INTRODUCCIÓN

Las percepciones de inseguridad en Ecuador están influenciadas por factores como los ingresos, la educación, el empleo y el acceso a servicios básicos. Las desigualdades en estas áreas aumentan la vulnerabilidad y aumentan el impacto de delitos como el robo y el asesinato. La agitación económica mundial de 2020 a 2023 aumentó la pobreza y afectó a 165 millones de personas, según las Naciones Unidas. En Ecuador, el 26% de la población vive en pobreza de ingresos, con el 23,7% en zonas rurales (42,2%). Tasas de pobreza extrema. Esta situación, sumada a la desigualdad, el desempleo y el acceso limitado a la educación, se refleja en el alarmante aumento de la violencia criminal y asesina en el país y la región (Ortega Casquete, Reyna Segura, & Yela Burgos, 2024).

El estudio entre la desigualdad social, pobreza y criminalización de la juventud en el Ecuador es fundamental en el contexto actual, donde la inseguridad y las desigualdades socioeconómicas generan una creciente preocupación. La pobreza no solo restringe el acceso a oportunidades fundamentales como la educación y el empleo, sino que también aumenta la susceptibilidad de los jóvenes a las sanciones por parte de las entidades de control social, consolidando un ciclo de marginación y estigma.

En concreto, la prevalencia de la pobreza ha aumentado debido a las perturbaciones económicas mundiales entre 2020 y 2023, afectando a 165 millones de personas, según datos de la ONU. En Ecuador, el 26% de la población vive en pobreza por ingresos, cifra que asciende al 42,2% en las zonas rurales, mientras que la pobreza extrema afecta al 9,8% de los ciudadanos. (Ortega Casquete, Reyna Segura, & Yela Burgos, 2024). Esta situación ha generado un aumento de la criminalidad violenta en el país, como lo demuestra el alto número de homicidios y delitos asociados al crimen organizado registrados en América Latina y el Caribe en 2021. Específicamente, Ecuador observó un aumento significativo de la violencia homicida entre 2021 y 2022. La inseguridad social se ha convertido en una preocupación importante, afectada por factores económicos y sociales como el nivel de ingresos, la disponibilidad de educación y empleo, así como factores socioeconómicos.

En este contexto, el estudio adopta un enfoque longitudinal no experimental con el objetivo de detectar patrones y establecer vínculos entre la pobreza y la delincuencia. Este método busca sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención de la delincuencia y la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Además, la investigación busca examinar el impacto del desempleo juvenil en la vulnerabilidad social, un problema que se ha intensificado debido a la pandemia de COVID-19.

Según la Organización Internacional del Trabajo (2021), la crisis sanitaria tuvo un impacto desproporcionado en los jóvenes de América Latina, incrementando la tasa de desempleo juvenil a niveles tres veces superiores a los de los adultos. En Ecuador, entre junio de 2019 y junio de 2020, el desempleo juvenil aumentó 14 puntos porcentuales, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de este grupo ante las crisis económicas (Organización Internacional del Trabajo,2020).

Estas cifras subrayan la importancia de implementar estrategias centradas en la creación de empleos decentes y estables, enmarcadas en un modelo de economía social que priorice el bienestar de la población. Desde una perspectiva estructural, la criminalización de la pobreza es crucial para comprender cómo los sistemas de justicia penal y seguridad pública pueden estar sesgados hacia ciertos grupos poblacionales. En Ecuador, el aumento de la delincuencia ha llevado a la implementación de políticas disciplinarias que, a menudo, afectan desproporcionadamente a los jóvenes de bajos recursos, intensificando su marginación y dificultando su reinserción social. Desde una perspectiva metodológica, este estudio se basa en una metodología histórica y cualitativa que facilita el análisis del desarrollo de la desigualdad social y su influencia en la criminalización de la juventud.

La importancia de este estudio radica en la capacidad para dar evidencia de como la desigualdad social y la pobreza no solo limitan las oportunidades de los jóvenes en Ecuador, sino que también da a relucir la realidad del sistema judicial penal que, en lugar de ofrecer soluciones efectivas y permanentes, tiende a criminalizarlos. Al analizar como estos factores influyen en la delincuencia y la exclusión social, la investigación proporciona información clave para el diseño de políticas públicas más equitativas y efectivas. Igualmente, el estudio contribuye a la comprensión de cómo funcionan las estructuras que siguen desarrollando y perpetuando la pobreza y la criminalización de los jóvenes, permitiendo visibilizar la inestabilidad al momento de aplicar la ley y la necesidad de enfoques preventivos en lugar de punitivos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,2013).

Esto es importante en un contexto donde la inseguridad social ha ido en aumento, y donde la respuesta estatal suele centrarse en el endurecimiento de las penas en lugar de profundizar las causas subyacentes de la criminalidad. Por otro lado, la investigación resalta la urgencia de implementar estrategias económicas y sociales que promuevan la inclusión y el empleo juvenil, especialmente tras los efectos devastadores de la pandemia COVID-19 en el mercado laboral. Al proporcionar un análisis basado en datos empíricos, la investigación se convierte en una herramienta valiosa para académicos, formuladores de políticas y actores sociales interesados en la reducción de la desigualdad y la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable en Ecuador.

El objetivo general de este estudio es analizar la relación entre los factores socioeconómicos y la inseguridad social en Ecuador y conocer cómo variables clave como el nivel de ingresos, la educación, el empleo y el acceso a servicios básicos influyen en la percepción de la inseguridad. Para ello se utiliza un enfoque cuantitativo utilizando herramientas como la regresión múltiple, que permite identificar patrones y relaciones entre estas variables y su impacto en la población. También usamos un método histórico para analizar el punto de partida de estas problemáticas y entender cómo, históricamente, ha ido evolucionando hasta alcanzar los niveles de desigualdad y discriminación que tenemos hasta el día de hoy.

MÉTODO

Se llevo a cabo una investigación de tipo histórica en donde se revisaron los antecedentes de nuestro problema y como ha ido evolucionando hasta llegar a ser, el gran problema social que hoy es. Recopilamos datos de tipo científico que cuenten con cifras exactas, tanto de la pobreza como de la tasa de criminalidad, que existe en el Ecuador. Con el objetivo de investigar el nexo que existe en ambos temas de tipo social y criminal.

En esta investigación, se aplicó una observación indirecta basada en la recopilación de datos de fuentes secundarias, como informes gubernamentales, estudios académicos y documentos de organismos internacionales. Se utilizo el análisis de contenido; el cual fue utilizado para examinar documentos, leyes, estudios académicos y estadísticas relevantes a la problemática investigada. Esta técnica permitió una interpretación detallada de la información disponible, enfocándose en patrones, tendencias y discursos que evidencian la relación entre desigualdad, pobreza y Criminalización juvenil.

RESULTADOS

Desigualdad social, pobreza y criminalización como problemas sociales

Científicamente los problemas de carácter social que ha enfrentado la juventud ecuatoriana tales como la desigualdad social, la pobreza y la criminalización, son el resultado de un proceso social y económico de largo impacto histórico, pues desde el periodo colonial la división de las clases sociales se ha visto marcada en donde el poder y la riqueza pertenecían únicamente a una minoría. Estudios como los de (Acosta, ResearchGate, 2020) destacan que las políticas neoliberales generaron un crecimiento alarmante de la pobreza y la exclusión social durante el siglo XX, el cual persiste hasta la actualidad.

Además, el sistema económico basado en la acumulación de riqueza y la limitada distribución de recursos ha exacerbado la desigualdad en Ecuador, afectando principalmente a los jóvenes de las zonas más desfavorecidas. La falta de acceso a una educación de calidad, la degradación del empleo y la falta de políticas públicas efectivas han contribuido a mantener un sistema donde los jóvenes enfrentan mayores obstáculos para su crecimiento. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza en Ecuador afecta a más del 26% de la población, con un impacto aún más severo en las zonas rurales, donde la falta de infraestructura y la escasez de servicios son factores que agravan la situación.

Otro elemento crucial en la criminalización de la juventud es la conexión entre la pobreza y el sistema de justicia penal. En Ecuador, los jóvenes de zonas marginadas tienen mayor probabilidad de ser discriminados por las fuerzas de seguridad y de enfrentar castigos más severos que los de clases privilegiadas. Esta circunstancia se debe a patrones estructurales que vinculan la pobreza con la delincuencia, reforzando estereotipos que intensifican la marginación y reducen las oportunidades de reinserción social. Estudios realizados por las Naciones Unidas (ONU) han indicado que los sistemas de control social tienden a centrarse más en la represión que en la prevención, lo que agrava el problema en lugar de resolverlo.

En este contexto, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes se convierte en un factor de alto riesgo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el desempleo juvenil en Ecuador triplica al de los adultos, lo que obliga a muchos jóvenes a recurrir al empleo informal, al subempleo o, en el peor de los casos, a actividades ilegales como medio de subsistencia. La precariedad laboral y la falta de acceso a recursos básicos no solo afectan el bienestar de los jóvenes, sino que también aumentan la percepción de inseguridad en la sociedad, generando un círculo vicioso en el que la pobreza y la Criminalización se retroalimentan.

Para concluir, la inequidad social, la pobreza y la Criminalización de los jóvenes en Ecuador son asuntos profundamente enraizados que necesitan una solución holística. Aparte de acciones sancionadoras, es crucial la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la creación de puestos de trabajo dignos, un acceso justo a la educación y la disminución de las desigualdades económicas. Sin estas modificaciones estructurales, la juventud continuará lidiando con obstáculos que restringen su crecimiento y mantienen la marginación social.

Desigualdad, pobreza y criminalización como factores determinantes en la juventud

La desigualdad y la pobreza son factores que han afectado las oportunidades laborales para los ecuatorianos, especialmente en la categoría juvenil. Durante las décadas de los 80’s y 90’s, las crisis económicas y los ajustes estructurales impusieron severas restricciones al gasto público, afectando gravemente la educación y la salud (Acevedo Rodríguez & Valenti Nigrini, 2016). Este contexto histórico afecta a los recursos y posibilidades que tendrán las futuras generaciones juveniles para tratar de romper este círculo, afectando también su aceptación social y reintegro a la sociedad debido a la criminalización por parte de grupos privilegiados.

Con el tiempo, el desempleo juvenil se ha convertido en uno de los desafíos más importantes en Ecuador. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos, lo que limita su capacidad para lograr estabilidad financiera y una mejor calidad de vida. Esta situación se agrava cuando el trabajo al que pueden acceder es precario, con bajos salarios, sin acceso a la seguridad social y con limitadas oportunidades de desarrollo profesional.

Además, la inequidad en la disponibilidad educativa agrava este problema. Si bien los jóvenes de las zonas urbanas tienen más oportunidades de completar la educación secundaria y acceder a la educación superior, en las zonas rurales la deserción escolar es más frecuente debido a la falta de recursos y oportunidades económicas. Según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente el 30 % de los jóvenes de bajos ingresos en Ecuador no completa la educación secundaria, lo que reduce significativamente sus posibilidades de obtener un empleo formal.

Este entorno de pobreza y falta de oportunidades laborales ha llevado a que muchos jóvenes sean estigmatizados y vinculados a la delincuencia. En gran medida, la criminalización de los jóvenes en Ecuador se debe a un sistema de control social que centra su opresión en los grupos más vulnerables. Informes de organizaciones de derechos humanos han indicado que los jóvenes de zonas periféricas suelen sufrir mayor vigilancia y detenciones injustificadas en comparación con los de sectores más favorecidos. Esta estigmatización no solo dificulta su integración al mundo laboral y social, sino que también perpetúa un ciclo de marginación en el que la pobreza se convierte en un factor crucial de criminalización.

En este contexto, es fundamental examinar cómo las políticas públicas pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de estas desigualdades. Invertir en programas de formación técnica y profesional, fortalecer las políticas de empleo juvenil e implementar mecanismos de reinserción social pueden ser estrategias eficaces para mitigar el impacto de la pobreza en la juventud ecuatoriana. Sin embargo, sin una estrategia estructural que aborde las causas profundas del problema, la inequidad y la criminalización seguirán siendo obstáculos para el progreso de las generaciones futuras.

Factores que influyen en la desigualdad, pobreza y criminalización

Históricamente, diversos factores como la concentración de la propiedad agraria del siglo XX (Acosta, ResearchGate, 2020), el proceso de urbanización desordenada en el siglo XX (Chanatxi Suarez, Celi Paredes, Trujillo Velasco, & Castillo Hinojosa, 2007) y la globalización económica del siglo XXI, que ha generado profundas asimetrías sociales (Barcena, Prado, Abramo, & Pérez, 2016). Estos fenómenos han convertido al desempleo, la desintegración familiar y la violencia en una relación que afecta directamente a la juventud.

Uno de los factores clave que ha mantenido la desigualdad social en Ecuador es la acumulación de riqueza y la desigualdad en la propiedad de la tierra. Desde la época colonial, una élite privilegiada ha controlado los recursos, lo que ha restringido el acceso de la mayoría de la población a los medios de producción y a las oportunidades económicas. A pesar de ciertas reformas agrarias del siglo XX, la estructura socioeconómica no ha experimentado cambios significativos, y la exclusión sigue siendo un problema para las comunidades rurales, donde la pobreza es mayor que en las zonas urbanas.

El proceso desordenado de urbanización ha desempeñado un papel crucial. El rápido desarrollo de las ciudades sin una planificación adecuada ha propiciado la expansión de zonas periféricas con condiciones desfavorables, falta de servicios básicos y altos índices de violencia. Estas zonas, que albergan principalmente a jóvenes de bajos recursos, han sido estigmatizadas y etiquetadas como focos de delincuencia, lo que ha contribuido a su criminalización por parte de las autoridades de seguridad y la sociedad en general.

En contraste, la globalización económica del siglo XXI ha exacerbado la desigualdad al beneficiar a sectores económicos altamente tecnológicos, limitando el acceso de las comunidades a la educación y la capacitación laboral. La automatización y la externalización de empleos han reducido las oportunidades de empleo estable para los jóvenes, obligándolos a optar por el empleo informal o el desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ecuador, más del 60% de los jóvenes trabajadores se encuentran en empleo informal, lo que significa que carecen de estabilidad económica, seguridad social y oportunidades de desarrollo profesional.

Otro factor esencial es la desintegración familiar y la falta de acceso a los servicios sociales. En muchas comunidades vulnerables, la falta de programas de asistencia durante la infancia y la adolescencia ha dejado a los jóvenes expuestos a la violencia, el consumo de drogas y la falta de orientación educativa. La criminalización de estos jóvenes no solo se debe a su situación socioeconómica, sino también a la ausencia de políticas eficaces de prevención y reinserción social.

En conclusión, la desigualdad, la pobreza y la Criminalización de la juventud en Ecuador son resultado de múltiples factores históricos, económicos y sociales que se han acumulado a lo largo del tiempo. Para abordar eficazmente este problema, es necesario implementar estrategias integrales que combinen reformas en el acceso a la educación, oportunidades laborales y mecanismos de apoyo social que permitan a los jóvenes desarrollarse en un entorno más equitativo y libre de estigma.

Causas de la desigualdad, pobreza y criminalización en la juventud

A través de la historia las causas de la desigualdad, la pobreza y la Criminalización juvenil ecuatoriana se encuentra en un debilitamiento por parte del Estado de bienestar y por la falta de una reforma agraria integral. Las consecuencias que han dejado la marginación social y la exclusión económica, incluyendo a la falta de atención por parte de las políticas públicas efectivas a través del tiempo, han mantenido este ciclo de injusticia y desigualdad. Al comprender estos fenómenos desde el punto de vista histórico permite entender la raíz del problema y analizar posibles soluciones como la necesidad de intervenciones estructurales a largo plazo.

Uno de los factores clave que ha fomentado la desigualdad es la falta de un modelo económico justo. Si bien ha habido crecimiento económico durante varias décadas, la distribución de la riqueza ha sido extremadamente desequilibrada, favoreciendo a las élites y dejando a los grupos más vulnerables con pocas oportunidades de progreso. La estructura económica ha generado considerables disparidades entre las clases sociales, restringiendo el acceso de los jóvenes a recursos fundamentales como la educación, la atención médica y el empleo formal.

Otro factor crucial es la falta de acceso a una educación de calidad. En Ecuador, los jóvenes de zonas rurales y desfavorecidas enfrentan mayores obstáculos para completar su educación debido a la falta de infraestructura educativa, la necesidad de incorporarse al mercado laboral desde temprana edad y la falta de apoyo gubernamental. Esto reduce sus perspectivas laborales y los expone a un alto riesgo de marginación social, convirtiéndose en un factor crucial en la Criminalización de los jóvenes (Instituto Nacional de Estadística y Censos,2021).

Además, el desempleo y la degradación laboral desempeñan un papel crucial en este problema. La falta de oportunidades laborales estables para los jóvenes ha creado un entorno de incertidumbre económica, en el que muchos terminan en empleos informales en condiciones de explotación o recurren a actividades delictivas como medio de subsistencia. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo juvenil en América Latina es considerablemente mayor que el de los adultos, lo que pone de manifiesto la falta de políticas eficaces para la inclusión laboral de este grupo.

Además, el estigma y la Criminalización de la pobreza han intensificado la marginación de los jóvenes en Ecuador. Las estrategias de seguridad y justicia penal se han centrado en tácticas represivas en lugar de la prevención, lo que ha resultado en que los jóvenes de zonas empobrecidas sean vistos como delincuentes potenciales en lugar de ciudadanos con derechos. Esta perspectiva ha fomentado un sistema legal que penaliza excesivamente a los menos favorecidos, perpetuando un ciclo en el que la pobreza está vinculada a la delincuencia.

Otro factor a considerar es la desintegración familiar y la falta de apoyo social. En muchas situaciones, las familias de bajos ingresos se enfrentan a condiciones de vida desfavorables, donde la falta de una red de apoyo efectiva dificulta el desarrollo integral de los jóvenes. La violencia doméstica, la falta de acceso a servicios de salud mental y la escasez de espacios recreativos y educativos personales agravan aún más la situación, dejando a los jóvenes sin los recursos necesarios para romper el ciclo de pobreza y delincuencia.

Finalmente, las causas de la desigualdad, la pobreza y la criminalización entre la juventud ecuatoriana son profundas y multifacéticas. No pueden abordarse únicamente con enfoques punitivos; requieren soluciones estructurales que incluyan reformas económicas, educativas y sociales centradas en la igualdad. Implementar programas de empleo juvenil, mejorar el acceso a la educación e implementar políticas de justicia restaurativa pueden ser acciones fundamentales para cambiar esta situación y garantizar un futuro más equitativo para las futuras generaciones.

Esta investigación aplica el método histórico, sin embargo, se incorporaron gráficos obtenidos de la página del INEC para aportar mayor valor a la interpretación y discusión de los resultados, así como a las conclusiones.

DISCUSIÓN

El estudio confirma que la pobreza y la desigualdad social en Ecuador afectan de manera desproporcionada a los jóvenes, limitando su acceso a la educación, empleo y servicios básicos. Las cifras reflejan que el 26% de la población ecuatoriana vive en condiciones de pobreza, siendo aún más critica la situación de zonas rurales, donde el 42,2% de los habitantes enfrenta precariedad económica (Instituto Nacional de Estadística y Censos,2022).

Estas condiciones restringen el desarrollo de los jóvenes y aumentan su vulnerabilidad ante los sistemas de control social. Adicionalmente, la falta de inversión en educación de calidad y en programas de capacitación laboral ha impedido que los jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades. En zonas rurales, las escuelas y colegios presentan deficiencias en infraestructuras y falta de docentes capacitados, lo que genera desigualdades en la formación académica y, en consecuencia, en la empleabilidad futura de los estudiantes. La exclusión social, derivada de esta desigualdad estructural, refuerza la marginación de los jóvenes y contribuye a que sean vistos como un grupo de alto riesgo dentro del sistema penal.

Otro hallazgo clave es que el desempleo juvenil es significativamente más alto que el de los adultos, lo que ha generado un aumento en la informalidad laboral y en la exclusión social de este grupo. Los datos indican que los jóvenes enfrentan tres veces más probabilidades de estar desempleados, lo que los obliga a recurrir a empleos precarios o, en algunos casos, a actividades ilícitas como medio de subsistencia. Esta situación es agravada por la falta de políticas de inserción laboral que permitan reducir esta brecha de oportunidades.

A pesar de que existen programas gubernamentales destinados a fomentar el ejemplo juvenil, estos sueles ser insuficientes y no están diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral actual. La inestabilidad económica del país también ha contribuido a que los jóvenes enfrenten mayores dificultades para encontrar empleos formales y bien remunerados. Además, los empleos informales a los que pueden acceder carecen de beneficios sociales y estabilidad, lo que perpetua la inseguridad económica de este grupo y estabilidad, lo que perpetua la inseguridad económica de este grupo y lo deja en una situación de vulnerabilidad ante la Criminalización por parte de las autoridades.

Los resultados evidencian que el sistema de justicia penal en el Ecuador tiende a criminalizar la pobreza, afectando con mayor severidad a los jóvenes de sectores marginados. Se ha identificado que las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales aplican sanciones más severas a personas en situación de vulnerabilidad, perpetuando un ciclo de exclusión y discriminación. En lugar de estrategias de reinserción social, las políticas estatales han priorizado un enfoque punitivo, que no atiende las causas estructurales de la criminalidad. Esta situación se refleja en el perfil socioeconómica de la población carcelaria, donde la mayoría de los reclusos provienen de entornos empobrecidos y con bajos niveles de educación.

Además, los procedimientos judiciales a menudo carecen de garantías adecuadas para los acusados de escasos recursos, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una defensa legal efectiva. La estigmatización de la juventud en situación de pobreza por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general también refuerza este sesgo, justificando políticas de seguridad más represivas en lugar de medida de prevención y apoyo social (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,2017).

CONCLUSIONES

La desigualdad social y la pobreza siguen siendo factores determinantes en la exclusión de la juventud ecuatoriana, limitando su acceso a oportunidades educativas y laborales. La falta de inversión en infraestructura educativa y programas de capacitación ha contribuido que los jóvenes en situación de pobreza enfrenten mayores dificultades para desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Es imprescindible que el Estado implemente políticas de inclusión que garanticen una educación de calidad y acceso equitativo a oportunidades de crecimiento.

El desempleo juvenil es un problema estructural que afecta a miles de jóvenes ecuatorianos, a quienes, ante la falta de oportunidades en el mercado formal, recurren a la informalidad o actividades ilícitas para subsistir. Esta situación no solo agrava su vulnerabilidad económica, sino que también los expone a procesos de Criminalización por parte de las autoridades. La implementación de políticas de inserción laboral juvenil y la generación de empleo digno deben ser prioridades para reducir el impacto negativo del desempleo en este grupo poblacional.

El sistema de justicia penal en Ecuador refuerza la Criminalización de la pobreza, afectando desproporcionadamente a los jóvenes de sectores marginados. La falta de acceso a una defensa legal adecuada y la aplicación de políticas punitivas en lugar de preventivas perpetúan un ciclo de exclusión y estigmatización. Es crucial reformar el enfoque de seguridad pública, priorizando estrategias de reinserción social y justicia restaurativa que permitan a los jóvenes acceder a oportunidades en lugar de ser condenados por su contexto socioeconómica.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Barcena, A., Prado, A., Abramo, L., & Perez, R. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL. https://n9.cl/dvbix5

Chanatxi Suarez, J. M., Celi Paredes, E., Trujillo Velasco, J., & Castillo Hinojosa, D. A. (2007).La desicualdad social el Ecuador. REDIPE. https://n9.cl/wtvmxc

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Pobreza y derechos humanos en las Américas. https://n9.cl/i1i83

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Ortega Casquete , Y. S., Reyna Segura , G. L., & Yela Burgos , R. T. (2024). La Relación entre la Pobreza y el Crimen Violento en Ecuador: Un Análisis de Variables Socioeconómicas. Revista Veritas De Difusão Científica, 5(2), 1034–1056. https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i2.136

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