INTRODUCCIÓN

El Derecho Administrativo es la disciplina jurídica que controla las interacciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, dando preferencia a lo colectivo por encima de lo individual. Su trabajo abarca limitación, organización y servicio público; este último es fundamental para complacer a la población. La Administración Pública es un servicio a la comunidad que se guía por principios tales como la eficacia, la eficiencia, la calidad, la transparencia y la descentralización. Para llevar a cabo sus funciones, la administración utiliza varias maneras de expresión que el Código Orgánico Administrativo (2017) regula, entre las cuales resalta el acto administrativo. A través de este último, emite resoluciones con impacto jurídico a nivel individual y general. Por otra parte, el acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad de la Administración Pública que produce consecuencias legales directas, con la capacidad de crear, alterar o extinguir circunstancias jurídicas. Este acto debe satisfacer requisitos fundamentales, como la competencia, un objeto definido, un procedimiento establecido y una motivación apropiada, de acuerdo con el mismo Código.

Por otro lado, la ausencia de motivación anula el acto administrativo, lo que conlleva su nulidad y pone en riesgo la seguridad jurídica. Por esta razón, es fundamental que los funcionarios públicos establezcan una argumentación fundamentada que vincule los antecedentes fácticos con la norma legal para legitimar el desempeño del poder administrativo (Matute-Lojano & Ormaza-Ávila, 2022).

Esta investigación surge de la necesidad de tratar desde un punto de vista legal el problema de la arbitrariedad en la Administración Pública, con el fin de valorar qué tan eficaces son las garantías que motivan los actos administrativos. Aunque existen regulaciones que requieren una adecuada fundamentación en la emisión de resoluciones administrativas, se observan en la práctica lagunas e incluso fallas que posibilitan la emisión de actos sin una argumentación apropiada, lo cual impacta los principios de control de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.

Se plantea como objetivo general de la investigación analizar la garantía de la motivación del acto administrativo. Limite a la arbitrariedad de la administración pública.

MÉTODO

El planteamiento realizado por los investigadores para el desarrollo del método, es mediante la indagación, recolección y análisis crítico documental y referencial bibliográfico, basándose en la exploración metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes documentales conformadas por artículos arbitrados y leyes, describiendo los hallazgos encontrados. En la investigación, se ha empleado como técnica la revisión documental, la cual permite obtener información valiosa para encuadrar los acontecimientos, problemas y reacciones más usuales de personas y culturas que son objeto de análisis. (Sánchez et al, 2021). Se recurre, además, al método inductivo-deductivo, el cual propone que para hallar una verdad se deben escudriñar los hechos y no basarse en meras especulaciones, igualmente a partir de afirmaciones generales para llegar a las específicas. (Dávila, 2006).

RESULTADOS

Se presentan a continuación los datos obtenidos, luego de la aplicación del método planteado por los investigadores.

El acto administrativo concepción jurídica y doctrinaria

Primero, debemos entender qué son las actuaciones administrativas, de acuerdo al artículo 89 del Código Orgánico Administrativo (2017). Estas no son más que los métodos que tiene la administración pública para expresarse y se incluyen: 1. Acto administrativo, 2. Hecho de administración simple, 3. Contrato administrativo, número 4. Hecho administrativo, 5. Acto normativo de naturaleza administrativa.

Es fundamental enfocarse exclusivamente en el acto administrativo y su importancia como una de las acciones administrativas más relevantes y necesarias. Para ello, cobran importancia los conceptos definidos por diversos juristas y la legislación ecuatoriana. El Código Orgánico Administrativo sobre el acto administrativo establece:

Artículo. 98.- Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.

Asegurar la seguridad jurídica en cada resolución administrativa debe ser el producto de un silogismo jurídico estricto que posibilite al ciudadano entender las justificaciones precisas de la decisión y, si es preciso, cuestionarla con argumentos sólidos ante una administración que tiene que ser, sobre todo, transparente y responsable. (Álvarez-Sanango y otros, 2020).

A partir de los conceptos previamente presentados, podemos concluir que un acto administrativo es un acto jurídico que la Administración Pública emite de manera unilateral. Este debe contar con elementos esenciales como la competencia, un objetivo preciso y claro, el procedimiento a seguir y una adecuada motivación. Además, este acto tiene el poder de extinguir, crear o modificar situaciones jurídicas y se rige por el Derecho Administrativo. Produce efectos sobre individuos o grupos de personas.

Requisitos de validez del acto administrativo

Es importante enfatizar que, además de entender que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad hecha por un órgano o dependencia pública durante su función administrativa, deben cumplirse ciertas formalidades conocidas como requisitos de validez. Si alguno de estos no se cumple, el acto administrativo será inválido y no tendrá ningún efecto jurídico. Los siguientes están establecidos en el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo:

1. Competencia.

2. Objeto.

3. Voluntad.

4. Procedimiento.

5. Motivación.

La garantía de la motivación en la legislación ecuatoriana

La motivación es un requisito indispensable en el acto administrativo, ya que representa una condición básica para que este tenga validez, según lo estipula el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo. Asimismo, está considerada como una garantía del debido proceso en la Constitución de la República, particularmente en el artículo 76, numeral 7, literal l), que establece:

Artículo. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

La motivación debe ser comprendida como una práctica de publicidad y transparencia del componente causal del acto, en la que la autoridad no solamente explica lo que decidió, sino que además argumenta de manera lógica por qué esa decisión es la adecuada dentro del sistema jurídico vigente. (Celis Vela, 2025). La motivación es la máxima garantía contra el uso arbitrario del poder. Esta exige que cada decisión sea un ejercicio de racionalidad práctica, garantizando así la vigencia del Estado Social de Derecho y el respeto absoluto a los derechos fundamentales de los ciudadanos en relación con las actividades administrativas (Ospino Julio et al., 2024).

El Código Administrativo contiene principios vinculados con la motivación, como el principio de interdicción de la arbitrariedad, que está definido en el artículo 18 del propio Código. Este principio enfatiza la obligación de motivar para adecuar las acciones a los principios de igualdad y evitar así interpretaciones arbitrarias. De igual manera, el artículo 23 ibídem establece el principio de razonabilidad, que determina la importancia de motivar las decisiones tomadas por las administraciones públicas.

La motivación se entiende como un razonamiento jurídico que establece los fundamentos de la legitimidad y la legalidad en las decisiones tomadas por la Administración Pública y los poderes públicos, tal como lo dicta la Constitución en función del Estado Constitucional de derechos. Esta funciona como una institución que distingue lo arbitrario del derecho; por medio de ella, los órganos jurisdiccionales analizan el comportamiento humano, las acciones y los resultados, vinculándolos con lo dispuesto en la norma jurídica al emitir un fallo. (Maldonado-Cabrera, & Castellanos-Herrera, 2022).

En la sentencia 1158-17-EP/21, la Corte Constitucional determina que la motivación tiene que cumplir con tres criterios fundamentales: ser razonable, lógica y comprensible. La razonabilidad demanda la correcta implementación de los principios y las normas constitucionales; la lógica asegura que haya coherencia entre las premisas, la decisión y la conclusión, previniendo contradicciones con la ley o con la Constitución; por último, la comprensibilidad requiere que el lenguaje sea claro y asequible para todos. Estos criterios aseguran que las decisiones administrativas sean fundamentadas y transparentes (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

La ética pública como herramienta clave contra la corrupción y la arbitrariedad

Para detener la arbitrariedad administrativa, la ética pública puede ser una herramienta esencial; sin embargo, primero tenemos que entender qué es y por qué es tan importante en el desempeño de la función administrativa. Para comenzar, es fundamental saber quiénes son considerados servidores públicos. Según el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador: Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Si nos basamos solamente en la definición ofrecida por la Constitución, podemos establecer que toda persona que desempeñe un cargo, empleo o dignidad con ciertas funciones fijadas por la ley a orden del Estado es un servidor público.

De este artículo se puede concluir que el Estado tiene la obligación de capacitar y formar a los funcionarios públicos de manera constante, lo cual, por supuesto, debe incluir formación en valores para prevenir problemas como la arbitrariedad o la corrupción. Los términos de ética y moral, que están estrechamente relacionados, los hemos oído durante toda nuestra vida. Cuando hablamos de ética, la asociamos con una manera de actuar que busca el bien común. Sin embargo, la ética es algo más individual, aunque está en consonancia con los valores morales de la sociedad.

Según los autores Ferney Rodríguez, Jorge Navarro, Giselle de la Torre, Adriana Andrade y Omar Torres, citando a Bautista, la ética pública es una disciplina que se ocupa de señalar o establecer diferentes principios y normas que guiarán el comportamiento del individuo que desempeña una función pública. Estos valores tienen como objetivo proporcionar dicho servicio público y están impregnados de moralidad pública. (Rodríguez-Serpa y otros, 2023).

La ética pública tiene como objetivo alcanzar progreso en la sociedad, enfocándose en trabajar para que cada persona esté satisfecha a nivel personal y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida colectiva (Alvarado Silva & Paca Pantigoso, 2022). La ética pública es un campo de estudio que permite al servidor público adquirir conocimientos que lo guían a actuar de una manera determinada, según la circunstancia, con el objetivo de brindar apoyo y ayuda a los diferentes problemas que aparecen en la sociedad. Esto se logra estableciendo criterios a considerar para lograr el bienestar de la comunidad.

La ética pública establece principios y valores que refuerzan al servidor público, guiándolo hacia el bien común y previniendo los abusos de poder en la función administrativa, que pueden poner en riesgo los derechos de los ciudadanos. La corrupción ha cobrado gran importancia a nivel nacional e internacional en años recientes como resultado de muchos casos que han conducido a la sanción de funcionarios y autoridades electas. La transparencia y la imagen de la Administración Pública se ven perjudicadas cuando el ejercicio del poder no tiene control, como lo han demostrado estos escándalos.

DISCUSIÓN

Luego de llevar a cabo la investigación, se constató que la ausencia de motivación en el acto administrativo tiene un impacto directo y favorece la arbitrariedad en la Administración Pública, lo cual afecta los derechos de los administrados al violar una de las garantías del debido proceso: la garantía de motivación, según lo estipulado en el artículo 76 de la Constitución. Esto ocurre principalmente porque las normas establecidas para regular dichos actos son insuficientes y porque otros factores, como la falta de ética pública entre los servidores públicos, contribuyen a dicha arbitrariedad que puede ser ejercida por la Administración.

El acto administrativo, por su parte, es un instrumento esencial en el Derecho Administrativo porque facilita que las decisiones de la Administración Pública se lleven a cabo. El hecho de que la motivación posibilite comprobar la legitimidad y legalidad de estos actos, garantizando que se basen en principios constitucionales y normas jurídicas, es lo que hace que sea importante. No obstante, descubrimos que en numerosas situaciones las acciones administrativas no tienen una motivación apropiada, lo cual permite la discrecionalidad excesiva y la arbitrariedad en la administración pública.

La carencia de formación en los servidores públicos para elaborar y fundamentar acciones administrativas es uno de los problemas más importantes hallados. Esto, a su vez, lleva a la emisión de resoluciones que no satisfacen los requisitos requeridos por el marco legal vigente, aunque dicho marco legal pueda ser inadecuado en el intento de impedir decisiones arbitrarias porque se fundamentan únicamente en una formalidad sin examinar realmente el asunto central. Por lo tanto, los administrados se enfrentan a dificultades para cuestionar acciones que infrinjan sus derechos, lo que crea un entorno de desconfianza en la administración y de inseguridad jurídica.

A pesar de que la discrecionalidad administrativa es una facultad necesaria en ciertas ocasiones, debe estar sujeta a límites explícitos y a una motivación adecuada. De este modo, se observa que numerosas resoluciones administrativas se adoptan sin un respaldo apropiado, lo cual posibilita que los intereses personales o políticos predominen sobre el interés general. La ausencia de motivación no solo tiene un impacto negativo en la transparencia y el control ciudadano, sino que además permite que la corrupción se infiltre en la gestión pública, lo que a su vez daña la imagen de la Administración Pública ante los administrados.

Sin duda, garantizar la motivación es un elemento crucial para garantizar que los actos administrativos sean transparentes y legales. Su adecuada implementación no solo previene la arbitrariedad, sino que además robustece el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de derechos. Es imprescindible impulsar cambios que aseguren una motivación más rigurosa de los actos administrativos y promuevan la responsabilidad y la transparencia en el ámbito de la Administración Pública.

CONCLUSIONES

La garantía de motivación es un elemento esencial al emitir actos administrativos, ya que ayuda a evitar la arbitrariedad y controlar la discrecionalidad en el sector público. Se demostró que la ausencia de motivación puede llevar a decisiones injustas, lo que tiene un impacto directo en los derechos de quienes se gestionan y, a su vez, socava la confianza de estos en las instituciones públicas. Es fundamental implementar este principio de manera efectiva para asegurar lo que la Constitución establece en términos de seguridad jurídica y debido proceso.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de la investigación.

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Rodríguez-Serpa, F. A., Navarro Beltrán, J. A., De la Torre-Soto, G. L., Andrade Saavedra, A. R., & Torres Hernández, O. (2023). La ética pública como criterio de confianza legítima de las decisiones judiciales de la Corte Constitucional Colombiana. Jurídicas CUC, 19(1),231–258. https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.08

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Garantía de la motivación del acto administrativo. Limite a la arbitrariedad de la administración pública

Guarantee of the motivation of administrative acts. Limitation on the arbitrariness of public administration.

Rodney Ariel Rodríguez-Chávez

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo

Ecuador

Valeria Estefanía Vicuña-Pozo