabandistas (denominados coloquialmente como “mulas”) los cuales no son los principales traficantes ni mucho menos los que están al mando respecto al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (Congreso Nacional del Ecuador, 2004; Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

En la última reforma del COIP presentada en el 2014 estableció que la mínima escala para estos delitos era de 2 a 6 meses de encarcelamiento, y la mediana escala era de 1 a 3 años, mientras que, en la reforma del 2019 se incrementaron de 1 a 3 años en mínima escala y de 3 a 5 años en mediana escala. Exponiendo que con este aumento se refleja una política de severo endurecimiento punitivo sin abordar ni incluir las causas estructurales del problema a tratar dentro de lo que respecta a los delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

Según Racines (2022) las manifestaciones del populismo punitivo se han visto reflejadas en una serie de acontecimientos, como la consulta popular del año 2011, que incluyó preguntas para conseguir la tipificación del delito de enriquecimiento privado no justificado como un delito autónomo y la tipificación de la no afiliación al seguro social como una infracción penal.

Además, en el año 2014 se modificó totalmente el sistema penal a través de la expedición del Código Orgánico Integral Penal que trajo consigo un incremento de penas y tipificación de un mayor número de delitos en comparación al Código Penal anterior. En el año 2018 se realizó un referéndum y consulta popular en donde nuevamente hubo preguntas que tuvieron que ver con cuestiones penales como la imprescriptibilidad de algunos delitos. Finalmente, se consideran algunas consecuencias de la influencia del populismo punitivo, principalmente el aumento de la población carcelaria partiendo de cifras del 2008 y comparándolas con las más actuales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

El populismo punitivo (o penal) en Ecuador y en América Latina en sí, está totalmente sumergido en la metodología y la técnica de la actuación pública en un Estado republicano, representativo y democrático (Aguirre, 2023). Si bien, se ha caracterizado en los últimos años al sistema penal con espíritu influenciado por una intención pública que no beneficia el bienestar de la población y da prioridad a la criminalización sin un sistema integral de rehabilitación que, cabe recalcar, es parte de los derechos humanos. Ahora los gobernantes y mandatarios por mantener su popularidad en encuestas o aumentar la preferencia de voto proponen castigos, represión, incremento de penas, eliminación de la prisión preventiva, la reducción de la edad de imputabilidad penal, el visado a extranjeros o la pena de muerte.

Lo anterior no es más que un acto de manipulación y justificación inválida al momento de intentar regularizar el sistema penal que se encuentra corrompido y debilitado hoy en día. Investigar acerca del populismo punitivo en delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es trascendente debido a que, abre puertas al análisis de las distintas consecuencias que conllevan las políticas asociadas con el endurecimiento de penas. Determinando necesidades como el análisis académico que mencione alternativas más estratégicas y efectivas que se basen en la reducción de daños o la posible legalización de algunas sustancias como ha ocurrido en otros países norteamericanos dando resultados favorables.

Además, es necesario evaluar si el aumento de penas reduce realmente el crimen, o si, por lo contrario, incrementan violencia por parte de las fuerzas armadas y la población carcelaria, incluyendo la identificación de los derechos fundamentales que se vulneran en pequeños traficantes e incluso personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Es impactante y a su vez alarmante el colapso carcelario que se ha generado a causa del populismo punitivo en donde, como se menciona anteriormente, los presos por delitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización son de bajos recursos y cumplen con largas condenas por infracciones menores, además, es necesario estudiar como los discursos populistas expuestos por gobiernos poco estratégicos y débiles políticamente, manipulan el miedo y preocupación de la ciudadanía e intentan justificar sus políticas punitivas, esto; abre brecha al entendimiento del impacto de la opinión pública y la elección consciente de legisladores capaces de formular leyes en este ámbito.

Para llevar a cabo la presente investigación se hará el uso respectivo del método cualitativo con enfoque descriptivo y exploratorio el cual consistirá en uso de técnicas como entrevistas semiestructuradas dirigidas a profesionales y académicos que tengan experiencia y conocimiento respecto al área penal y la problemática jurídica-social especificada, participantes los cuales son seleccionados mediante muestreo intencional teniendo como propósito la obtención de información que será analizada posteriormente juntamente con el análisis documental que inclúyanla temática.

Siendo el objetivo principal de la investigación; analizar el impacto del populismo punitivo en la legislación penal ecuatoriana, sus reformas recurrentes y consecuencias en el sistema judicial en relación con el incremento de penas en delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización con la finalidad ya mencionada; proponer posibles lineamientos para la creación de un nuevo marco legal más eficaz.

La investigación llevará dirección hacia la identificación de políticas basadas en populismo punitivo, problemáticas en la aplicación de la actual normativa penal respecto a los delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, incluyendo la búsqueda de posibles estrategias y lineamientos para conseguir que el sistema judicial penal no se deje protagonizar por políticas populistas emitidas por representantes que abusan no solo de su poder sino también de la ignorancia y desconocimiento de sus representados.

MÉTODO

Tomando en cuenta el concepto presente en el sitio web Lifeder (2025) que expone que el método cualitativo dentro del campo de la investigación es una secuencia abierta de acciones sistemáticas que tiene el objetivo de comprender e interpretar el fenómeno objeto de estudio y que se trata de una secuencia abierta porque, aunque esta ha sido planificada antes de iniciar la investigación, puede modificarse o reformularse en la medida en que el estudio avanza.

El presente artículo empleará el método cualitativo con un enfoque exploratorio y descriptivo, especificado al análisis del populismo punitivo presente en la República del Ecuador, directamente en relación con el incremento de penas en delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se buscará comprender cómo las reformas normativas penales han sido impulsadas por discursos políticos junto con su impacto en el sistema judicial penal.

Se utilizará la metodología cualitativa debido a que esta investigación requiere de un análisis interpretativo de las normas vigentes y las perspectivas de profesionales clave en el ámbito jurídico social. Con el diseño exploratorio se conseguirá indagar acerca del fenómeno poco estudiado en el contexto y realidad nacional ecuatoriano, mientras que el enfoque descriptivo se encargará de facilitar el proceso de caracterización respecto a los cambios normativos y sus consecuencias.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos respaldan el fundamento inicial; el populismo punitivo en lugar de solucionar el problema de la criminalidad relacionada con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización ha generado efectos negativos tanto en el sistema judicial como en el sistema penitenciario y la sociedad en general. Es obligación de la sociedad realizar una elección consciente respecto a los legisladores y representantes políticos en sí, que sean personas que estén al tanto de la realidad nacional respecto no solo a los delitos de esta naturaleza sino en todos los delitos tipificados en la ley, siendo su deber abandonar el enfoque reactivo y construir políticas públicas que mantengan equilibrio entre la seguridad de la ciudadanía y el respeto de derechos humanos y fundamentales.

DISCUSIÓN

En este estudio se investigó acerca del populismo punitivo respecto al incremento de penas en delitos por sustancias catalogadas a fiscalización. Los resultados mostraron que el incremento de penas en estos delitos no ha presentado cambios significativos respecto al abordaje y combate del tráfico y consumo de sustancias en el Ecuador, por el contrario, el incrementar penas hacia las personas que infringen en este ámbito ha sido evidenciado por los profesionales entrevistados y coinciden en que se trata de una estrategia política que surge en respuesta a presión social y mediática por parte de los medios de comunicación.

Los hallazgos de este estudio evidencian prevalencia del populismo punitivo en Ecuador, ya que este fenómeno político no es algo reciente, sino que, es algo presente desde hace muchos años atrás. A través del análisis de ciertas reformas normativas recientes y de las opiniones profesionales especializados en el área, se observa que el endurecimiento de penas ha sido promovido como respuesta inmediata a la percepción de inseguridad, sin que existan datos concluyentes que respalden la efectividad en la reducción del crimen organizado respecto a tráfico de sustancias.

Uno de los principales puntos a destacar por parte de los especialistas consultados es que el aumento de penas ha dado lugar a una sobrepoblación en centros penitenciarios sin una disminución proporcional de los delitos asociados. Esto coincide con estudios previos en otros países de la región, donde el uso de políticas punitivas severas ha derivado respecto a la consolidación de estructuras criminales dentro de los centros penitenciarios, en lugar de su desconexión. Además, la criminalización de delitos en personas de recursos económicos escasos ha afectado de manera desproporcionada, particularmente a pequeños distribuidores llamados coloquialmente como “mulas”, sin abordar a profundidad las verdaderas necesidades y sus causas respecto a la incidencia del narcotráfico respecto a estas personas que acuden a ello por situación vulnerable y de necesidad (Pérez, 2017).

Otros aspectos relevantes es la falta de evaluación y monitoreo de las reformas implementadas. La ausencia de investigación de macro traficantes que se camuflan mediante los micro traficantes y de mecanismos de seguimiento, lo cual permite expresar que las políticas adoptadas no han generado cambios relevantes en la seguridad de la ciudadanía, por el contrario, han dado mayor incurrencia en actos de corrupción hacia funcionarios públicos de justicia, violencia hacia las instituciones de justicia y el hacinamiento en las cárceles (Basombrío y Dammert, 2013; Barriga Toledo, 2016).

En este sentido, los expertos sugieren la necesidad de reformular la normativa vigente mediante un enfoque que combine prevención, reducción de daños y medidas alternativas a la privación de libertad. Proponen que la política referente a estos delitos no se basen únicamente en el castigo, sino también en la diferenciación entre actores dentro del sistema de sustancias, priorizando sanciones proporcionales y alternativas para los consumidores y pequeños distribuidores, y dirigiendo programas de educación, servicios básicos y alimentación para las comunidades rurales las cuales se ha evidenciado que son las que mayor índice de infracciones presentan en delitos por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (Espín, 2018; Romero Noboa et al.,2024).

CONCLUSIONES

La recopilación y análisis de las opiniones de expertos en derecho penal confirman que el incrementar penas en los delitos relacionados con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en Ecuador responde principalmente a un enfoque populista, más que una estrategia efectiva contra el narcotráfico y crimen organizado. Si bien, el endurecimiento de sanciones ha sido promovido como una solución inmediata para combatir la delincuencia, los datos analizados muestran que esta alternativa no ha reducido ni mostrado cambios significativos que se asocien con el narcotráfico. En cambio, ha generad un aumento de población en centros carcelarios y el refuerzo a la estructura del crimen dentro de los mismos. Este enfoque punitivo, utilizado como herramienta electoral, desvía la atención de estrategias más efectivas, como la prevención, la inteligencia policial y pericial, junto con la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones de justicia del Estado ecuatoriano.

Las reformas recientes en materia penal han generado ciertas limitaciones respecto al acceso de justicia, afectando de manera amplia a los sectores más vulnerables del territorio nacional. La falta de diferenciación entre consumidores, pequeños distribuidores y miembros principales de estructuras criminales ha provocado que muchas personas enfrenten penas severas sin considerar el contexto de su participación en el delito.

Además, la sobrecarga del sistema judicial y penitenciario ha generado procesos más largos, arbitrarios ineficaces, y, por ende, debilitación en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia. La ausencia de mecanismos de revisión y monitoreo de estas políticas agrava aún más el problema, permitiendo que se siga consolidando el sistema criminal para los más débiles mientras se deja en libertad e impunidad a las redes de alto nivel del narcotráfico.

Para hacer frente a la crisis de seguridad y narcotráfico en Ecuador, es fundamental abandonar estas políticas punitivas y adoptar estrategias basadas en un nuevo marco legal en donde se incluya la diferenciación de niveles de culpabilidad y gravedad respecto a los delitos, priorizando las sanciones proporcionadas y alternativas a la prisión para micro traficantes, mientras se refuerzan los mecanismos de investigación y sanción para criminales que llevan el liderazgo de estos crímenes organizados. Incluyendo fortalecer la cooperación internacional y control en zonas fronterizas como se presentan en los cantones de la provincia del Carchi. Las políticas respecto a temas delictivos deben dejar de ser utilizada como estrategia de aprobación pública en épocas electorales y, en su lugar, enfocarse en soluciones estructuradas y sostenibles.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Aguirre, M. (2023). El populismo penal en el Ecuador. La Hora. Obtenido de https://n9.cl/119o6l

Asamblea Nacional de Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal, Quito: Lexis. https://n9.cl/s1o44

Barriga Toledo, C. (2016). Proporcionalidad de la pena en los delitos de trafico de drogas. (Tesis de pregrado). Universidad de AZUAY. https://n9.cl/outgs

Basombrío, C. y Dammert, L.. (2013). Seguridad y Populismo Punitivo en América Latina. Cynthia J. Arnson. Obtenido de https://n9.cl/va9qd1

Congreso Nacional del Ecuador. (2004). Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. https://n9.cl/nsfz91

Espín, G. (2018). El populismo punitivo y políticas criminales en Ecuador. Repositorio Digital Uniandes, 32, 33. Obtenido de https://n9.cl/e9m80

Lifeder. (2025). Método Cualitativo. https://n9.cl/bl3p5

Pérez, S. H. (2017). Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina. Obtenido de Dejusticia: https://n9.cl/dokc2

Racines, M. (2022). Análisis de la influencia del populismo punitivo en el derecho penal Ecuatoriano. 593 Digital Publisher CEIT. Obtenido de https://n9.cl/h9p1z

Romero Noboa, W. P., Zabala Silva, M. E., Lara Pilco, A. D., & Tipantuña Trujillo, B. I. (2024). Populismo punitivo; ¿solución o placebo social?. Tesla Revista Científica, 4(1), https://n9.cl/hkbz6

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