El artículo tiene el propósito de conocer el impacto de la auditoría forense en la detección de actos de corrupción en el Ecuador durante la emergencia sanitaria. La exploración documental–bibliográfica surge de los elementos teóricos utilizados para valorar la aplicación de la auditoría forense durante la emergencia sanitaria en el país. Se revisó la producción científica de otros autores, se tomó información de portales oficiales como la Fiscalía y Contraloría General del Estado, con la finalidad de determinar una línea de investigación. Del análisis realizado se puede deducir, que los entes encargados de mitigar la corrupción han tomado acciones de control ante la emergencia sanitaria haciendo uso de herramientas y técnicas que provee la auditoría forense. Se concluye que todavía hay un largo camino por recorrer para luchar contra la corrupción, especialmente en casos relacionados con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Descriptores: Auditoria de gestión; corrupción política; sector público; control; sanidad pública. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The article has the purpose of knowing the impact of the forensic audit in the detection of acts of corruption in Ecuador during the health emergency. The documentary-bibliographic exploration arises from the theoretical elements used to assess the application of forensic auditing during the health emergency in the country. The scientific production of other authors was reviewed, information was taken from official portals such as the State Attorney General's Office and Comptroller General's Office, in order to determine a line of investigation. From the analysis carried out, it can be deduced that the entities in charge of mitigating corruption have taken control actions in the face of the health emergency, using the tools and techniques provided by the forensic audit. It is concluded that there is still a long way to go to fight corruption, especially in cases related to the health emergency caused by COVID-19.

Descriptors: Management audit; political corruption; public sector; control; public health. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La auditoría forense es una herramienta de control que ayuda a combatir la corrupción, cuyo fin radica en facilitar la administración de justicia, a través de la obtención de evidencias, las mismas que servirán como pruebas. En este contexto, la corrupción ha sido un factor latente en la sociedad, sin embargo, a raíz de la pandemia COVID-19, ésta se ha incrementado en todo el mundo. Debido al crecimiento acelerado de este virus, los presidentes de cada país se vieron obligados a declarar emergencia sanitaria, utilizando los recursos disponibles que permitan hacerle frente a esta situación.

Ante esta realidad se ha visto irregularidades de las normas de anticorrupción, tales como: anomalías en los procesos de adquisiciones o individuos en el poder que se benefician de la crisis para incrementar sus intereses privados, es así que en el Ecuador los actos de corrupción han afectado en todos los niveles, tanto cantonal, provincial y regional. En tal virtud, la problemática que motiva a realizar la presente investigación surge en dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué actos de corrupción se perpetraron en los Organismos Públicos del Ecuador durante la pandemia COVID-19? ¿Qué efectos causó estos actos de corrupción en los Organismos Públicos del Ecuador durante la emergencia sanitaria?

De lo expuesto, el artículo tiene el propósito de conocer el impacto de la auditoría forense en la detección de actos de corrupción en el Ecuador durante la emergencia sanitaria, mediante una revisión bibliográfica que determinará si se ha dado una aplicación eficaz de esta auditoría, además reflejará una visión clara de que la responsabilidad de la auditoría tiene que ver con el mejoramiento de la sociedad como efecto del cambio de las organizaciones. La elaboración de esta investigación aporta información a la comunidad educativa, así como a los profesionales en auditoría sobre la corrupción que se generó durante la emergencia sanitaria y la importancia del auditor en estos casos.

Auditoría forense

La auditoría forense surge desde tiempos antiguos. Para Torres (2011) su origen “se remonta al año 1780 a. de C. cuando se crea el Código Hammurabi conocido como la primera ley en la antigua Mesopotamia” (p. 13), la cual consta de 126 fragmentos dentro de ellos da a entender que la auditoría forense “busca demostrar con documentación contable un fraude o una mentira” (p.13). No obstante, fue en Estados Unidos donde nació las herramientas para proveer las pruebas a los fiscales, las cuales fueron “utilizados en el caso Watergate de 1972 (Torres Torres, 2011, p. 14). Es así, que a partir de este suceso nace la contabilidad forense con la finalidad de descubrir y corregir las estafas en los estados contables, ante esto el campo de la auditoría creó y actualizó sus procedimientos otorgando a la contabilidad forense la calidad de ser la prueba pericial contable especializada en la década de los 90.

Para referirnos a la auditoría forense, es necesario tener en cuenta que ésta auditoría nace producto de frenar la corrupción, la cual es la desviación del interés público, que se desarrolla a través del abuso del cargo, con el fin de obtener un beneficio extraposicional en la administración pública o en la empresa privada (Castro Cuenca, 2017). Adicional a esto, la corrupción presenta grandes impactos nocivos de índole cultural, política y económica en los países (Aguirre & Flores, 2019).

Es así, que para abordar el concepto de auditoría forense se considera el pensamiento de Sánchez Chinchilla (2017), quien afirma que ésta auditoría tiene por objeto de labor los fraudes y delitos económicos con la finalidad de conseguir y contribuir pruebas a las autoridades judiciales, para soportar los procesos de investigación penal y disciplinaria.

En este contexto, la corrupción según Fiscalía General del Estado (2019), se clasifica en diferentes delitos tales como “soborno o cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, blanqueo del producto del delito o lavado de activos, entre otros, los cuales están penados por la ley” (p. 4).

De acuerdo con la Contraloría General del Estado (2017), es primordial conocer la importancia de la auditoría forense, como se apreció en el concepto anterior ésta tiene gran relevancia debido a que aporta evidencias ante un juez. Por ello es necesaria para investigar actos ilícitos, además, lucha para combatir y erradicar los actos de corrupción generalizados en el ámbito público y privado, que lesionan el interés de la colectividad.

Objetivos y características de la auditoría forense

Como toda auditoría, la auditoría forense tambien tiene sus objetivos establecidos, dentro del cual estan los siguientes:

a) Identificar, demostrar y sustentar el fraude o el ilícito perpetrado.

b) Prevenir y reducir el fraude a través de la implementación de las recomendaciones de fortalecimiento del control interno que proponga el auditor.

c) Participar en el desarrollo de programas de prevención de pérdidas y fraudes.

d) Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno.

e) Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación.

f) Brindar soporte técnico (evidencias) a los órganos del Ministerio Público y de la Función Judicial, para la investigación del delito y su ulterior sanción. (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2012, p. 17)

Al mismo tiempo, es esencial conocer las características que posee la auditoría forense, por lo que se acoge lo expuesto por Mantilla (2005) como se citó en Puche Flérez y Velasco Sanabria (2018) quien indica las siguientes:

a) Propósito: Prevención y detección del fraude financiero. Cabe mencionar que la justicia es la que tiene competencia para establecer la existencia de fraude (delito).

b) Alcance: El periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación.

c) Orientación: Retrospectiva, respecto del fraude financiero y auditado, y prospectiva a fin de recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes.

d) Normatividad: Normas de auditoría financiera e interna en lo que fuere aplicable, normas de investigación, legislación penal, disposiciones normativas relacionadas con fraudes.

e) Enfoque: Combatir la corrupción financiera, pública y privada.

f) Auditor a cargo: Profesional con información de auditor financiero.

g) Equipo de apoyo Multidisciplinario: Abogados, ingenieros en sistemas, investigadores (públicos o privados), agentes de oficinas del gobierno, entre otros.

Áreas críticas en las que se pueden dar un acto delictivo

La corrupción es un factor que afecta a varias áreas dentro de una entidad, no obstante, la contratación pública o administrativa, ejercicio de la función pública y el sistema financiero, son áreas en las que frecuentemente se comenten actos de corrupción ya que son vistas como blanco fácil (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2012, p. 12).

Casos de corrupción durante la emergencia sanitaria

La emergencia sanitaria originada a consecuencia de este mortal virus provocó una serie de anomalías que se presentaron a nivel mundial. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo (World Health Organization, 2020).

Con la llegada del virus provocó que los países declaren estados de emergencia precautelando, de cierta manera, el incremento de contagios, generando desembolsos mediante contratos de compras púbicas que desató una ola de corrupción en la gestión de los mismos, por lo cual se analizarán algunos casos de corrupción que se suscitaron a nivel Mundial, Latinoamérica y de Ecuador.

Se hicieron evidente ciertas anomalías en la adquisición de insumos médicos para hacerle frente al COVID-19, tal es el caso de Serbia Aleksandar Vučić, el presidente de este país mencionó que debido a la falta de ventiladores en Europa se vio obligado a comprarlos en el mercado gris. Causando sospechas sobre la integridad del procedimiento de contratación (Steingrüber, Kirya, Jackson, & Mullard, 2020, p. 2).

En este ambito, Medio Oriente y África del Norte no han sido la excepción, pues en tan solo unas semanas después del brote, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a los servicios de seguridad interna que rastrearan en secreto los movimientos de los ciudadanos utilizando datos de los teléfonos móviles, incapacitó al parlamento israelí y cerró los tribunales de justicia, que estaban destinados a comenzar el juicio contra él por soborno, fraude y abuso de confianza el 24 de marzo de 2020 (Steingrüber, Kirya, Jackson, & Mullard, 2020, p. 3).

En cuanto a Latinoamérica este ha sido una de las regiones en la que ha existido más presencia de corrupción. De acuerdo con el Instituto de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), (2020), se han reportado casos confirmados de corrupción, o sobre supuesta corrupción, relacionados con la pandemia en al menos ocho países de la región: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. La mayoría de ellos por irregularidades en procesos de contratación pública y pago por equipo médico sobrevalorado.

En Bolivia uno de los casos más sonados en este país, fue la escandalosa compra con sobreprecio de ventiladores para pacientes con COVID-19 en plena emergencia sanitaria, el cual según un fabricante español cada respirador cuesta $6 600, y que fueron adquiridos en $27 000 por el Ministerio de Salud, operación que le costó a Bolivia más de $5 millones (El Comercio, 2020).

Brasil ha sido golpeado fuertemente por el COVID-19 y la corrupción no se ha hecho esperar, pues en el estado Amazonas por la adquisición de 28 ventiladores gastaron $2,9 millones, compra que lo realizaron en una tienda de vinos. Este valor supera en 316% el precio medio de los equipos (Sperandio, 2020).

En lo que concierne al Perú existieron 1800 denuncias hasta octubre del año pasado, de los cuales 685 corresponden a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares, 279 por similares hechos en la compra de equipos de protección y limpieza contra el COVID-19 y 52 vinculados a equipos médicos (Gestión, 2020).

Casos de Corrupción en el Ecuador durante la emergencia sanitaria

En Ecuador ha sido evidente el incremento de casos de corrupción originados en pandemia. Es fundamental indicar que se ha venido presentado una serie de hechos punibles en Ecuador sobre compras públicas en perjuicio de los bienes económicos de los contratantes.

El Hospital Los Ceibos del IESS realizó una compra de 4.000 bolsas para cadáveres con un 1.311% de sobreprecio, es decir, una diferencia de al menos $137,00 c/u. (González, 2020). En Quito, se adquirió pruebas para COVID-19 con sobreprecio. Entretanto que en la Secretaria de Riesgos se generó un incremento del 40% en la adquisición de 7.000 kits de alimentos para la emergencia sanitaria (Medina, 2020). Mientras que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (Guayaquil), el periódico Primicias (2020) afirma que se contrató la compra de mascarillas N95 por $10 millones. La entidad pagó $12 c/u, cuando su precio en el mercado era de máximo $3 (Yépez, 2021).

Aplicación de la auditoría forense en los casos de corrupción en Ecuador

Ante los varios actos de corrupción que se suscitaron en el país la Fiscalía General del Estado creó una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que se dedicó exclusivamente a investigar los casos de corrupción relacionados con la emergencia por la pandemia de COVID-19 (González, 2020). Este equipo está integrado por 3 fiscales de la Unidad de Transparencia, 5 fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, 4 provinciales y 24 fiscales de apoyo uno por cada provincia (González, 2020). A través, de este equipo hasta septiembre del 2020 se ha abierto 120 procesos por delitos derivados de la corrupción, principalmente por la adquisición de insumos médicos. De estos, 109 se encuentran en investigación previa y 11 avanzaron a instrucción fiscal; 380 personas son investigadas, 85 procesadas y 55 detenidas (Fiscalía General del Estado , 2020).

Lo referente a la Contraloría General del Estado, esta entidad envió a la Fiscalía denuncias que contenían irregularidades y sobreprecios (IDEA Internacional, 2020). En el caso más conocido del Hospital de Ceibos la contraloría realizó una auditoría especial dando como resultado en cuanto a la adquisición de medicamentos un sobreprecio de $1’867.257,00 y la elusión injustificada de los procesos de contratación pública favoreciendo a terceros. Mientras que en insumos y dispositivos médicos se generaron faltantes y salidas sin justificar por un valor de $1’234.520,00 y diferencias de saldo en bodega por $1’469.899,00 (Contraloría General del Estado, 2021). Este caso culminó con la sentencia contra 8 personas, encontradas culpables del delito de peculado, condenando a 13 años de pena privativa de libertad a Susana M. exgerente general del Hospital; Cristina G., responsable de Compras Públicas; y, Johana V., ex subdirectora administrativa-financiera, como autoras directas del delito, misma pena para Sandra O., representante de la empresa Silverti; y Lenin R., Alejandro B. y Daniel S., como coautores de la infracción, mientras que para Jorge Antonio S. como cómplice del delito, una pena de 6 años y 6 meses de cárcel (Fiscalía General del Estado, 2021).

Así también, la contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en el IESS por compra de mascarillas, en el cual estaría relacionados la exdirectora Nacional de Servicios Corporativos, el exdirector del IESS Miguel Loja, la ex subdirectora Nacional de Contratación Pública, entre otros. El ex Director General, firmó una orden de adquisición por $9,4 millones, saliendo de sus atribuciones para aprobar gastos, debido a que la norma le permite realizar contrataciones hasta de $7 millones (Contraloría General del Estado, 2021). Ante esta situación la Fiscalía inicio un proceso penal contra el exdirector del IESS Miguel Ángel Loja y 6 personas más por su presunta participación en el delito de asociación ilícita (Fiscalía General del Estado, 2020)

Cabe recalcar que estos entes de control utilizan técnicas y herramientas forenses. En la entrevista realizada por Hinostroza Grijalva & Palomino Yucra (2019) al Mgs. Miguel Ángel Játiva Coronel indica que la auditoría forense “en Ecuador particularmente no se aplica por ser muy costosa” (p. 91). Además, menciona que las herramientas más utilizadas en el país son “las herramientas de recaudación de evidencias y son vistas más como fiscalización, revisión o examinación” (págs. 91-92)

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo, debido a que la auditoría forense es un campo amplio se ha optado por una revisión exhaustiva, documental basándose en el ámbito de la corrupción en el sector público. En el Ecuador existen entidades de control que se dedican a investigar los actos de corrupción los cuales son la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado que permiten identificar el impacto que tuvo la auditoría forense en el Ecuador durante la emergencia sanitaria, por ello, se efectuó los siguientes métodos; documental bibliográfico, cualitativo y cuantitativo, los cuales permitieron establecer la estructura del artículo. Los datos obtenidos para la elaboración de esta exploración fueron derivados de revistas, bases científicas, páginas web oficiales, periódicos e informes. Los métodos utilizados facilitan la revisión eficaz de los datos investigados, permitiendo la validez de las fuentes de información.

RESULTADOS

De la información suministrada la Fiscalía General del Estado, así como también de la información tomada del informe de rendición de cuentas de la Contraloría, información que es expuesta al público a través de sus páginas web oficiales, se expone información sobre los casos de corrupción que se suscitaron en el país en el año 2020.Por lo cual, es necesario realizar un análisis sobre el impacto de la auditoría forense referente a este tema, para verificar si se aplicaron o no herramientas/ técnicas forenses de auditoría. En la tabla 1 se precisa información de la Contraloría General del Estado sobre el número de informes que se generaron en el 2020 con indicios de responsabilidad penal los cuales fueron enviados a la fiscalía.

Tabla 1.

Informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la fiscalía durante 2020, por provincia.

Provincias	Procesos penales	Porcentaje
Azuay	4	1,6%
Bolívar	1	0,4%
Cañar	5	2,0%
Carchi	5	2,0%
Chimborazo	7	2,8%
Cotopaxi	12	4,7%
El Oro	7	2,8%
Esmeraldas	15	5,9%
Galápagos	4	1,6%
Guayas	56	22,1%
Imbabura	4	1,6%
Loja	10	4,0%
Los Ríos	11	4,3%
Manabí	7	2,8%
Morona Santiago	0	0,0%
Napo	3	1,2%
Orellana	3	1,2%
Pastaza	1	0,4%
Pichincha	78	30,8%
Santa Elena	5	2,0%
Santo Domingo de los Tsáchilas	1	0,4%
Sucumbíos	5	2,0%
Tungurahua	8	3,2%
Zamora Chinchipe	1	0,4%
Total	253	100%

Fuente: Contraloría General del Estado (2021).

En este ámbito, la Contraloría debido a los sucesos ocurridos por la emergencia sanitaria, realizó acciones de control para precautelar el uso de los fondos públicos. En la tabla 2 se refleja el número de acciones (exámenes inesperados y planeados con modificación al alcance) presentada durante este periodo las cuales ascienden a un total de 266.

Tabla 2.

Acciones de control ejecutadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Grupos de Entidades	Acciones de control	Porcentaje
Ministerio de Salud Pública (Incluye al INSPI, Hospitales Públicos, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales).	91	34%
IESS (Hospitales, Centros de Especialidades y Clínicos Quirúrgicos Ambulatorios).	34	13%
Instituto De Seguridad Social De La Policía Nacional ISSPOL.	3	1%
Instituto De Seguridad Social De Las Fuerzas Armadas ISSFA.	2	1%
GAD Provinciales Y/O Empresas.	20	8%
GAD Municipales Y/O Empresas.	92	35%
GAD Parroquiales	2	1%
Función Ejecutiva	22	8%
Total	266	100%

Fuente: Contraloría General del Estado (2021, pág. 226).

La Fiscalía mediante el departamento de Dirección de Estadística y Sistemas de Información vía correo electrónico ha proporcionado los datos del número y tipos de delitos que está investigando la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria hasta el 25 de mayo de 2021. En la tabla 3 se observa el número de casos de corrupción que se dio en cada provincia.

Tabla 3.

Casos de Fuerza de Tarea Multidisciplinaria.

Provincia	Nro. de Noticias del Delito	Porcentaje
Azuay	2	1,3%
Bolívar	2	1,3%
Cañar	1	0,6%
Carchi	8	5%
Chimborazo	17	10,6%
Cotopaxi	3	1,9%
El Oro	5	3,1%
Guayas	24	15%
Imbabura	1	0,6%
Loja	4	2,5%
Los Ríos	10	6,3%
Manabí	8	5%
Morona Santiago	3	1,9%
Napo	1	0,6%
Orellana	1	0,6%
Pastaza	2	1,3%
Pichincha	37	23,1%
Santa Elena	23	14,4%
Santo domingo de los Tsáchilas	1	0,6%
Tungurahua	6	3,8%
Zamora Chinchipe	1	0,6%
Total	160	100%

Fuente: Fiscalía General del Estado.

Por último, la tabla 4 refleja los tipos de delitos que persigue la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, así como el delito más investigado por este equipo.

Tabla 4.

Delitos que investiga la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria.

Delito	Nro. de Noticias del Delito	Porcentaje
Asociación ilícita.	4	3%
Cohecho.	3	2%
Concusión.	3	2%
Defraudación tributaria.	1	1%
Delincuencia organizada.	4	3%
Falsificación de firmas.	1	1%
Incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad competente.	1	1%
Peculado.	105	66%
Trafico de influencias.	38	24%
Total	160	100%

Fuente: Fiscalía General del Estado.

Mediante los datos obtenidos, se pueden evidenciar ciertas realidades sobre la auditoría forense con respecto a la corrupción, los cuales son:

a) Se visualiza que tanto la CGE y FGE que son entidades de control han efectuado acciones para hacerle frente a la corrupción durante la emergencia sanitaria como lo es las acciones de control por parte de la Contraloría y la creación del equipo de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria efectuado por la Fiscalía.

b) La CGE al realizar exámenes especiales efectuados a las entidades a nivel nacional han dado como consecuencia 253 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la fiscalía. A través de estos exámenes se aplica herramientas /técnicas de auditoría forense para poder determinar si se ha cometido un delito.

c) Tanto en los datos de la CGE y FGE Pichicha y Guayaquil son las provincias donde más se han evidenciado actos de corrupción. En la Contraloría con un 30,8% y 22,1% respectivamente, mientras que en la Fiscalía se presentaron 23,1% de casos en Pichincha y 15% en Guayaquil.

d) Mediante la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria se identifica que el peculado (66%) es el delito más concurrente durante la emergencia sanitaria, seguido del tráfico de influencias con un 24%, delitos que están tipificados en el COIP.

e) Es así, que durante la emergencia sanitaria la contraloría y fiscalía han aplicado con mayor frecuencia la auditoría forense mediante el uso de sus herramientas y técnicas en este caso de la recaudación de evidencia, revisión, fiscalización y examinación.

DISCUSIÓN

En el Ecuador hay escasos estudios respecto a la auditoría forense, a pesar de que en el último año debido a la emergencia sanitaria se ha aumentado los niveles de corrupción, razón por la cual se hace preciso investigar los delitos que se cometieron durante la pandemia. Es aquí donde el auditor desempeña un rol primordial para evaluar actividades que lesionan a la colectividad ecuatoriana.

A partir de la información obtenida se analiza que para la Contraloría General del Estado (2017) la auditoría forense es una rama de la auditoría que se orienta hacia las investigaciones de fraude, es decir en actos conscientes y voluntarios con los cuales se burlan o eluden las normas legales, o se usurpa lo que por derecho corresponde a otros ciudadanos.

En base a lo mencionado, se observa que la auditoría forense es una herramienta fundamental para la detección y prevención de delitos. Es por ello que la aplicación de la misma es primordial sobre todo en tiempos de crisis ya que es en estas situaciones donde existe mayor aumento de riesgo de corrupción, así lo menciona Guterres (2020) “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19”.

Ante lo expuesto anteriormente, se hace necesario la intervención de entes de control para determinar que delitos se han cometido y mediante esto aplicar las leyes que existen para sancionar estos actos. La Organización de las Naciones Unidas señala que para disminuir los riesgos de la mala administración y corrupción durante la pandemia requiere la participación de organismos anticorrupción sólidos, mejor supervisión de los paquetes de apoyo para la emergencia, adquisiciones públicas más abiertas y transparentes y mayor cumplimiento de las normas anticorrupción (Organización de las Naciones Unidas, 2020).

Finalmente, los datos estadísticos reflejan que ha existido una adecuada intervención por parte de los organismos de control (Contraloría y Fiscalía) para enfrentar la pandemia que trajo consigo una ola de corrupción. Mediante las auditorías e investigaciones que se realizaron a las diferentes entidades del país fue donde se utilizaron las herramientas y técnicas que proporcionan la auditoría forense.

CONCLUSIONES

Es indudable el incremento de la corrupción durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en el Ecuador que están vinculados a la contratación pública, adquisición de insumos médicos, equipos de bioseguridad, entre otros, esto se debe en gran parte a la falta de transparencia de información por parte de las entidades públicas del país.

La Contraloría y la Fiscalía General del Estado han puesto todo su esfuerzo para combatir la corrupción durante el COVID-19, tomando acciones de control y creando un equipo de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria dedicada exclusivamente a investigar estos casos derivados de la pandemia.

El delito que más ha sido investigado en el Ecuador durante la emergencia sanitaria es el peculado, el cual está tipificado en el COIP en el art. 278, este código sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Los actos de corrupción que se suscitaron durante el COVID-19 han causado un efecto negativo en la sociedad ya que se ha dado un mal uso de recursos y se han aprovechado de esta situación para cometer dichos delitos, mientras que los ciudadanos han vivido situaciones precarias como el desempleo, inadecuado acceso a la salud, educación, entre otros.

En este contexto, la auditoría forense ha tenido un gran impacto para la detección de actos de corrupción en el Ecuador durante la pandemia, pues ha sido evidente la aplicación de esta auditoría a través de la utilización de las herramientas y técnicas de la misma que sirve para proporcionar evidencias que luego se convierte en pruebas ante un juez, no obstante sería adecuado la aplicación de la cultura compliance en las entidades para que exista un mejor control dentro de las instituciones públicas.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Católica de Cuenca; por motivar el desarrollo de la Investigación.

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