INTRODUCCIÓN

La conservación de las áreas protegidas en Ecuador es un tema de gran relevancia, dado el alto nivel de biodiversidad que caracteriza al país y su vulnerabilidad ante las presiones derivadas de las actividades humanas. Ecuador, reconocido por su mega diversidad, alberga una variedad única de especies y ecosistemas que requieren una protección efectiva para garantizar su preservación a largo plazo. La promulgación de la Constitución de 2008, que establece el derecho de la naturaleza a existir y desarrollarse, marcó un hito en el ámbito jurídico ambiental, posicionando al país como líder en la incorporación de derechos de la naturaleza en su legislación (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

No obstante, el marco jurídico diseñado para proteger estos espacios naturales se enfrenta a desafíos considerables debido al aumento de actividades económicas, tales como la minería, la expansión agrícola y la urbanización, que generan una creciente presión sobre las áreas protegidas y amenazan su integridad ecológica. Diversos estudios previos han abordado las fortalezas y limitaciones del marco normativo ecuatoriano en materia de conservación. A pesar de los avances en la legislación, persisten dificultades en la implementación efectiva de las normativas, lo que reduce la capacidad del sistema para proteger eficazmente las áreas protegidas. Martínez Moscoso (2019) amplía este análisis, indicando que el marco jurídico actual no es suficiente para abordar de manera integral los conflictos de uso del suelo y la apropiación de territorios, generando tensiones entre la conservación y las actividades productivas.

En este sentido, Hernández et al. (2024) subrayan la necesidad de adoptar políticas públicas que no solo se centren en la protección ambiental, sino que también integren las dinámicas sociales y económicas de las comunidades que habitan y dependen de estas áreas. El objeto de estudio de este artículo es analizar el marco jurídico vigente para la conservación de las áreas protegidas en Ecuador, con un énfasis particular en los desafíos derivados de la expansión de las actividades humanas en estos espacios.

El objetivo general de la investigación es proponer un mecanismo que optimice la aplicación del marco jurídico para la conservación, buscando superar las brechas existentes y mejorar la efectividad de las políticas públicas. Para ello, se emplea una metodología cualitativa que combina el análisis documental de leyes, decretos, y sentencias relacionadas con la conservación, junto con una revisión crítica de la literatura existente y entrevistas a expertos en derecho ambiental, ecología y políticas públicas.

El estado actual del problema radica en la contradicción entre un marco normativo progresista y las crecientes presiones externas que afectan la efectividad de las áreas protegidas. Las políticas de conservación tradicionales, que se centran en la delimitación de áreas protegidas sin considerar las realidades sociales, económicas y ecológicas cambiantes, se han mostrado insuficientes para abordar los desafíos contemporáneos.

En este contexto, se hace urgente explorar nuevas formas de gobernanza que promuevan una integración más armónica entre la conservación ambiental y las necesidades de desarrollo de las comunidades locales y otros actores económicos. Este estudio se enfoca en los aspectos jurídicos de la conservación en áreas protegidas, buscando identificar los puntos débiles y potenciales del marco legal actual (González Salas,2024).

La investigación no aborda de manera exhaustiva los aspectos técnicos de la biodiversidad ni los impactos específicos de las actividades humanas, sino que se concentra en las herramientas jurídicas que pueden mejorar la gestión y protección de estos espacios. El alcance del estudio incluye la evaluación de las tensiones entre la legislación existente y las realidades del territorio, proponiendo, finalmente, mecanismos legales adaptados a los desafíos contemporáneos de la conservación en Ecuador.

Ecuador es un país de gran riqueza natural, con una biodiversidad que se extiende desde la costa del Pacífico hasta la región amazónica, pasando por los Andes. Esta diversidad lo convierte en un punto crucial para la conservación de ecosistemas a nivel global, al ser hogar de innumerables especies endémicas y ecosistemas únicos, como las Islas Galápagos y la Amazonía. En un mundo donde la biodiversidad se enfrenta a amenazas crecientes debido al cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y la destrucción de hábitats, Ecuador ha tomado decisiones clave para la conservación de sus áreas protegidas. El marco jurídico creado para proteger estas áreas es un ejemplo de compromiso con la naturaleza, fundamentado en leyes y políticas que buscan equilibrar el desarrollo económico y la protección ambiental (Jiménez Torres,2025).

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Ecuador ha sido diseñado para salvaguardar una parte importante de su territorio, el cual abarca alrededor del 20% del país. Estas áreas incluyen parques nacionales, reservas ecológicas, áreas de conservación y otros espacios naturales que poseen un valor ecológico y cultural excepcional (Becerra Guaman,2025). La creación de este sistema ha sido un paso fundamental para la conservación de la biodiversidad, no solo a nivel nacional, sino global, pues muchos de estos espacios albergan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre las áreas más conocidas se encuentran el Parque Nacional Galápagos, patrimonio mundial de la humanidad, y el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra.

Sin embargo, la expansión de las actividades humanas y el crecimiento económico del país han generado importantes tensiones con la conservación de estos espacios. La agricultura extensiva, la minería, la explotación petrolera, y la urbanización han invadido zonas cercanas a las áreas protegidas, con efectos directos sobre la flora y fauna de estos ecosistemas. La presión sobre los recursos naturales ha generado conflictos de uso del suelo y amenazas a la integridad de los ecosistemas, lo que pone en peligro la efectividad del sistema de áreas protegidas. A pesar de la existencia de un marco normativo sólido, las leyes y políticas de conservación enfrentan desafíos significativos en su implementación, y la gestión de estas áreas debe abordar no solo las necesidades ambientales, sino también las sociales y económicas de las comunidades que dependen de estos recursos.

El propósito de este trabajo es analizar el marco jurídico para la conservación de áreas protegidas en Ecuador y los desafíos que se enfrentan a la expansión de actividades humanas. Para ello, se revisarán las principales leyes, políticas públicas y estrategias que han sido implementadas en el país para la protección de estos espacios naturales, haciendo especial énfasis en los obstáculos que presentan las actividades económicas como la agricultura, la minería, y el desarrollo de infraestructuras. También se abordarán las relaciones entre la conservación y las comunidades locales, ya que estas, muchas veces, se encuentran en el centro del conflicto, dado que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.

En primer lugar, se revisará el marco normativo en el que se sustenta la conservación en Ecuador, desde la Constitución de 2008 hasta la Ley de Áreas Protegidas de 2016 y otras legislaciones claves, como la Ley Forestal. A continuación, se profundizará en los principales problemas derivados de la expansión de las actividades humanas en los ecosistemas protegidos, prestando atención a cómo la deforestación, la minería y la construcción de infraestructura impactan las áreas naturales.

Asimismo, se explorará cómo las comunidades locales, especialmente las indígenas, desempeñan un papel crucial en la gestión de las áreas protegidas y los beneficios que se pueden generar a través de enfoques de conservación participativa. Finalmente, se presentarán propuestas de solución y mejores prácticas adoptadas en el país para superar estos desafíos, incluyendo la implementación de políticas de manejo sostenible de los recursos naturales y la creación de alternativas productivas que no comprometan la integridad ecológica de las áreas protegidas.

El trabajo concluirá con una reflexión sobre el futuro de la conservación en Ecuador y las lecciones que se pueden aprender de la experiencia del país. A medida que el país se enfrenta a desafíos relacionados con el cambio climático, la creciente presión por recursos y el desarrollo económico, el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible será crucial para asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la biodiversidad única que caracteriza a Ecuador. Este análisis busca contribuir a la discusión sobre el futuro de las áreas protegidas y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión del sistema de áreas protegidas, de manera que se logre un desarrollo inclusivo, justo y respetuoso con la naturaleza.

El Marco Jurídico de Conservación en Ecuador, la protección de las áreas naturales en Ecuador tiene una base sólida en la Constitución de 2008, que consagra el derecho de la naturaleza, o Sumak Kawsay (Buen Vivir). Este principio reconoce a los ecosistemas no solo como un bien que debe ser protegido, sino como sujetos de derechos, lo que otorga a la naturaleza la capacidad de ser defendida legalmente. Esta concepción innovadora ha influido en la creación de leyes y políticas públicas que buscan una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, y coloca a Ecuador como un líder en términos de derechos ambientales.

La Ley de Áreas Protegidas de 2016 establece los marcos normativos para la creación, administración y gestión de las áreas protegidas del país. La ley contempla la categorización de las áreas protegidas, las cuales se dividen en parques nacionales, reservas ecológicas, entre otras, y establece los mecanismos de participación local en la gestión de estos espacios. Esta ley es clave en la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que coordina los esfuerzos de conservación en el país. Sin embargo, la ley enfrenta desafíos en su implementación, en parte debido a la falta de recursos y la presión de actividades económicas ilegales o informales, como la minería o la tala de bosques (Asamblea Nacional del Ecuador, 2005; Asamblea Nacional de Ecuador, 2017).

Por otro lado, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1999) establece las bases para la gestión sostenible de los recursos forestales del país y complementa la ley de áreas protegidas. Esta ley ha sido clave en la protección de los bosques, pero también enfrenta retos debido a la expansión de la frontera agrícola y la falta de fiscalización en muchas regiones del país (Congreso Nacional del Ecuador,1999).

MÉTODO

El estudio adoptará un enfoque mixto con el objetivo de abordar de manera integral los desafíos que enfrenta el marco jurídico para la conservación de áreas protegidas en Ecuador, especialmente ante la expansión de las actividades humanas. La perspectiva se empleó para profundizar en la comprensión de las problemáticas legales, ecológicas y sociales inherentes a la conservación y los impactos de las actividades económicas en estos espacios naturales, mientras que la metodología jurídica se utilizará para analizar las herramientas legales existentes y sus limitaciones en el contexto actual, para la cual se aplicó encuestas a las personas conocedora de la problemática.

El diseñó de la investigación es no experimental transversal ya que no existe una intervención directa con el fenómeno solo se recopila información sin ejecutar alguna manipulación o cambio. El alcance del estudio fue descriptivo, explicativo, comparativo y propositivo; es descriptivo por cuanto se describieron las leyes, políticas y normativas en Ecuador relacionadas con la conservación de áreas protegidas. El objetivo será describir cómo estas normativas han sido implementadas y cómo se enfrentan a los desafíos derivados de las actividades humanas en el país.

El estudio es explicativo, tomando en cuenta que el mismo busco explicar las razones detrás de los desafíos que enfrenta el marco jurídico en la práctica, especialmente frente a la expansión de actividades como la minería, la agricultura o la urbanización, y cómo la legislación ecuatoriana ha respondido o podría responder a estas amenazas. También la investigación fue comparativa en virtud que pudo comparar con otros países de la región o con ejemplos internacionales de conservación legal, con el fin de identificar posibles lecciones o estrategias que Ecuador podría adoptar. En esa misma dirección el estudio fue propositivo, debido a que se aplicó por cuanto en el presente trabajo investigativo se pretende dar una solución a la problemática planteada en las estadísticas.

RESULTADOS

La mayoría de los encuestados creen que el marco legal de Ecuador no es suficiente para proteger de manera efectiva las áreas protegidas. El 49% cree que las leyes actuales no garantizan la preservación y el 94% cree que es necesario reformar la legislación ambiental para enfrentar los desafíos actuales. Las actividades humanas como la minería y la agricultura se consideran amenazas importantes para las áreas protegidas, ya que el 89% de las personas creen que afectan el uso del marco legal. Además, el 93%cree que las sanciones son insuficientes para detener las actividades ilegales. Otro aspecto importante es que el 91% indica que la falta de recursos económicos y logísticos limita el uso de leyes efectivas.

Por otro lado, el 95% cree que están relacionados con las comunidades que fortalecerían la preservación. En resumen, las personas perciben que las leyes actuales no son efectivas debido a la falta de recursos, sanciones débiles y actividad humana. Existe un acuerdo claro sobre la necesidad de reformas legales y una mayor participación en el público para mejorar la protección del área.

Los resultados reflejaron que el 49% de los encuestados (sumando “Parcialmente en desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”) considera que el marco jurídico no es suficiente para garantizar la conservación de las áreas protegidas. Solo un 25% tiene una opinión favorable al respecto. Esto sugiere una percepción generalizada de que las leyes ambientales necesitan mejoras o mayor aplicación efectiva.

En mismo contexto, el 89% de los encuestados (sumando las tres opciones de acuerdo) reconoce que la expansión de actividades humanas representa un desafío importante para la conservación de las áreas protegidas. Solo un 11% cree que estas actividades no afectan significativamente. Este resultado confirma que el impacto de la actividad humana es una preocupación central en la aplicación de las normativas ambientales.

Por otra parte, el 93% de los encuestados considera que las sanciones actuales no son lo suficientemente estrictas para evitar actividades ilegales en áreas protegidas. Este dato evidencia una percepción de impunidad o debilidad en la aplicación de las sanciones, lo que podría ser un área prioritaria para futuras reformas legislativas. De igual manera, el 91% de los encuestados está de acuerdo en que la falta de recursos es un obstáculo para la conservación efectiva de áreas protegidas. La financiación inadecuada puede limitar la vigilancia, la capacitación de personal y la implementación de estrategias de protección ambiental. Este es un aspecto clave que debe abordarse con mayor inversión y gestión eficiente de los recursos.

En tanto que, el 95% de los encuestados cree que involucrar a las comunidades locales en la conservación es clave para mejorar la efectividad del marco jurídico. Este resultado destaca la importancia de estrategias de participación comunitaria y gobernanza ambiental compartida para lograr una conservación más eficiente y sostenible. Y finalmente el 94% de los encuestados respalda la necesidad de una reforma en las leyes ambientales para fortalecer la conservación de las áreas protegidas. Este resultado refuerza la percepción de que el marco jurídico actual es insuficiente y debe ser actualizado para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

DISCUSIÓN

Las áreas protegidas, tanto en América Latina como en todo el planeta, son los lugares más valiosos para la conservación in situ de la naturaleza. La preservación de estos tesoros que resguardan la diversidad de la vida nunca fue más evidente que hoy, porque nunca el hombre y sus actividades económicas fueron una amenaza tan fuerte sobre la comunidad de la vida que a principios del siglo XXI. Mirando a las áreas protegidas y más allá a todos los paisajes que nos rodean en la Tierra, siempre deberíamos. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Ecuador ha sido diseñado para salvaguardar una parte importante de su territorio, el cual abarca alrededor del 20% del país. Estas áreas incluyen parques nacionales, reservas ecológicas, áreas de conservación y otros espacios naturales que poseen un valor ecológico y cultural excepcional.

La creación de este sistema ha sido un paso fundamental para la conservación de la biodiversidad, no solo a nivel nacional, sino global, pues muchos de estos espacios albergan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre las áreas más conocidas se encuentran el Parque Nacional Galápagos, patrimonio mundial de la humanidad, y el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra. Gudynas (2011) El desarrollo sostenible es un concepto que ya cuenta con una larga historia. A partir de las primeras discusiones sobre ambiente y desarrollo, que tuvieron lugar en la década de 1970, se formalizaron las primeras referencias sobre la sustentabilidad, a inicios de los años ochenta. Por ejemplo, en 1981, la primera Estrategia Mundial de la Conservación señala que, para que el desarrollo fuera sostenible, debía considerar factores económicos y sociales, junto a la base de recursos vivos e inanimados ofrecidos por los ecosistemas.

CONCLUSIONES

El marco jurídico ecuatoriano para la conservación de las áreas protegidas, aunque avanzado en términos legislativos, presenta deficiencias significativas en su aplicación efectiva debido a la presión de las actividades humanas como la minería, la agricultura y la urbanización. De acuerdo con la investigación realizada, revela que la mayoría de los encuestados perciben las leyes actuales como insuficientes para garantizar la protección de estos espacios naturales, señalando la falta de recursos financieros, logísticos y sanciones más estrictas como principales obstáculos.

Es evidente la necesidad de reformas legales que fortalezcan el marco normativo, que aumenten las sanciones para las infracciones ambientales y promuevan un control más eficiente. Asimismo, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades locales en la gestión y conservación de las áreas protegidas, ya que su participación puede contribuir a una gobernanza ambiental más sostenible e inclusiva.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008). Constitución De La Republica Del Ecuador 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008, Quito, Ecuador. https://n9.cl/hd0q

Asamblea Nacional del Ecuador. (2005). Ley de Áreas Protegidas (Ley No. 37). Quito, Ecuador. https://n9.cl/twrtl

Asamblea Nacional de Ecuador. (2017). Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial No. 51. Quito, Ecuador. https://n9.cl/qmoet

Congreso Nacional del Ecuador. (1999). LEY Nª 37/1999, DE GESTIÓN AMBIENTAL. Quito, Ecuador. https://n9.cl/lbgra

Becerra Guamán. (2025). Impacto jurídico-ambiental de la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana: análisis normativo y jurisprudencial. https://n9.cl/t8d20

Elbers, J. (2011). Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro. https://n9.cl/bdxrsa

González Salas, Raúl, Vidal del Río, Mildre Mercedes, Jiménez Villa, Marcelo Alejandro, & Villamarín Barragán, Darwin Rafael. (2024). Gestión de áreas protegidas en el Ecuador: estrategias y conservación. Revista Universidad y Sociedad, 16(4), 160-169. https://n9.cl/2zee8

Gudynas, E. (2011). Desarrollo, derechos de la naturaleza y buen vivir después de Montecristi. Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador, 86, 83-102. https://n9.cl/0z4s3

Hernández-García, V. A., Riera-Pozo, Ángeles D., López-Chávez, J. A., & Iglesias-Quintana, J. X. (2024). Políticas publica para la preservación ambiental en Ecuador. Verdad Y Derecho. Revista Arbitrada De Ciencias Jurídicas Y Sociales, 3(especial), 103-112. https://n9.cl/f11oxp

Jiménez Torres, Johanna Elizabeth. (2025). Derechos de la naturaleza en el Ecuador: el reto constitucional. Cuestiones constitucionales, (52). https://n9.cl/atyd0s

Martínez Moscoso, A. (2020). El nuevo marco jurídico en materia ambiental en Ecuador. estudio sobre el Código Orgánico del Ambiente. https://n9.cl/knpdz

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