INTRODUCCIÓN

El comercio puede definirse como una actividad, en donde una persona, institución o estado, intercambia un bien o presta un servicio determinado (Moyolema, 2023). De acorde con el cumplimiento de regulaciones dentro de la ciudad, puede clasificarse en formal e informal. El comercio informal aplica lineamientos que se establecen dentro del país de forma legal (Sarmiento, 2020). De manera general, este tipo de comercio mantiene obligaciones tributarias, las mismas que garantizan una mayor seguridad en el expendio de un producto o servicio. Cuando se siguen normativas, se mantiene un mejor control de la mercadería, garantizando una mayor seguridad del producto.

Sin embargo, también estas obligaciones pueden llegar a ser elevadas. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se encarga de regular todo el proceso productivo, considerando la distribución, intercambio, comercio, e inversiones (COPCI, 2019). Este tipo de comercio además debe adoptar un permiso obtenido por un establecimiento competente. El comercio informal, es un tipo de actividad, en donde el trabajador emplea la compra y venta de bienes por su cuenta propia, como consecuencia del desempleo y pobreza. A diferencia del comercio formal, este no cumple con leyes que la regulan o tristemente los cumplen de forma parcial.

En el Ecuador, muchos ciudadanos la usan como su única fuente de empleo. En este tipo de comercio, no se requiere de una inversión grande, tampoco presenta obligaciones tributarias, pero necesita de una movilización constante, con ello poder llegar al cliente y expender su producto o servicio pues no cuentan con un lugar fijo de comercialización (Quispe Fernández et al., 2020). La organización Mundial del Trabajo determinó que más del 60% de personas a nivel mundial, mantiene un empleo informal, además señala que la población trabaja sin acceso a seguridad social, protección laboral, ni condiciones adecuadas. Exponiéndolas a una mayor inseguridad y peligros constantes (Organización Internacional de trabajo, 2021).

Si se abarca esta problemática dentro del continente Latino Americano y del Caribe, se evidencia que el 53% de sus ciudadanos, trabajan en estas condiciones, sin embargo, varían en dependencia del país y su economía. Se deben considerar las políticas y normativa en cada uno de los estados (Organización Internacional de trabajo, 2021). Dentro de los datos obtenidos por el Instituto Nacional de estadística y Censos, se logró identificar que el trabajo informal representa el 51.1% de la población económica (INEC, 2022). En la localidad, “es ejercida en espacios distintos, pero de forma habitual en plazas, mercados y calles concurridas”. (Purizaca, 2023). Los productos que son expedidos son de primera necesidad como alimentos, vestimenta e higiene.

Pese a que, en Ecuador, se la practica en gran porcentaje, las leyes no se encuentran adaptadas para su función y seguridad. “Impactando a gran escala dentro de la calidad de vida de los vendedores y sus familias (Delgado Guerrero, 2023).

Además, existe desconocimiento por parte de los trabajadores informales sobre sus derechos, generando que tengan mayor vulnerabilidad, e incluso haciendo que estos sean más propensos a situaciones inseguras, abuso de poder por parte de las autoridades y un bajo acceso a oportunidades e ingresos (Rodríguez, 2022). Por otro lado, el desconocimiento en reglamentos laborales genera un mayor riesgo de su vulneración, aquí los comerciantes informales pueden adoptar multas o sanciones como resultado de esta.

El estado ecuatoriano mantiene normativa que regula el trabajo informal. La ley suprema del Estado determina que el país es el responsable de garantizar a los habitantes condiciones dignas de trabajo, manteniendo un salario justo”, dada su importancia e impacto en la vida de los ecuatorianos y en su estabilidad laboral y una seguridad social. No obstante, se cumple de forma parcial de los casos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAAD). Es una normativa aplicada que establece la organización política y administrativa del país, con competencias en los diferentes niveles de gobierno. Engloba especificaciones sobre el empleo de espacios públicos, definiendo además espacios, los cuales deben ser usados dentro del Comercio informal cuando se aplica (COTAAD, 2019).

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria identifica al comercio no formal, como parte de la economía nacional, siendo aplicada por muchos ciudadanos, busca que se aplique una inclusión de está permitiendo acceder a recursos financieros, capacitación técnica e incluso la generación de incentivos aplicado en diferentes actores económicos populares, mejorando las condiciones de vida, empleo y producción. Un hecho alarmante dentro de la localidad y a nivel nacional, es que existen algunos retos que se mantienen dentro del ámbito legal, que impactan en los comerciantes informales dentro de sus actividades diarias. Estos van a ser considerados dentro de este estudio posteriormente. En correspondencia con lo antes expresado, surge esta investigación que tuvo como objetivo general diseñar una propuesta de reforma en el marco normativa o mecanismo de aplicación de sus leyes, que permitan reconocer y cumplir los derechos laborales vinculados al comercio informal del Mercado la Condamine.

MÉTODO

Se han considerado normativa legal aplicada a nivel nacional, estas son;

La Constitución del Ecuador (2008). El art 33. Expone al derecho laboral como un deber social y económico, responsabilizando al estado de cumplirlo, donde se priorice remuneraciones y retribuciones justas (p.17) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2020), Faculta a cada uno de los Gobiernos Autónomos de regular del suelo, determinando condiciones de regular el uso del espacio público de cada actividad que se desarrolle en esta (art 54 literal m). (p.28). La ley de Régimen Tributario Interno determina que los sujetos pasivos del impuesto a la renta, como vendedores informales son responsables de llevar una contabilidad y deben pagar impuestos a la renta según sus ingresos (art 4). (p.4) (LRTI, 2004).

Ordenanza Nro. 010-2022. (2022). Fue empleada a fin de fortalecer el emprendimiento y la economía popular solidaria, promoviendo prácticas equitativas y sostenibles y estableciendo mecanismos para integrar el comercio informal dentro de la economía formal. (pág. 1-10). También se tomaron en cuenta informe de la Organización Internacional de Trabajo, 2021; informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2022.

En la investigación se aplicó un enfoque cualitativo, no se obtendrán datos numéricos, ni objetivos, propios del trabajo, solamente, se analizará la información existente y se formularán los resultados en base al mismo. Se empleó un diseño no experimental, al utilizarlo, se obtendrá una visión más extensa sobre la problemática, la normativa aplicada en el país y posibles soluciones ante esta. Esta información será solamente analizada y no se manipulará ninguna variable del presente estudio. Se utilizo un método analítico sintético, este permitirá analizar la normativa, identificando los retos o limitaciones legales, para posteriormente, realizar estrategias en base a las mismas.

El trabajo investigativo fue de tipo documental, descriptivo y aplicativo. Mediante la revisión documental se analizará la información existente en base a la revisión literaria con un enfoque en normas nacionales, informes de Comercio y estudios previos sobre el comercio informal. El estudio descriptivo presentará limitaciones y vacíos dentro de la normativa obtenida por medio de la revisión documental. Finalmente, la investigación aplicativa permitirá la formulación de una propuesta por medio del empleo de estrategias que den solución a esta problemática.

RESULTADOS

Una realidad extremadamente compleja desde un punto de vista económico y social es el comercio informal, pese a que brinda una solución inmediata a la falta de empleos formales, no siempre se mantienen garantías que le trabajadores deben mantener. De la misma manera, la informalidad se ha podido relacionar con desigualdades a nivel estructural, identificándose que países con índices más elevados de pobreza, la carencia de oportunidades laborales les obliga a sus ciudadanos a cuidar alternativas informales.

En Riobamba, se emplea la Ordenanza Nro. 010-2022, tiene como finalidad, incrementar el emprendimiento, la economía popular y el comercio justo. Proporciona un trato preferencial en servicios y productos de emprendimientos de la localidad, aplicando un comercio justo. Aquí se incluye la adopción de espacios y utilización de estos destinados al a actividades de expendio (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2022). Rodríguez y Forero (2022), menciona que la poca aplicabilidad de regulaciones dentro del ámbito laboral los expone a desempeñar sus funciones en una situación de desprotección (p. 2).

Para Chu Zheng (2024). El comercio informal, nace como una respuesta a las necesidades que mantienen los ciudadanos, especialmente en el ámbito económico, en el país se lo emplea a causa de barreras dentro del financiamiento, largos procesos de tramitación y altos costos (p.1). Según Mazón, aplicarlo puede ayudar dentro del ingreso nacional potenciando los valores del Producto Interno Bruto. Es así como, no solo van a ser un medio de sustento dentro de las comunidades (p.1-5). Sin embargo, la Organización Internacional de Trabajo, considera que quienes mantienen un comercio informal, en ocasiones se ven expuestas a más riesgos, que van a impactar de forma negativa en sus ingresos y generarán desigualdad (OIT, 2020). Algunos de los problemas señalados por los encuestados fueron la inseguridad, la ausencia de un ingreso fijo y largos periodos dentro de las calles.

Erazo (2021), encontró en su estudio datos similares, se dónde se determinó que la falta de seguridad y empleo tristemente influenció de forma negativa en la economía y calidad de vida de los vendedores, determinando además que estos suelen tener horarios más extensos que otros empleos, con la espera de poder vender algo, es decir tristemente, no tienen seguridad de venta (p.40-50). Orellana (2022), en su estudio, identificó que el 86,2% de los comerciantes informales de Cuenca, trabajan más días a comparación de un empleado común, empleando un tiempo de al menos 8 horas. Tristemente mantienen un horario prolongado sin estabilidad en el mismo (p. 45).

Muchos de los negocios tristemente consideran a los comerciantes informantes como una competencia no leal”, en este sentido, estos pueden ofertar los productos a un menor costo, ya que los ingresos netamente se destinarán a ganancias de los mismos. Sin embargo, en el comercio informal, se destina a pagos de alquiler, permisos, etc. (Samaniego, 2020). La población encuestada indica que algunos negocios las consideran como competencia, además que la población en algunos casos se ha mostrado indiferentes a su actividad, pero que, para ellos, representa su ingreso diario. En Latino América, se ha logrado identificar que “los trabajadores informales, con mayor proporción o representación dentro de este ámbito son los de población indígena”, quienes tristemente, mantienen mayor vulnerabilidad de sus derechos, exponiéndose a maltratos, discriminación, acoso y extorsión, por su étnica y su oficio (Chi Aguilar, 2021).

Actualmente, algunos ciudadanos desconocen sus derechos, generando que estos se violenten, en algunos casos presentan temor por no mantener un comercio formal, generándoles temor o multas por acciones contradictorias a las normativas de regulación. Un estudio aplicado en el Mercado La Condamine, determinó que el 45% de los trabajadores informales, manifestaron haber recibido una multa por su actividad. Además, se evidencia que “el 29% ha sido objeto de decomiso de su mercadería, por ejercer esta actividad en una vía pública (Argos, 2016). Un entrevistado, señaló este problema como una limitante en la ejecución de su actividad. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a las personas quienes evaden controles aduaneros, con un valor superior a cincuenta salarios básicos y aplicando una penalidad de tres a cinco años y una multa de hasta diez veces el valor de lo que se pretendió evadir (COIP, 2021).

Para la Organización Internacional de Trabajo, “el empleo de una normativa más extensa e integradora ayudaría a reducir la informalidad con la adopción de empleos más dignos (OIT, 2020). El diseño y aplicación de normativa a nivel nacional, en planificaciones en el sector rural y urbano, garantizará el derecho de los ciudadanos en jornadas laborales. Además, los funcionarios competentes podrían emplear estrategias que fomenten el acceso a la seguridad social, programas financieros y capacitación (SHLC, 2022). Los aspectos que deben considerarse para potenciar sus condiciones y desempeño en el trabajo, es “el empleo de entornos adecuados, implementados netamente para esta actividad.

DISCUSIÓN

Actualmente, uno de los debates más frecuentes que se genera como resultado de un análisis sobre el comercio informal, es la posibilidad de incluirlo dentro de la economía formal y establecer mayor control con la misma, sin embargo, debe considerarse que, al hacerlo, no solo se afectaría el sustento de familias quienes lo emplean como un medio de vida. Esta situación representa un reto dentro del diseño de políticas que no solamente intervienen y promueven su formalización, si no, que también garanticen la aplicabilidad de los derechos de los comerciantes informales durante sus actividades diarias.

En el país, el Código de Trabajo, propone lineamientos sobre los derechos básicos laborales, que no se aplican dentro del ejercicio del sector informal. Pese a que se han realizado esfuerzos de regulación de programas de inclusión, estos han sido insuficientes, por ello, es fundamental el empleo de un marco normativo adecuado. El empleo de una cooperación entre diferentes sectores permitirá a organismos internacionales y nacionales emplear estrategias de regulación que sean sostenibles y equitativas sin afectar a ningún ciudadano. Se debe considerar actividades que faciliten su transición progresiva sin imponer restricciones duras que limiten su adopción.

En busca de crear mejorar sus condiciones, se ha establecido una propuesta que estará enfocada en algunas estrategias. Entre ellas, la creación de una normativa diferenciada, que sea netamente para comerciantes informales, donde se contemplen protocolos de formalización y sus derechos laborales básicos. Es importante que se implemente un sistema de registro como una forma de identificación de manera rápida y sin muchos costos, donde se incluya un adecuado desarrollo financiero.

A nivel local, deben establecerse ordenanzas o leyes que aseguren condiciones de vida adecuados y regulados, donde además se les brinde seguridad social, evitando así su exposición a posibles riesgos. La causa principal de la vulneración de los derechos es el desconocimiento, por ello, deben emplearse programas de formación, especialmente enfocados en sus derechos laborales. Designando funcionarios competentes, quienes además podrán monitorear normas y garantizar su correcto empleo.

En este proceso, se debe considerar programas de diálogo social diseñados específicamente en su participación, donde se considere el punto de vista de estos. Finalmente, la adopción de estrategias financieras como el acceso a micro créditos les permitirá acceder a un financiamiento, logrando incluso, que estos pueden adquirir mayor formalidad, reduciendo barreras excesivas potenciando así la equidad entre la ciudadanía.

CONCLUSIONES

Se ha desarrollado una propuesta de reforma sobre el cumplimiento de los derechos laborales que deben aplicarse en comerciantes informales del Mercado La Condamine, para ello, se ha realizado un análisis de la normativa aplicada, y la forma en las que se emplean, al igual que el análisis de informes de Comercio y datos estadísticos. Estos datos se han expuesto en el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Se han identificado algunas problemáticas del comercio informal, como la falta de seguridad, condiciones precarias a las cuales se han expuesto, largas actividades laborales, su falta de garantía en venta y conflictos con autoridades municipales. Tristemente los comerciantes informales, no cuentan con un marco de protección adecuado que les garantice estabilidad laboral y una remuneración justa.

Actualmente dentro de la localidad, se emplea una ordenanza creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado, que fomenta el comercio justo y el empleo de cambios en infraestructura que mejoren condiciones de vida de los comerciantes. Esto también se aplica dentro del COTAAD. En relación con informalidad, los comerciantes que practican las actividades pueden ser sancionados en dependencia a lo que se establece dentro de su normativa.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de esta investigación.

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