INTRODUCCIÓN

En el contexto jurídico ecuatoriano, el tema de las pensiones alimenticias ocupa una posición relevante dentro del derecho de familia, ya que su función principal es salvaguardar el bienestar y desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y personas en situación de dependencia. Este tipo de prestación representa un derecho indispensable, orientado a garantizar que quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y llevar una vida digna.

Cuando el pago falla, se altera toda la gestión del hogar custodio, obligando a reasignar fondos de áreas críticas (como educación o salud) para cubrir necesidades inmediatas (alimentación), lo que genera un daño en cadena al bienestar del beneficiario (Pimentel Tello,2023).

El incumplimiento de la obligación alimentaria no es un hecho aislado, sino una forma de violencia económica y patrimonial. Al retener los recursos necesarios para la subsistencia, el deudor ejerce un control y una agresión indirecta sobre la madre (quien usualmente tiene la custodia), afectando su autonomía y estabilidad emocional (Soberano Serrano, 2023).

Además, el incumplimiento de la pensión alimenticia no es solo una falta económica, sino una vulneración directa al desarrollo integral y a la vida digna de niños, niñas y adolescentes (NNA). Al no recibir los recursos en el tiempo y proporción necesarios, se atenta contra el principio del Interés Superior del Niño (Villarruel et al.,2024).

Adicionalmente, la doctrina de la protección integral, recogida tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. (2003), establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser considerados como interdependientes y universales. En el marco legal ecuatoriano, la protección de niñas, niños y adolescentes no solo representa un compromiso ético, sino también un mandato jurídico que impone al Estado, a la familia y a la sociedad, el deber de garantizar condiciones que favorezcan su desarrollo integral. Así lo consagra la Constitución de la República del Ecuador, particularmente en su artículo 44, donde se reconoce de manera expresa que los derechos de este grupo poblacional tienen prioridad absoluta y deben ser protegidos con acciones concretas y eficaces (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Dentro de esta estructura de protección, el derecho a recibir alimentos ocupa un lugar central. El Código de la Niñez y Adolescencia, en sus artículos 129 al 145, regula ampliamente esta materia, considerando que los alimentos no se limitan a cubrir necesidades materiales básicas como comida y vivienda, sino que también comprenden salud, educación, vestimenta, recreación y afecto. Este enfoque reconoce que el desarrollo integral del menor va más allá de lo físico; se trata de garantizar que pueda crecer en un entorno seguro, estable y amoroso (Codigo de la Niñez y Adolecencia, 2003).

En muchos casos, el dinero destinado a la alimentación y cuidado del menor se desvía para satisfacer necesidades personales del adulto o gastos ajenos al bienestar del niño. Esta práctica constituye una violación directa a los derechos del niño, niña y adolescentes, ya que priva al menor de los recursos necesarios para su desarrollo digno. (Caicedo-Lucio et al.,2022). Ante el incumplimiento de dos o más pensiones alimenticias (sean estas consecutivas o no), el juez puede dictar el apremio personal (privación de libertad). Esta medida no busca castigar al deudor como en el derecho penal, sino exigir el pago para salvaguardar la vida del alimentado (Álvarez-Cornejo et al.,2020).

El proceso judicial de alimentos en Ecuador es eficaz para fijar la pensión, pero ineficaz para su recaudación. El derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se queda a menudo en el papel debido a la falta de mecanismos que aseguren el ingreso real del dinero en las cuentas de los beneficiarios (Alcívar Junco, & Jumbo Quezada, 2024).

Para enfrentar el incumplimiento es necesario transitar hacia un sistema de ejecución automática y desjudicializada, donde el Estado asuma un rol activo en la recaudación (similar a la recaudación de impuestos) (Vargas Pavez, & Pérez Ahumada, 2021).

A pesar de lo que establece la normativa, en la práctica surgen situaciones en las que los fondos entregados como pensión alimenticia no se destinan directamente a cubrir las necesidades del menor. Aunque el sistema legal ecuatoriano contempla sanciones para el progenitor que incumple con el pago de la pensión, no existe en la legislación vigente un mecanismo de fiscalización o control efectivo del uso posterior de estos recursos. Esta omisión se convierte en una falla estructural que permite, en algunos casos, el uso indebido del dinero, afectando directamente al niño o adolescente que debería ser el único beneficiario.

Esta problemática se agrava en un contexto donde las instituciones responsables de velar por los derechos de los menores como las Juntas Cantonales o las Defensorías de la Niñez, carecen de mecanismos normativos eficaces para fiscalizar o exigir una rendición de cuentas sobre el destino de las pensiones.

El conjunto de normas que regula las pensiones alimenticias en Ecuador ha sido diseñado con la intención de brindar protección a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, garantizando que reciban el respaldo necesario para llevar una vida en condiciones dignas. A lo largo del tiempo, este cuerpo legal ha ido transformándose, influido por factores históricos, sociales y económicos, lo que ha permitido que responda con mayor precisión a las realidades contemporáneas del país.

Se plantea como objetivo general de la investigación analizar la apropiación indebida de las pensiones alimenticias y sus consecuencias sobre el desarrollo integral del niño.

MÉTODO

El planteamiento realizado por los investigadores para el desarrollo del método, es mediante la indagación, recolección y análisis crítico documental y referencial bibliográfico, basándose en la exploración metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes documentales conformadas por artículos arbitrados, leyes e instituciones, describiendo los hallazgos encontrados. En la investigación, se ha empleado como técnica la revisión documental, la cual permite obtener información valiosa para encuadrar los acontecimientos, problemas y reacciones más usuales de personas y culturas que son objeto de análisis. (Sánchez et al, 2021). Se recurre, además, al método inductivo-deductivo, el cual propone que para hallar una verdad se deben escudriñar los hechos y no basarse en meras especulaciones, igualmente a partir de afirmaciones generales para llegar a las específicas. (Dávila, 2006). Además, se realiza una serie de entrevistas, estas permiten obtener perspectivas diversas sobre la apropiación indebida de las pensiones alimenticias y sus consecuencias sobre el desarrollo integral del niño.

RESULTADOS

Se presentan a continuación las entrevistas formuladas.

¿Alguna vez has notado que no tienes suficiente solvencia económica para cubrir todas tus necesidades básicas a pesar de que tu madre recibe la pensión alimenticia destinada a ti?

(Entrevista1) Por lo general pues las básicas apenas las llego a tener y por ejemplo para la colación tengo 50 centavos y para cosas de la escuela yo misma me pago las cosas porque mi mama siempre que le pido pues no tiene según ella porque mi papa no pasa y así, pero según yo si le pasa.

(Entrevista 2) Si, tengo muchas necesidades y no solo las básicas sino también en una necesidad de crecimiento emocional porque tengo 17 años y ella pues no se hace responsable de mí, mi mami no se hace responsable de mí y mi papá no está conmigo.

¿Porque crees que a pesar de que tu papa pasa pensión alimenticia tienes esas necesidades?

(Entrevista 1) No si se y es porque mi mama siempre anda apostando y lo, más probable es que se gaste ahí, a ella le gusta eso y es feo porque después no sabemos tener ni que comer y yo tengo que estar viendo.

(Entrevista 2) Creo que es porque mi papa no pasa lo suficiente porque según yo le pasa como 130 dólares la última vez que vi y eso no alcanza para casi nada seamos sinceros y eso además porque mi mama no trabaja así formalmente.

¿Cómo has sentido la respuesta de las autoridades e instituciones desatinadas a la protección y desarrollo de la niñez y adolescencia?

(Entrevista 1) De mi parte no he sentido así tanta ayuda en mi casa una vez le avise a mi profe y no me dijo nada, me podría apoyar un abogado para poder hacer una demanda y saber que se hace con esa plata verdaderamente porque para mí veo que casi nada llega y según vi pues mi papa si le pasa también creo que podría acudir a familiares para que hablen con mi mamá y según yo también creo que podría acudir a la defensoría del pueblo que ayuda a la gente en casos de injusticia que sería mi caso.

(Entrevista 2) Le pediría a un abogado para que ese dinero que se le pasa a nombre mi mami y quisiera que cambie de nombre a quien se le pasa porque mi mama es súper irresponsable con ese dinero que se le pasa a mi mama entonces eso también creo que le diría a mi papa mismo que mejor me pase en físico a mí.

DISCUSIÓN

Las entrevistadas atribuyen la mala gestión de las pensiones a la irresponsabilidad de sus madres. Génesis señala que la causa es el mal uso de los fondos por parte de su madre, quien prefiere gastar el dinero en apuestas, dejando a su hija sin los recursos necesarios para sus necesidades. Rosa también menciona que la pensión alimenticia que recibe de su padre es insuficiente, pero destaca que su madre no se hace responsable de administrarla adecuadamente, debido a la falta de un empleo estable. Estas respuestas sugieren que, aunque el dinero es destinado legalmente para cubrir las necesidades de los menores, la falta de control sobre su uso por parte de los progenitores responsables, impide que este objetivo se cumpla.

Esto ubica la necesidad, de reformar el sistema para establecer mecanismos de control y fiscalización, que aseguren que los fondos sean utilizados adecuadamente mismas normas que si se van a aplicar deberían ser bajo garantías, que prioricen al niño, niña o adolescente; en un sistema sólido donde existen múltiples violaciones de derechos, debido a factores estructurales como el abandono institucional, el cual afecta directamente a la población en este caso los beneficiarias y beneficiarios de las pensiones alimenticias.

Por lo cual, dados los resultados a comparación de años anteriores, los casos de la adquisición de mala fe de las pensiones alimenticias han aumentado por diversos factores; como el alto índice de separaciones y divorcios, a lo largo de todo el territorio ecuatoriano entonces el fenómeno se convierte directamente en un punto de prioridad, según el principio de interés superior del menor, por lo cual se deberían prioriza.

Las entrevistas realizadas a Génesis y Rosa proporcionan una visión reveladora sobre cómo la incorrecta administración de las pensiones alimenticias afecta profundamente la vida de los niños y adolescentes. Ambas entrevistas muestran que el dinero destinado a la pensión no se está utilizando adecuadamente para cubrir las necesidades esenciales de los menores, lo que repercute negativamente en su bienestar tanto físico como emocional.

CONCLUSIONES

Se concluye que, a pesar de que exista un marco legislativo solido dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes consolidadas tanto en la Convención del derecho de los niños, como en la legislación ecuatoriana la adquisición de las pensiones alimenticias de mala fe; siguen siendo un problema enorme en el territorio ecuatoriano, donde más de un millón de beneficiarios dependen de una gran parte de ellos, esto evidencia la falta de mecanismos efectivos de ejecución, de las normas así como de falta de garantías, para que las mismas normas sean aplicadas de una manera correcta.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Alcívar Junco, G., & Jumbo Quezada, D. (2024). Ineficacia en el cobro de pensiones alimenticias dentro de los procesos judiciales en el Ecuador. Prohominum. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 6(4), 40-52. https://doi.org/10.47606/acven/ph0284

Álvarez-Cornejo, M. F., Erazo-Álvarez, J. C., Narváez-Zurita, C. I., & Pinos-Jaén, C. E. (2020). Procedimiento de apremio personal por pensiones alimenticias en relación Interés Superior del Niño. IUSTITIA SOCIALIS, 5(9), 387–414. https://doi.org/10.35381/racji.v5i9.765

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia

Caicedo-Lucio, J. A., Díaz-Basurto, I. J., & Arandia-Zambrano, J. C. (2022). Derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo la perspectiva del desarrollo sostenible en Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 7(1), 450–460. https://doi.org/10.35381/racji.v7i1.1924

Congreso Nacional. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro oficial 737 del 03 de enero de 2003. Suplemento del Registro Oficial 481, 6-V-2019. https://n9.cl/i3x89g

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext),180-205. https://n9.cl/nx847

Pimentel Tello, M. (2023). Gestión de recursos de la pensión alimentaria: garantizando el bienestar de los beneficiarios. Revista De Ciencias Sociales, 83, 87-116. https://doi.org/10.22370/rcs.2023.83.3750

Sánchez Bracho, M., Fernández, M., y Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. Revista Científica UISRAEL, 8(1), 107–121. https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400

Soberano Serrano, A. (2023). La omisión del pago de alimentos como violencia económica. Un análisis con perspectivas de infancia género y protección a la infancia. Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia, 9(25), 15-33. https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i25.400

Vargas Pavez, M., & Pérez Ahumada, P. (2021). Pensiones de alimentos. Algunas razones para explicar el fenómeno del incumplimiento. Revista de derecho (Concepción), 89(250), 219-258. https://dx.doi.org/10.29393/rd250-6pamp20006

Villarruel, Z. G., Proaño, A., Terán, M. D., & Lizcano-Chapeta, C. J. (2024). Incumplimiento de las pensiones alimenticias y los apremios personales en materia de alimentos. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 13–23. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3437

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RESUMEN

ABSTRACT