INTRODUCCIÓN

Fortalecer los principios democráticos, promover el progreso económico y asegurar la prosperidad de la población son objetivos esenciales para cualquier gobierno que aspire a optimizar la transparencia y la eficiencia en sus servicios públicos. La eficacia en la administración pública supone que los recursos se empleen de forma óptima para ofrecer servicios de alta calidad, y la transparencia asegura que los ciudadanos tengan acceso a la información de manera sencilla y sin obstáculos. La calidad de los servicios no solo mejora con estas dos características juntas, sino que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las instituciones. Cuando los servicios públicos funcionan correctamente, los ciudadanos tienen un acceso más fácil y rápido a ellos, lo que mejora la calidad de vida y satisface las necesidades esenciales de la población.

El derecho de toda persona a que sus asuntos sean gestionados por las instituciones públicas con equidad, imparcialidad y dentro de un tiempo razonable se conoce como buena administración. Deja de ser una concesión del gobierno y se vuelve un deber que puede exigir el ciudadano (Pérez-Yauli y otros, 2022).

La noción de que los recursos públicos deben ser administrados de manera económica y racional para evitar el malgasto es la base del principio de eficiencia en la administración pública. Mejorar la administración pública y su desempeño, atendiendo a las necesidades de una sociedad que demanda servicios públicos más eficaces y de mejor calidad. Esas son las características principales: eliminar la necesidad de requerimientos innecesarios, utilizar sistemas y tecnologías informáticas eficientes, acortar los tiempos de respuesta, evitar demoras o retrasos sin justificación y hacer más simples los trámites administrativos (Wunder Hachem y Gabardo, 2018).

En tal sentido, la convergencia entre el derecho a una buena administración pública y el principio de transparencia en Iberoamérica muestra un cambio significativo en la relación entre el Estado y la ciudadanía, en la que la gestión gubernamental pasa de ser un ejercicio de poder vertical a ser un servicio ético y sujeto a auditoría (Finol Romero et al., 2021).

Las decisiones y acciones implementadas por los funcionarios o autoridades públicas deben ser planificadas de tal forma que contribuyan a que la gente ejerza sus derechos de manera efectiva. Esto supone eliminar barreras que impidan a los ciudadanos acceder a sus derechos. Se determina que no deben existir retrasos injustificados o innecesarios en los trámites administrativos. Esto tiene como objetivo garantizar que las decisiones y los trámites se efectúen de forma rápida y en el momento adecuado. No deben exigirse documentos o trámites que no sean verdaderamente esenciales para la tramitación administrativa, es decir, aquellos que no añaden valor al proceso. El propósito de esto es prevenir la burocracia innecesaria que pueda demorar el proceso (Código Orgánico Administrativo, 2017).

La eficiencia en el sector público se mide de acuerdo con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Una administración pública eficaz tiene que tener la capacidad de ajustarse a situaciones que cambian, sobre todo en épocas de crisis. El principio de eficiencia administrativa tiene un significado concreto desde la perspectiva jurídica. Está vinculado con el modo en que la administración pública debe comportarse de acuerdo a algunas directrices y objetivos definidos por el sistema normativo o legal. En otras palabras, la gestión debe implementar el principio de eficiencia no solamente en términos prácticos (velocidad, ahorro de recursos, etc.), sino también cumpliendo con los principios y normas legales que regulan su desempeño (Wunder Hachem y Gabardo, 2018).

Para garantizar la efectividad, la eficiencia y la transparencia de las decisiones gubernamentales, resulta fundamental valorar las políticas públicas. Para mejorar la administración pública y promover la rendición de cuentas en Ecuador, este procedimiento se ha convertido en una herramienta vital. Permite establecer si se están alcanzando los objetivos de las políticas y si el uso de los recursos públicos es adecuado. La evaluación facilita el acceso a información sobre cómo se implementan y aplican las políticas públicas, lo que fomenta la rendición de cuentas. La evaluación permite verificar si las políticas están logrando los resultados previstos, lo que es necesario para la sostenibilidad de los proyectos y programas del gobierno (ADEN, 2024).

La democracia se basa principalmente en la participación de los ciudadanos. Para que una democracia sea verdadera, los ciudadanos deben participar en la política pública, existir entidades sociales autónomas y contar con una sociedad civil bien estructurada. Uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es reforzar la democracia mediante el fomento de la participación ciudadana, un derecho con un fuerte soporte en la Constitución de la República. En este contexto, la reforma democrática del Estado impulsada por el Gobierno nacional la reforma democrática del Estado, impulsada por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo transformar los antiguos modelos de gestión pública cerrados en sistemas de administración conjunta y establecer procedimientos permanentes para la participación ciudadana. Esto permitirá que los ciudadanos tengan más control e incidencia sobre las acciones del Estado (SENPLADES,2012).

La participación ciudadana en Ecuador se ha vuelto un elemento clave para fomentar la transparencia y la eficiencia en el manejo de lo público. Este proceso está respaldado por un sólido sistema legal y constitucional que establece varios instrumentos y mecanismos de control social y participación. Múltiples modalidades de participación ciudadana se han instaurado en la Constitución de Ecuador y en normativas específicas como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), entre las que se incluyen: los presupuestos participativos, las veedurías, los observatorios y las asambleas locales. Estos instrumentos tienen como propósito garantizar que los ciudadanos participen directamente en la administración pública, pero su implementación efectiva se topa con varios desafíos.

La administración pública es un servicio a la sociedad que debe adherirse a principios esenciales como el análisis, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la descentralización, el involucramiento de los ciudadanos, la planificación y la transparencia. La finalidad de estos principios es garantizar que la administración pública sea eficiente y esté centrada en el servicio a la ciudadanía. Por otro lado, las competencias exclusivas no tienen que entorpecer la administración simultánea de los servicios públicos, promoviendo actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles del gobierno. Esto promueve una administración pública en la que los diferentes niveles de gobierno pueden colaborar y coordinarse para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El objetivo de la Constitución de la República del Ecuador es garantizar una administración pública eficaz, coordinada y beneficiosa, facilitando el trabajo en conjunto entre los diversos niveles gubernamentales para asegurar una prestación óptima de los servicios públicos, sin importar las competencias exclusivas que cada nivel tenga asignadas; en su artículo 314, fija principios esenciales que deben guiar los servicios públicos suministrados por el Estado. Estos abarcan la obligación, que supone que el Estado debe prestar los servicios; la uniformidad, que exige mantener un estándar de servicio constante y uniforme; la eficacia, que tiene como objetivo optimizar recursos; la responsabilidad, que implica rendir cuentas; y la accesibilidad, que garantiza el acceso sencillo para todos los ciudadanos.

Se plantea como objetivo general analizar el principio de eficiencia y transparencia en la gestión pública.

MÉTODO

La modalidad aplicada en el estudio es cualitativa. Según Molina (2019), el diseño cualitativo permite comprender fenómenos sociales y las personas implicadas en este, situación que se ha pretendido con el desarrollo de esta investigación. Apoyándose en la técnica de recolección de datos documental, manejando la recaudación y análisis de una tipología documental-bibliográfica (Hernández Sampieri et al., 2014), mediante la cual se procede a revisar artículos científicos y leyes. La técnica empleada es la entrevista, la cual se aplica a los funcionarios públicos.

RESULTADOS

Se presentan a continuación las entrevistas realizadas por los investigadores.

Tabla 1.

Entrevistas.

Interrogantes	JAVIER TAMAYO CEPEDA	VERÓNICA PATRICIA SAGBA AUSAY	IVÁN FERNANDO ANDRADE ARRIETA
	Servidor Municipal	Servidora Municipal de apoyo 3	Comisario de Inquilinato del GAD de Riobamba
1.¿Cuál considera usted que es la principal causa de los retrasos en la prestación de servicios públicos en Ecuador?	Se debe desde mi punto de vista a la falta de preparación de los funcionarios y más que en temas académicos se debería trabajar en temas de servicio al público y como tratar con los usuarios.	Generalmente la falta de conocimiento, de empatía de los servidores públicos acompañado de un pésimo sistema y equipos informáticos.	La falta de la aplicación de los términos y plazos de la tramitología interna, así como el desconocimiento de la ciudadanía y muchas veces desconocimiento del funcionario público a la aplicabilidad correcta de la norma.
2.¿Cómo cree que estos retrasos afectan la calidad de vida de los ciudadanos?	Los retrasos muchas de las veces se afecta derechos en cuanto a cumplimiento de plazos o términos y así también la credibilidad de toda la ciudadanía en los servicios públicos es prácticamente nula, trámites que duran meses o incluso años hacen que toda persona se vea afectada.	Incide en el sistema social, psicológico e inclusive económico ya que no tienen una atención adecuada.	Afectan directamente a la ciudadanía, ya que los ciudadanos deben gozar a plenitud de estos servicios que ya están siendo cobrados con el fin de que estos recursos sean revertidos en todo lo que necesita la administración pública para que la atención sea eficiente.
3.¿Qué impacto tiene en la economía del país los retrasos en los servicios públicos?	Negativo desde todo punto de vista trámites demasiado largos y burocráticos para obtener un permiso de funcionamiento hace que los emprendedores muchas veces optan por no seguir adelante con su iniciativa haciendo que se queden personas sin empleo.	Genera un fuerte impacto económico, si bien, al existir retrasos, paraliza los servicios por ende afecta a la Administración y el ciudadano.	Cuando se tiene servicios públicos eficientes la ciudadanía podría transportarse rápidamente de un lugar a otro, se pierde mucho tiempo y mucho dinero en recursos que pueden ser aportados al desarrollo de la obra pública.
4.¿Hay una escasez de personal capacitado para prestar los servicios públicos?	Lo que va es aprendiendo en el camino a despachar los diferentes trámites que se le encargan haciendo que exista demora en el despacho esto se debe también al egoísmo de parte de los funcionarios más antiguos y al cambio de personal por cada cambio de administración.	En los últimos tiempos las instituciones públicas se han convertido en banderas políticas, que hay funcionarios que no tienen un perfil académico para desempeñar distintos cargos públicos.	Debería existir un cronograma anual en temas de aplicabilidad y competencia del sector público, lastimosamente por falta de recurso y de programación no se realiza esta capacitación de manera cronológica y eficiente.
5.¿Cuáles considera usted que son las principales acciones que se deben tomar para reducir los retrasos en la prestación de servicios públicos?	Los tramites debes ser más simplificados y debe existir menos burocracia en muchas instituciones existe hasta cuatro personas para despachar un trámite que bien podría realizarlo una sola persona, los cobros deben ser más agiles y contar con mejor tecnología a fin de agilitar las extensas colas que existen en las oficinas de recaudación.	Mejorar en los sistemas de información, atención, garantizar al ciudadano un servicio d calidad y eliminar tanta burocracia.	Planificar un presupuesto eficiente, participativo donde se dé prioridad a los servicios básicos, presupuestar de manera rápida y global el presupuesto para que se pueda desarrollar con más agilidad las competencias de los GADS.

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

Los resultados revelan una situación compleja en Ecuador en lo que se refiere a la aplicación de los principios de transparencia y eficiencia en la gestión pública. A pesar de que se han conseguido progresos importantes en la formulación de leyes y en el establecimiento de procedimientos para garantizar estos principios, todavía existen barreras significativas en la práctica diaria. La corrupción, la burocracia y la ausencia de una rendición de cuentas real en algunos ámbitos son obstáculos que impiden la aplicación eficaz de estos principios. Las instituciones y la ciudadanía siguen esforzándose para asegurar que la administración pública cumpla con estos principios esenciales.

La evaluación de políticas públicas se ha convertido en un pilar esencial del manejo público en Ecuador, garantizando la eficacia, la transparencia y la eficiencia de las decisiones tomadas en este ámbito. Este procedimiento es fundamental para optimizar la administración pública y fomentar la rendición de cuentas, ya que posibilita comprobar si se están utilizando correctamente los recursos y si se están cumpliendo las metas políticas. La evaluación permite acceder a información acerca de cómo se llevan a cabo las políticas, lo que hace más transparente el proceso y garantiza que se produzcan los resultados esperados, elementos cruciales para la sostenibilidad de proyectos gubernamentales. La eficiencia en la administración pública surge de la simple acción del Estado, que necesita ser rápida, ágil y productiva.

En Ecuador, la democracia se fundamenta en el involucramiento de los ciudadanos, que cuenta con el apoyo de la Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo. Estos dos instrumentos promueven que la administración pública se desarrolle en dirección a modelos de gestión compartida. Entendemos la participación ciudadana como una herramienta de control social que incluye la transparencia y la responsabilidad de los representantes políticos, lo cual hace más robusto el concepto de soberanía popular. Si bien ha logrado mejorar la transparencia y la calidad de los servicios, su impacto varía entre las instituciones, lo cual resalta la necesidad de fortalecer una cultura participativa y superar la resistencia institucional para llegar a su mayor potencial.

El propósito de la administración pública en Ecuador es transformarse en un servicio completo que se rija por los valores de eficacia, eficiencia y transparencia. La Constitución fomenta la colaboración entre las diferentes instancias de gobierno con el propósito de mejorar la calidad de los servicios. Los principios esenciales de los servicios públicos, conforme a lo establecido en el artículo 314, son la uniformidad, la accesibilidad, la responsabilidad, la eficiencia y la obligatoriedad. La constancia, la continuidad y la calidad son esenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La meta de estos principios es lograr una administración pública que sea tanto justa como eficiente. Es esencial que haya coordinación entre los niveles de gobierno y que se haga rendición de cuentas. Estos principios tienen como objetivo que la administración pública en Ecuador brinde un servicio de calidad a todos.

CONCLUSIONES

Para lograr una gestión pública efectiva y digna de confianza, será necesario realizar un análisis exhaustivo de las políticas de descentralización para asegurar una distribución equitativa de los recursos y la mejora continua de los funcionarios. La capacitación es un motivador significativo, ya que fomenta el avance en la carrera profesional y el desarrollo de competencias. Sin embargo, para evitar la decepción, debe ser pertinente y de alta calidad. Las entidades públicas deben abordar la desmotivación de manera integral, considerando factores internos y externos. Para garantizar servicios eficientes y de alta calidad, es fundamental rendir cuentas.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

ADEN. (15 de noviembre de 2024). Cómo evaluar la efectividad de las políticas públicas: métricas y herramientas. https://n9.cl/xoci3

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia

Asamblea Nacional República del Ecuador. (2017) Código Orgánico Administrativo. Suplemento del Registro Oficial 623, 21-I-2022. https://n9.cl/0jo2f

Finol Romero, L., Galdames Paredes, A., & González Jeria, C. (2021). Contextualización de la transparencia de la función pública en Iberoamérica: Una revisión del concepto. Rumbos TS, 16(25), 105-144. https://dx.doi.org/10.51188/rrts.num25.502

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. (Quinta Edición ed.). México: McGraw-Hill.

Molina, M. (2020). Hay otros mundos, pero están en este. Investigación cualitativa. Revista Electrónica AnestesiaR, 11(6),2. https://doi.org/10.30445/rear.v11i6.780

Pérez-Yauli, V. L., Vaca-Acosta, P. M., Castro-Sánchez, F.-D.-J., & Secaira-Durango, P. (2022). El alcance del derecho a la buena administración pública en la legislación ecuatoriana. IUSTITIA SOCIALIS, 7(13), 69–80. https://doi.org/10.35381/racji.v7i13.1995

Presidencia de la Republica. (2010). LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010.Última modificación: 11-may-2011.Estado: Vigente. https://n9.cl/9sinm

SENPLADES. (2012). La Participación Ciudadana para la vida democrática. https://n9.cl/v971r

Wunder Hachem, D., & Gabardo, E. (2018). El principio constitucional de eficiencia administrativa: contenido normativo y consecuencias jurídicas de su violación. Cuestiones constitucionales, (39), 131-167. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2018.39.12652

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El principio de eficiencia y transparencia en la gestión pública

The principle of efficiency and transparency in public administration

Manny Alyssal Rivas-Donoso

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo

Ecuador

Valeria Estefanía Vicuña-Pozo