INTRODUCCIÓN

El principio del acta transaccional extrajudicial se ha vuelto significativo en el sistema del derecho ecuatoriano debido a su papel en la mediación de los mecanismos de resolución fuera del dominio del ámbito judicial, Este mecanismo sirve para que las disputas puedan llegar a consensos sin la necesidad de pasar por un juicio o un decreto formal. Esta herramienta es necesaria ya que alivia el poder judicial, descongestionando los tribunales y resolviendo con rapidez conflictos, especialmente en el ámbito comercial (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015), no obstante, la utilización de este sistema ha provocado consultas sobre sí el acta transaccional puede calificarse como título ejecutivo, esto quiere decir que podría ser ejecutado sin mayores requisitos legales.

¨Diversos marcos legales coinciden que el reconocimiento del acto transaccional se basa en la satisfacción de estándares específicos escritos y sustantivos, como la especificación explícita de los deberes y la participación de las partes contratantes¨ (Schopf Olea, 2022). En este contexto algunas jurisdicciones consideran un título de ejecutivo valido, estoy significa que las partes podrán exigir el cumplimiento sin necesidad de un proceso judicial (Merino-Narváez, Alfonso-González, Castro-Sánchez, 2025). Sin embargo, este reconocimiento no es totalmente aceptado y depende del marco legal aplicado.

¨El núcleo de la ejecución del acta transaccional reside en el principio de autonomía de las partes y su capacidad para asignar libremente sus derechos frente al marco legal ecuatoriano (Alcivar-Barrionuevo, Chacón-Gómez & Castro-Sánchez, 2025). Además, el comentario legal enfatiza que tales acuerdos deben interpretarse en línea con los principios generales y los valores de honestidad de las leyes contractuales. Estas condiciones refuerzan la validez de este acuerdo y protegen a las partes frente a posibles cambios o abusos a la hora de cumplirlo. Aun así, su legitimidad no está libre de interrogantes sobre todo cuando no se cumplen todos los requisitos legales (Schopf Olea, 2022).

¨La legitimidad y el dominio de estos acuerdos puede ser objeto de discusión cuando no alcanzan los requisitos legales o si una o más entidades involucradas alegan la coerción la deshonestidad o el daño (Minchala-Orellana, Alfonso-González & Castro-Sánchez, 2025). De igual manera y en varios países exige que el acta se ha ratificado ante un notario o una autoridad competente en el estado ecuatoriano. El análisis comparado demuele muestra que en varios sistemas del derecho consuetudinario como son los de España y América latina, hoy el acta transaccional puede ser reconocida como un título ejecutivo si contiene una obligación clara expresa y exigible (Minchala-Orellana, Alfonso-González & Castro-Sánchez, 2025).

Mientras que, en jurisdicciones de derecho consuetudinario como Inglaterra y América, su activación requiere una compulsión, decisiones precedentes o una cláusula de cumplimiento forzoso (Colmenares Olívar, 2006). El acta transaccional extrajudicial constituye un mecanismo para la resolución de conflictos, pero su ejecución como título ejecutivo varía según el marco normativo jurídico. Es fundamental que los operadores jurídicos y las partes contratantes comprendan sus alcances y limitaciones para garantizar su efectividad (Álvarez-Marchan., Chacón-Gómez & Alfonso-González,2025). El objetivo general de esta investigación fue analizar y comprender los conflictos normativos que surgen entre el acta transaccional y los títulos ejecutivos o de ejecución, de esta forma identificar sus implicancias legales y proponer soluciones prácticas para resolverlo.

MÉTODO

Dentro del estudio de esta investigación se utilizaron varios métodos investigativos que nos permitieron obtener información de gran importancia para el estudio presente además se tomó en cuenta la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Procesos para realizar una investigación exhaustiva acerca de la acta transaccional, también se ocuparon fuentes secundarias como fueron artículos académicos informes de otros países, constituciones y análisis de datos de hechos por otras universidades. Para la recolección de datos se usó entrevistas realizadas a juristas para conocer su opinión acerca de la interrogante (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008; Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).

Se analizaron leyes, normativas y fallos judiciales relevantes para evaluar la naturaleza jurídica del acta transaccional extrajudicial. Entre los documentos clave se incluyen el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), así como sentencias emitidas por tribunales ecuatorianos. Además, se revisaron resoluciones administrativas y criterios jurisprudenciales emitidos por entidades competentes en materia legal. Se revisaron artículos científicos, libros y publicaciones académicas indexadas en bases de datos reconocidas. Se priorizaron estudios publicados en los últimos 10 años para garantizar actualidad y relevancia. También se tomaron en cuenta ponencias y conferencias jurídicas que aportaron a la comprensión del tema (Asamblea Nacional del Ecuador, 2005; Asamblea Nacional de Ecuador, 2015).

En la investigación se aplico el enfoque cualitativo para desarrollar y comprender la importancia del acta transaccional como título ejecutivo o de ejecución en el marco teórico ecuatoriano, así como su impacto en la resolución de conflictos. Y aminorar la carga al sistema jurídico ecuatoriano. De igual manera se trabajó con el método casuístico; se abordaron casos específicos que evidencian el uso del acta transaccional como un título ejecutivo. Uno de los casos que destacamos fue como este mecanismo ha beneficiado la resolución de conflictos de una manera mucho más efectiva y ágil que el sistema retrógrado así se evitó largos procesos judiciales y demoras. El estudio también fue descriptivo, al respecto se identificaron los principales requisitos y características para que el acta transaccional se la considere un título ejecutivo.

RESULTADOS

El marco legal ecuatoriano establece que las actas transaccionales extrajudiciales pueden ser consideradas como instrumentos válidos dentro de los procesos de ejecución, pero carecen de una definición expresa como título ejecutivo. Es importante mencionar que la transacción extrajudicial adquiere fuerza ejecutiva si reúne los elementos esenciales del contrato y se celebra conforme a los principios de legalidad y autonomía de la voluntad. Por otro lado, ¨ para que una transacción sea ejecutable sin juicio previo, debe cumplir con requisitos mínimos de certeza y exigibilidad, tales como: la determinación precisa del objeto, la obligación clara y la firma de las partes con plena capacidad (Álvarez-Marchan, Chacón-Gómez & Alfonso-González,2025).

El acta transaccional extrajudicial en comparación con otros títulos ejecutivos.

A diferencia de otros títulos como el pagaré o la sentencia judicial firme, el acta transaccional extrajudicial carece de uniformidad en su aplicación, lo que puede afectar su eficacia. Es importante destacar que la incertidumbre jurídica en torno a su ejecución ha llevado a una disparidad de criterios entre jueces, afectando la previsibilidad del sistema judicial. Sin embargo, cuando cumple con los requisitos legales, este mecanismo acelera la resolución de disputas, especialmente en el ámbito civil y mercantil, donde las partes buscan evitar procesos prolongados efectividad (Álvarez-Marchan., Chacón-Gómez & Alfonso-González,2025).

Estudios comparativos han demostrado que su uso, aunque más reciente, tiene resultados favorables en eficiencia, pero requiere de una infraestructura legal más clara que lo respalde, similar a lo que ocurre con otros documentos ejecutivos (Álvarez-Marchan., Chacón-Gómez & Alfonso-González,2025).

Desafíos y vacíos normativos en la aplicación práctica del acto transaccional extrajudicial como título ejecutivo.

Uno de los principales problemas identificados es la ausencia de una regulación específica que determine cuándo una transacción extrajudicial puede ser ejecutada directamente. Ahora bien, esta indefinición ha generado interpretaciones dispares, provocando inseguridad jurídica y falta de confianza en la figura. Además, algunos jueces han sostenido que la transacción solo es ejecutable si ha sido homologada judicialmente, lo cual contradice el principio de economía procesal. En este sentido, la doctrina ha propuesto que se establezca una certificación notarial obligatoria como requisito de ejecutoriedad.

Como solución, se plantea la reforma del COGEP, incorporando un artículo que defina de forma expresa los criterios materiales y formales de la transacción ejecutable. También se sugiere una capacitación continua para jueces y abogados en temas de justicia alternativa (Asamblea Nacional, 2014).

DISCUSIÓN

El análisis del acta transaccional como un título ejecutivo de ejecución ha permitido conocer varias similitudes y aspectos claves en cuanto a su validez eficacia y aplicación en el sistema jurídico cómo en su resolución de conflictos sin el uso de largos procesos judiciales. En Ecuador el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos, establecen un marco normativo para la validez y el uso del acta transaccional. Sin embargo, su noción como título ejecutivo no está totalmente definida generando problemas en su aplicación tema (Asamblea Nacional del Ecuador, 2005; Asamblea Nacional de Ecuador, 2015).

En la práctica se observa que varios tribunales han reconocido estas actas como documentos que tienen fuerza ejecutiva de este modo permiten su ejecución directa mientras que otros han requerido un proceso judicial para validar el cumplimiento de estas por lo que causa controversia Existen varios fallos judiciales que ha tenido el acta transaccional como un título de fuerza cuando cumple los requisitos que son especificados como la determinación clara de la obligación y la firma de las partes Por otro lado otras decisiones de los jueces han rechazado su ejecución directa exigiendo una validación u homologación judicial previa argumentando que esta debe ser ratificado por un juez para conservar su legalidad.

En comparación con otros documentos judiciales el acta transaccional presenta ciertas limitaciones ya que la fuerza ejecutiva no está totalmente reconocida por la legislación ecuatoriana como un título ejecutivo. Y se ha observado que la falta de claridad en la redacción de este acuerdo puede debilitar su reconocimiento como título ejecutivo y que la ambigüedad en las obligaciones pactadas dificulta la obligación forzada de los acuerdos. Se evidencia la necesidad de reformas y más claridad para no generar ambigüedades en el uso del acta.

En países como España el acta transaccional puede ser usada como título ejecutivo porque su marco legal lo permite, si cuenta con registro notarial o ha sido celebrada dentro de un centro de mediación o conciliación. El acta transaccional es un documento jurídico por el cual se realiza un acuerdo entre dos o más partes para conciliar o tratar de resolver una disputa fuera de los tribunales, esto se lleva a cabo para evitar el litigio, mediante acuerdo, conciliaciones y negociaciones buscando un acuerdo mutuo.

¨El acta transaccional extrajudicial se encuentra establecido en dos títulos del Código Orgánico General de Procesos, como título ejecutivo en el artículo 347 N.º 7 y título de ejecución en el artículo 363 N.º 7, por lo cual existe una antinomia la cual no ha sido resuelta, y solo existe criterios de absolución de consultas no vinculantes de la Corte Nacional de Justicia como respuestas a la Corte Provincial de Pichincha y Azuay, mismas que se contradicen generando más dudas para conocer el procedimiento adecuado. La transacción es la aceptación mutua para finalizar un conflicto entre dos o más partes, Se puede decir que su naturaleza integra es de un contrato civil con proyecciones procesales, y un sustituto de la sentencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).

El acta transaccional es importante ya que cuando los seres humanos son víctimas de la injusticia, se tiende a argumentar que, durante mucho tiempo, las personas están acostumbradas a negociar directamente, de forma natural, inmediata, es decir, confrontando directamente al adversario, con el objetivo de comprender el porqué de la demanda. Y entendiendo que quien hace la denuncia es el sentido de injusticia de la víctima, pero por estupidez e imposibilidad de resolver el conflicto, quienes sienten vulnerados sus derechos tienen frente a sí alternativas de solución al conflicto, algunas establecidas en la ley, algunas basadas en la costumbre¨ como el autor nos menciona desde tiempos pasados las personas por costumbre tratan de resolver por ellos mismos, a modo de buscar una solución a su disputa y ponerle un fin, de esta forma de evitan problemas legales y pelitos más complicados que involucren a más personas, gastos y tiempo.

Sobre la transacción, manifiesta que: “para las partes la autoridad de cosa juzgada y si se trata de una transacción judicial ello será equivalente al de una sentencia judicial. El Art. 347 numeral 7 del COGEP dispone que es título ejecutivo el acuerdo transaccional, por lo tanto, tendríamos que la transacción, cualquiera sea su modalidad, es simultáneamente título ejecutivo y título de ejecución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).

El título ejecutivo o de ejecución es un escrito que aprueba iniciar un proceso judicial para reclamar un pago sin tener la necesidad de un juicio, este título tiene toda la fuerza probatoria (clara, expresa y exigible) necesaria para que el acreedor pueda solicitar su cumplimiento. El título ejecutivo es uno de los conceptos clave, ya que constituye la piedra angular del proceso de ejecución. Este elemento es en realidad la base de la ejecución forzosa. El título ejecutivo consigna la resolución o el fallo, esto es, la prestación debida o el resultado al que debe de llegarse después del procedimiento de ejecución forzosa, incluyendo este último, la actividad de transformación para llegar al resultado pretendido.

La Corte Nacional de Justica del Ecuador a partir de la absolución de consultas con N.º. OFICIO: 0120-AJ-P-CNJ-2021 manifiesta que ¨hay una diferencia abismal entre un título ejecutivo y de ejecución, en el primer caso se exige la obligación con un proceso ejecutivo, donde pueden incurrir excepciones, prueba y decisión judicial, en el segundo caso se ejecuta directamente la obligación y el deudor únicamente tiene la posibilidad de oponerse. En este sentido La Corte Nacional indica que existe una clara contradicción en el COGEP (2015), pues este le da calidad de título ejecutivo y título de ejecución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).

CONCLUSIONES

El estudio del acto del acuerdo de transacción extrajudicial como título ejecutivo o de ejecución ha producido un argumento legal dentro del contexto ecuatoriano. Por un lado, esta es una alternativa eficiente para la resolución de conflictos porque permite a las partes llegar a un acuerdo sin una larga intervención judicial. Por el otro, la falta de precisión en las normas en Ecuador ha llevado a interpretaciones jurisprudenciales contradictorias que han impactado su aplicación práctica.

Un punto de discusión prominente se encuentra en la diferencia entre título de ejecución y título ejecutivo. Un título de ejecución permite iniciar un proceso ejecutivo con el objetivo de forzar el cumplimiento, mientras que un título ejecutivo permite el cumplimiento de la obligación sin que sea necesaria una acción declarativa antecedente. En la reforma del COGEP de 2019, se creó un título ejecutivo para actos de transacción extrajudicial. Esto ha creado cierto conflicto entre los jueces sobre cuál debería ser su procedimiento para ordenar estos juicios.

Las entrevistas realizadas con jueces de la Unidad Civil de Riobamba revelan esta división de opiniones. Algunos jueces consideran que el procedimiento de ejecución es el más adecuado porque garantiza la ejecución del acuerdo alcanzado

En conclusión, aunque el acta transaccional extrajudicial representa un avance en la modernización del sistema de resolución de conflictos en Ecuador, aún existen desafíos normativos que deben ser abordados para garantizar su correcta aplicación. La unificación de criterios jurisprudenciales y la clarificación de los procedimientos aplicables permitirán que esta figura se consolide como un mecanismo eficiente y seguro dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

La seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva deben ser los principios rectores en la aplicación de este instrumento, asegurando que las partes puedan confiar en su validez y forma de ejecutar sin enfrentarse a obstáculos procesales innecesarios.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Álvarez-Marchan, S., Chacón-Gómez, N.& Alfonso-González, I. (2025). La mediación notarial como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en Ecuador. Noesis, 7(esp1), 1120-1136. https://n9.cl/yxziys

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/hd0q

Asamblea Nacional de Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal, Quito: Lexis. https://n9.cl/s1o44

Asamblea Nacional del Ecuador (2005). CÓDIGO CIVIL – CODIFICACIÓN. Codificación N° 2005-10 - R.O. Suplemento N° 46 de 24-JUN-2005. https://n9.cl/3up66

Asamblea Nacional de Ecuador. (2015). Código Orgánico General de Procesos. Publicado el 22 de mayo del 2015, Registro Oficial Suplemento 506. https://n9.cl/25yp3

Colmenares Olívar, R. (2006). El Derecho Consuetudinario Indígena en Centro y Sur América: El caso Venezuela. Frónesis, 13(3), 56-99. https://n9.cl/74v443

Merino-Narváez, M. I., Alfonso-González, I., & Castro-Sánchez, F. J. (2025). Ejecución extrajudicial de la prenda industrial en sede notarial: un análisis para el contexto ecuatoriano. Noesis, 7(esp2), 334-353. https://n9.cl/guxr3

Minchala-Orellana, Andrea Francisca, Alfonso-González, Iruma, & Castro-Sánchez, Fernando de Jesús. (2025). La fe pública notarial y sus efectos jurídicos en la legislación ecuatoriana. Noesis, 7(esp2), 354-372. https://n9.cl/b6w5fd

Schopf Olea, A. (2022). La voluntad común como límite de la buena fe en la integración del contrato. Revista de derecho (Valdivia), 35(1), 59-78. https://n9.cl/qzpkx5

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